31 de December de 2012 00:02

La Escuela Judicial tiene reparos

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En agosto pasado se inauguraron las oficinas administrativas de la Escuela de la Función Judicial del Ecuador. Ocurrió nueve meses después de que el Consejo de la Judicatura de Transición (CJT) aprobara que en Cuenca funcione la sede administrativa. Pese a ello aún no hay un directorio ni una estructura administrativa.

Para el fiscal Iván Saquicela, esto significa que la Escuela Judicial del Ecuador aún no funciona en Cuenca, porque no cumple con su principal función: organizar los cursos de inducción para los nuevos funcionarios judiciales que van ingresando.

Las oficinas administrativas de la Escuela Judicial ocupan un bloque de la primera planta del edificio de la antigua Corte de Justicia de Azuay, en el Centro Histórico.

En una oficina hay computadoras y laboran al menos cinco personas. Otra oficina hace de aula y dispone de más de 30 mesas.

Ana Lucía Colala es la directora encargada y no da declaraciones. Se excusa en que está ocupada en reuniones y que le devuelva la llamada más tarde. Pero después tampoco contesta las llamadas.

En el 2008, el Código Orgánico de la Función Judicial estableció por primera vez que Ecuador cuente con una Escuela Judicial para formar a fiscales, jueces, defensores públicos, notarios, funcionarios administrativos y abogados que trabajan en libre ejercicio, antes de ocupar un cargo.

Desde entonces y por el reconocimiento de Cuenca, como ejemplo de administración de justicia eficiente (agilidad en los procesos, no caducidad de prisión preventiva ni presos sin sentencia) las autoridades de las universidades de Cuenca y del Azuay trabajaron en un proyecto conjunto para solicitar la sede de este organismo.

El ex rector de la Universidad de Cuenca, Jaime Astudillo, lideró este proceso que terminó con la designación y ratificación de la sede, mediante resolución No. 116-2011, el 31 de octubre.

También se acordó abrir subsedes en Quito, Guayaquil, Ambato y una ciudad amazónica.

Tras el aval, el Consejo de la Judicatura de Transición estableció su reglamento. El mismo establece, entre sus partes más importantes, que la Escuela Judicial estará integrada por cinco vocales, elegidos mediante concurso, y de entre ellos se nombrará al director.

Además, el involucramiento de las universidades en la elaboración de la malla curricular, es decir, tiempo de estudio, número de alumnos, perfiles de docentes, cargas horarias… Pero según el decano de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca, Carlos Castro, este centro superior ha firmado un convenio general de cooperación “que acuerda la voluntad de apoyar a la Escuela Judicial”. Sin embargo, no han sido tomados en cuenta para elaborar la malla curricular “y el proyecto camina lento”.

Para la directora del Consejo de la Judicatura de Azuay, Andrea Arteaga, si bien no hay una estructura administrativa, hay avances.

Según la funcionaria, la mayoría de los cursos y talleres que se han desarrollado en los últimos meses fue convocado precisamente por la Escuela Judicial.

El último fue el seminario internacional dictado en Cuenca sobre Violencia de Género y otro en Guayaquil sobre Derecho de la Naturaleza. También el curso de inducción a los candidatos para jueces y notarios del país, etc.

Arteaga considera que la convocatoria y nombramiento de los vocales quedará en manos del nuevo Consejo de la Judicatura.

Ella dice que no maneja cifras del número de talleres y personal capacitado, pero calcula que en promedio es uno cada tres meses en distintas ciudades del país.

Tampoco se conoce con qué presupuesto trabajará y dónde estarán las aulas de estudios. Se analiza la idea de desocupar todo el edificio de la Corte (tres plantas) donde funcionan las salas judiciales para ese fin. Arteaga menciona otros espacios como los auditorios de teatros para los talleres.

El Colegio de Abogados del Azuay tampoco conoce el trabajo de la Escuela Judicial, confirmó su presidente Jorge Morales. Él dice que para el 2013 tienen proyectado la creación de una escuela de formación complementaria para abogados y así elevar los conocimientos de sus 3643 miembros.

En medio de estos hechos, la Judicatura construyó dos nuevas infraestructuras en los cantones de Gualaceo y Paute. Estos cuentan con tecnología de punta.

Entre los dos edificios, la inversión supera los USD 7 millones.

Antes de esto, en Paute había un juez y en Gualaceo dos. Ahora laboran seis en cada cantón y por la incidencia de delitos se crearon las Unidades de Familia y de Contravenciones. Además, en Cuenca se crearon los juzgados de contravenciones y otro especializado en mercancías dudosas.

En la Corte de Justicia laboran un total de 450 funcionarios. En el año 2012 ingresaron 40 448 causas y hasta ahora han sido resueltas 36 413.

Los juicios

Andrea Arteaga, directora  del Consejo de la Judicatura de Azuay, señala que únicamente dos juzgados tienen causas rezagadas. Esto, debido a la carga procesal y a que ha “tenido varios jueces temporales”.

Ella explicó que hay  procesos que duran más tiempo, como el de pensiones alimenticias que quedan abiertos, y que aumenta las cifras de causas no resueltas. En el 2012, allí se tramitaron 139 sumarios contra cuatro jueces.

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