11 de February de 2012 00:01

La emergencia no cuajó en Ambato

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Las declaratorias de emergencia en el sistema penitenciario nacional no lograron resolver los problemas que afronta el Centro de Rehabilitación Social de Ambato.

El hacinamiento, la escasez de guías, de infraestructura y de maquinaria en los talleres de capacitación son los principales problemas en ese sitio.

Hace dos semanas, un grupo de funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia recorrió este centro y levantó un informe sobre los internos y el ejercicio de sus derechos. La investigación, dijeron los empleados, seguirá este año.

La cárcel de Ambato fue edificada en 1979 en la avenida El Cóndor en el oriente de la ciudad. Hace décadas, este centro estaba en una zona apartada de la urbe. Pero en la actualidad está rodeado de plazas, mercados y la terminal terrestre intercantonal. De igual forma hay centros nocturnos que se levantan a un kilómetro de allí.

Cuenta con 13 000 metros cuadrados y una capacidad instalada para 150 privados de la libertad.

Esa cifra se duplicó y ahora allí se encuentran 360 en los cuatro pabellones. En cada celda habitan entre tres y cuatro personas.

Es jueves. El movimiento en el taller de carpintería es intenso. 30 detenidos jóvenes y adultos lijan, cortan y pegan la madera. En este galpón fabrican muebles.

Pese al escaso equipamiento, ellos trabajan para cumplir con sus contratos que lograron a través de sus familiares y sus amigos. Julián M. es uno de ellos. Labora allí seis años. Fabrica guitarras, veladores, lámparas y pequeños barcos para botellas de cristal.

Gana entre USD 150 y 300 al mes. Con este dinero apoya a sus padres y a sus hermanos en Manabí. Cuando cumpla su condena planea abrir un taller.

Julián M. cuenta que las celdas son estrechas. “Deberían estar allí solo dos personas, pero estamos cuatro. Eso vuelve difícil la convivencia”. Él fue sentenciado a 25 años por el delito de asesinato.


Juan Carlos Vayas, director de este centro, reconoce que hay hacinamiento. Para él, es importante que se construya un nuevo pabellón para 100 personas más.

Sin embargo, en el pliego de peticiones que entregó el año pasado a la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, en Quito, no constó esta solicitud.

Según el funcionario, no hay el espacio suficiente para levantar esa infraestructura. Además, espera que se defina el lugar en el que se construirá la cárcel de máxima seguridad para la Sierra centro norte. En un inicio se planificó edificarla en Poaló, una población de Cotopaxi, pero dada la oposición de los habitantes, el proyecto se suspendió.

Al nuevo centro penitenciario irán, por ejemplo, los internos de Quito, Latacunga y Ambato.

En un informe que el 21 de marzo del año pasado, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) remitió a la Relatoría sobre cuestiones penitenciarias de la Comisión Interamericana de DD.HH., en Washington, se hace observaciones sobre la infraestructura carcelaria en el país. En el documento de 13 páginas se dice: “Los problemas se sienten en todas las prisiones. Así, el 70% del sistema de alcantarillado y agua potable está colapsado y el 100% del cableado eléctrico está obsoleto, no existen camas ni colchones para todos los internos”.

Luego revela: “La vetustez de las cárceles permite que haya humedad en las celdas. Esto causa enfermedades respiratorias”.

No obstante, en Ambato, las autoridades penitenciarias dicen que con la declaratoria de emergencia al sistema penitenciario nacional, el 31 de agosto del año pasado, mejoró las instalaciones de los cuatro pabellones y de las oficinas administrativas. Se pintó y se arregló el edificio, pero no se precisaron costos.

“Los fondos fueron administrados desde Quito. Cada año enviamos las peticiones que tiene este centro”, sostuvo Vayas.

Para Raúl Carrasco, integrante de la Pastoral Penitenciaria, las instalaciones interiores de la cárcel mejoraron. “Hay orden y limpieza en los espacios. Antes las insalubridad era insoportable. Esta agrupación realiza evangelización una hora a la semana con misas y la palabra de Dios”.

El último operativo de la Policía dentro de la cárcel fue el 16 de enero pasado. Los agentes encontraron celulares, armas blancas y objetos cortopunzantes. No hubo armas de fuego ni drogas.

El control es responsabilidad de 30 guías en dos turnos diarios. Vigilan las celdas, acompañan a los enfermos a los hospitales y a las audiencias en los juzgados. Sin embargo, Vayas refiere que se requieren 10 más para reforzar la vigilancia en los pabellones.

Sin embargo, el director argumenta que este centro es uno de los más tranquilos de la región: “Solo se presentaron leves riñas. Esto ocurre por el riguroso control para con las visitas. Los guías utilizan detectores de metales”.

En cuanto al trabajo ejecutado por la delegación de Derechos Humanos, María del Carme Jácome, subsecretaria de Justicia, aporta detalles. “El estudio tiene el propósito de ayudar a que se respeten los derechos humanos y que se mejoren las condiciones de los privados de libertad”.

Jácome asegura que el primer paso es el diálogo con los directores de los centros penitenciarios.

Con ellos se abordará el tema de las condiciones en las que viven los internos. “Para conseguirlo, elegimos a un reo al azar y se le interroga acerca del trato que recibe por parte del director y de los guías”, explica la funcionaria.

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