19 de November de 2012 00:02

El empadronamiento redujo el robo, pero aún se activan celulares

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En la mano derecha tenía un celular Nokia desarmado y en la otra un pequeño desarmador de metal. El hombre de cabello negro y largo le dijo al cliente que le mostrara el teléfono que se había encontrado en el autobús para “examinarlo”.

Al enterarse que el teléfono ha sido reportado como robado, el hombre bajó el tono de su voz: “tenemos que cambiar la placa (tarjeta de memoria y piezas internas). Si quiere activarlo le cuesta USD 60”.

Según investigaciones de la Policía Judicial, pese a que la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel) implementó el empadronamiento de los teléfonos móviles a partir del 5 de julio del 2011 y que concluyó en la misma fecha del 2012, el robo de móviles no ha frenado.

La idea del registro era identificar a los usuarios de equipos, con la finalidad de reducir los delitos. Sin embargo, en las estadísticas de la Supertel aparece que los robos de teléfonos han disminuido en los últimos cinco meses tras vencer el plazo del registro.

De enero a junio de este año se reportaron 65 467 denuncias escala nacional y se redujo a 27 897 de julio a noviembre. El Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana también reportó una disminución en septiembre y octubre del 2012 (ver cuadro).

En la misma calle en donde una persona preguntó si podía usar el teléfono que fue reportado como robado, funcionan al menos 8 locales similares (venta de celulares, repuestos, etc).

Un joven de baja estatura que viste chompa deportiva blanca y atendía un kiosco dice que “si el teléfono es caro y de última tecnología le cuesta más ponerlo a funcionar. Uno más barato le cuesta entre USD 30 o USD 40”.

Soraya Sinche, catedrática y experta en telecomunicaciones de la Escuela Politécnica Nacional, explica que sí es posible utilizar un aparato reportado como robado. Añade que al desactivar lo que se hace es bloquear el código IMEI (identidad internacional de equipo móvil), que viene de fábrica. “Luego se utilizan herramientas de software (programas informáticos) que permitan colocar otro IMEI al equipo”.

Estos dispositivos son cables que permiten cambiar los códigos desde computadores.

Precisamente, esa clase de equipos decomisó la Policía en un operativo realizado el 9 de noviembre en un centro comercial del norte de Quito. Hallaron 150 aparatos cuya procedencia no fue justificada por los dueños de los almacenes. Según los uniformados, allí también encontraron cables que eran utilizados para configurar los celulares y cambiar los códigos de identidad. En otra incursión realizada en el sur y norte de la capital, la semana pasada, los agentes hallaron 255 artefactos y se decomisaron 91 cables.

El jefe de Policía Judicial de Pichincha, coronel Ramiro Ortega, no descartó que en esos locales se cambie el software de los teléfonos para que operen otra vez.

Según la Policía, en Quito existen más de cinco zonas donde se comercializan los aparatos. Uniformados explican que los más grandes se encuentran en Chillogallo, Solanda, Centro Histórico, Comité del Pueblo y Cotocollao.

Los investigadores han determinado que al menos 50 redes que se dedican al robo y comercialización de los teléfonos sustraídos en Quito. Cada grupo delictivo tiene al menos tres integrantes. “Ellos operan en las afueras de los centros comerciales, en los servicios de transporte público y en sitios concurridos”.

Agentes de la Policía Judicial indican que, de enero a octubre de este año, se han incautado de 1 500 celulares. Al menos 1 000 aparatos se roban al día en Quito.

En el mercado ilegal, alguien que robó un celular de última tecnología lo comercializa en USD 150 y el comprador lo vuelve a vender hasta en USD 500. En los casos de aparatos sencillos, estos son vendidos en USD 40 y los dan en USD 70 a los “clientes”.

Frente a los problemas de los robos de celulares, Sinche indica que sí es posible activar en el país aparatos que fueron sustraídos en el exterior. Eso se aplica si los registros de otras naciones no están interconectados con los de las operadoras ecuatorianas.

Por eso, en la Policía se conoce que algunos celulares vienen al país a través de mafias internaciones. Uniformados han detectado que al Ecuador ingresan de forma ilegal celulares de Colombia para ser comercializados.

Pese a que los robos de celulares persisten en el país, la Supertel destaca que los ilícitos se han reducido desde que se aplicó el registro de los aparatos. Este Diario pidió, el 13 de noviembre, a través de correo electrónico, una entrevista con el superitendente de telecomunicaciones, Fabián Jaramillo, pero no hubo respuestas.

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En ocho locales visitados que atienden en el Centro Histórico, en dos ofrecen activar teléfonos. Quienes atienden los almacenes dicen que pueden colocar piezas de aparatos traídos desde el país del norte para que pueda utilizar al que está desactivado.

En las vitrinas de los pequeños almacenes, con paredes de madera, se exhiben celulares cuyos precios varían entre USD 60 y USD 150. En las afueras de un centro comercial, un hombre que vestía jeans y usaba lentes le preguntó a un joven si vende celulares. Al explicarle que necesitaba utilizar un aparato que estaba reportado como robado, le recomendó vaya a otro sitio donde le cobraban USD 25 en la misma zona. Luego de esto, él cruzó una de las calles del Centro Histórico y caminó con dirección al norte de la ciudad.

Los consejos

Agentes de la Policía han detectado que mafias se dedican a arranchar teléfonos celulares en las afueras de la Universidad Católica, centro-norte de la capital. Los desconocidos andan en motocicletas y atacan cuando las víctimas están distraídas.   

Frente a ese problema, los uniformados recomiendan no hablar por teléfono mientras se está caminando por la calle.  

No conteste las llamadas en sitios concurridos.  Evite llevar visible su aparato telefónico, o portar más de uno a la vez.

Es más conveniente llevarlo en los bolsillos o en la  cartera.

No utilice su celular mientras conduce con la ventana abierta del auto. Podrían arranchárselo. 

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