19 de February de 2012 00:01

Las entidades públicas, blanco fácil de las amenazas de bomba

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La llamada telefónica alertó a los funcionarios del edificio de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), en el norte de Quito. En esta se advirtió la existencia de una bomba y la gente comenzó a desalojar el inmueble.

Se trataba de un simulacro , a las 11:00 del viernes último. Las personas que circulaban por las avenidas Amazonas y Gaspar de Villaroel (sector donde se encuentra el edificio de la CNT) no entendían lo que sucedía. Incluso las alarmas del inmueble se encendieron. Los vehículos del Cuerpo de Bomberos y un camión de la Policía llegaron para trasladar a los funcionarios a una zona más segura. Las calles fueron cerradas 100 metros a la redonda con cintas plásticas anaranjadas. La orden de las autoridades fue que nadie podía ingresar al sector.

Los estudiantes de los colegios aledaños a la sede del CNT, amas de casa y oficinistas se ubicaban detrás de las cintas de seguridad.

Con asombro, ellos miraban lo que sucedía. Un hombre vestido con traje formal que caminaba por el lugar preguntó en voz baja: ¿qué sucede? ¿por qué hay policías? Una mujer de la tercera edad que estaba allí le contestó: “hay una amenaza de bomba”.

El hombre se asustó y volvió a preguntar: “¿una bomba verdadera?”. La mujer dijo sí. En medio del asombro de los curiosos, la Policía montó un operativo para localizar los explosivos dentro del edificio.

Un agente de la Escuadra Antibombas del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) se puso un traje especial de color verde para inspeccionar las zonas donde existe el riesgo de que se hayan instalado los explosivos. La vestimenta está compuesta por blindajes antifragmentos y un casco.

El peso del traje que llevaba el policía lo obligaba a caminar despacio. Para Santiago Ordóñez, oficial del GIR, las amenazas de bomba se dan con frecuencia en las entidades públicas del país.

El uniformado manifiesta que la mayoría de las amenazas son falsas, pero “al comprobar la existencia de un aparato explosivo, se procede a su desactivación o destrucción”. En el 2011, el Escuadrón Antibombas reportó 34 amenazas de bomba y realizó 32 simulacros a escala nacional.

En lo que va del 2012, la entidad solo ha registrado una amenaza de bomba y un simulacro.

La primera amenaza de bomba de este año se reportó el pasado 3 de febrero en la Policía Judicial de Pichincha (PJ-P). Luego de que el GIR descartara la presencia de explosivos en el edificio, Carlos Alulema, jefe de esa dependencia, manifestó que en una llamada se informó que había supuestamente explosivos. Según el oficial, este tipo de alertas son recibidas con frecuencia. Incluso dijo que el objetivo de esa clase de llamadas es “retrasar las audiencias que se van a realizar en la PJ-P”.

Los agentes que trabajan allí cuentan que las amenazas de bomba son constantes. Un uniformado manifestó que, en los dos años que trabaja en esa dependencia, ha tenido que abandonar su oficina en dos ocasiones por ese tema. “En la primera vez sentí mucho temor, pero con el pasar del tiempo uno se acostumbra a este tipo de cosas”, contó.

El funcionario añade que la falta de medidas de control en el ingreso al edificio de la PJ-P influye para que esa clase de riesgos se presenten con frecuencia.

Lourdes (nombre protegido), propietaria de un restaurante en los alrededores de la Policía Judicial, siente temor cuando se cierran las calles y la Policía le pide que cierre su negocio. Pero, al mismo tiempo, se siente segura de estar tan cerca de los gendarmes. Ella añade que las amenazas de bomba que sufre la institución policial son falsas alarmas y no cree que algún día llegue a darse una emergencia real.

Cerca de una hora duró el simulacro en el edificio de la CNT. Luego de que el equipo del GIR destruyó la bomba y verificó nuevamente el inmueble, un oficial informó mediante un megáfono a sus colaboradores que la emergencia se había tratado de un simulacro, el cual había concluido exitosamente y que podían regresar a sus oficinas para laborar con normalidad.

Los empleados regresaron a sus oficinas con tranquilidad, pero afirmaron que ese tipo de actividades son buenas para enfrentar una verdadera amenaza.

Poco a poco el flujo de vehículos en la avenida Amazonas y Gaspar de Villarroel volvió a la normalidad. Las cintas plásticas de protección fueron retiradas y los agentes del GIR abandonaron el lugar. En el sector no quedó ninguna prueba de que se había producido una amenaza de bomba.

Amenazas de bomba

10 de noviembre del 2011.  En el edificio   del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en Quito, la Policía realizó un operativo de inspección para localizar explosivos. Los agentes informaron que fue falsa alarma.    

23  de noviembre del 2011.  Una amenaza de bomba se reportó en la Subsecretaría de Trabajo del Litoral,  en Guayaquil. Los uniformados del GIR no detectaron bombas en ese inmueble.      

En esa misma fecha,  una llamada telefónica alertó a los funcionarios que se encontraban  en el edificio del Consejo de la Judicatura. Lo mismo sucedió en  la Corte Constitucional (norte de Quito). Fueron    falsas alarmas.            
   
3 de febrero  del 2012. Una alerta   de bomba se reportó en el edificio de la Policía Judicial de Pichincha. La Escuadra Antibombas del GIR inspeccionó  el lugar  y no hallaron explosivos.     

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