Las camisetas blancas con frases escritas en la parte delantera las identificaba. “Exigimos justicia” y “Auxilio presidente Correa” fueron los textos escritos en las prendas utilizadas por unas 50 mujeres.
Ellas se identificaron como esposas, madres, hermanas o, familiares de los internos recluidos en el Centro de Rehabilitación Social Guayaquil número 2. Ayer, con la protesta, buscaron “denunciar” los maltratos a los internos.
“Si damos nuestros nombres o de nuestros familiares detenidos, los castigan. Lo que queremos es que paren los atropellos. La alimentación es mala, no están definidos los días de visita, no dejan ingresar los medicamentos cuando están enfermos ni tampoco pueden usar otras prendas que no sean las del uniforme, que ya está sucio. Por eso, protestamos”, dijo una mujer de 60 años que llegó de Quito para ver a su pariente.
Los forcejeos se dieron cuando las manifestantes querían cerrar el tránsito a la altura del kilómetro 16 de la vía Guayaquil-Pascuales. “Tienen derecho a protestar, pero en el momento que quieran cerrar la vía, actuaremos”, dijo uno de los policías que estaba en el operativo. Con su brazo extendido, y señalando a un costado, les pidió que se movieran.
A eso de las 11:30, un contingente de 30 policías estaba en el lugar. Los familiares de los detenidos no tuvieron más que ubicarse frente a la fachada de la cárcel. Unos pocos hombres que participaron en la protesta estaban a cargo de la ‘logística’: agua, refrigerios e hicieron explotar voladores, para llamar la atención. También gritaban en contra de la directora del centro. Pequeñas hojas volantes, que denunciaban este hecho, fueron entregadas a los periodistas. La protesta terminó en la tarde, pero dijeron que volverían, si el problema no es solucionado.
La directora del centro, Miriem Segura, permaneció ayer en reuniones. Por ello no se pronunció sobre lo ocurrido. Quien sí lo hizo fue el gobernador del Guayas, Roberto Cuero: rechazó las quejas de los familiares y sostuvo que se respetan los derechos humanos.
Destinada para los detenidos de alta peligrosidad, esta infraestructura, ubicada en el noroeste, fue inaugurada el 15 de julio pasado. La Municipalidad de Guayaquil la construyó. Luego de estar sin uso, por un tiempo, fue transferida al Estado. Tiene una capacidad para 152 reos. Por ahora, están 31 que fueron traslados desde Quito. Esto causó el rechazo del Concejo Cantonal.