Tres construcciones a cargo del Consejo de la Judicatura de Transición (CJT) no registran permisos municipales en la Agencia Metropolitana de Control (AMC), en Quito.
Pese a eso, dos de ellos empezaron a funcionar este año y la que se levanta en El Pedregal (sector La Pulida) fue suspendida ayer.
Las construcciones están bajo la vigilancia de la oficina de inspección de la Agencia de Control del Municipio. Esto, porque en los tres casos no presentaron los planos arquitectónicos, permisos de ocupación emitidos por el Cuerpo de Bomberos, estudio de suelos, estudios de movilidad, etc.
En una entrevista con este Diario, Walter Enríquez, supervisor Metropolitano, dijo que desde el 15 de noviembre se han realizado verificaciones a las 3,5 hectáreas de terreno en donde se edifica El Pedregal, el segundo complejo judicial más grande del país.
En la Unidad de la Familia, Niñez y Adolescencia, en las calles Veintimilla y Juan León Mera, se dispuso un examen especial para detectar posibles problemas en la estructura física. Eso ocurre pese a que las oficinas, inauguradas hace dos meses, ya atienden al público. El edificio incluso estuvo abandonado 30 años.
En la Unidad judicial para temas laborales y de inquilinato, que también está operativa en las calles Arenas y Larrea (zona centro) la Agencia de Control desconoce su situación administrativa.
“Lo único que sé es que a esta oficina no se ha remitido ningún documento de ese edificio”, sostuvo Enríquez.
Respecto de El Pedregal, la suspensión durará hasta 30 días, en caso de que no se presente la documentación solicitada.
Para mediados de diciembre próximo se esperaba la apertura de las 65 judicaturas de Familia, Civil, Penal, Laboral, Inquilinato, etc., según el cronograma del CJT.
La paralización de los trabajos se da luego de que el Comisario conoció las conclusiones de un informe técnico de la AMC.
De forma detallada, el informe AMC- UTCC-12-2622 de este organismo determina que el Consejo de la Judicatura no presentó planos arquitectónicos, el plan de movilidad del predio, etc.
La conclusión del técnico encargado, Santiago Espín, fue que la construcción de El Pedregal (16 38 4 m²) está“sin permisos municipales y constituye una infracción muy grave…”.
Según Enríquez, el problema principal de esta obra es la falta de un estudio de movilidad.
“Un edificio para 1 240 trabajadores, que albergará no menos de 20 000 personas por mes, produce un impacto de movilidad para el Distrito”. Y agregó que la Agencia de Control velará que se cumplan las medidas de mitigación, alternativas y trazado vial.
Alrededor del complejo se presentan también problemas legales. El CJT mantiene, desde el 2011, un juicio por expropiación y con base en una orden judicial ha iniciado los trabajos en un predio registrado a nombre de DMG COMP Comercializadora SA.
Además, el 30 de octubre pasado, uno de los obreros de la obra descubrió una serie de túneles subterráneos, de entre 40 y 60 metros de largo.
Sobre esto, el titular de la Agencia de Control señaló que no hay riesgo en la estructura, pues los conductos se ubican fuera de los edificios y de los parqueaderos.
Ayer, en la Judicatura no hubo un pronunciamiento respecto de la suspensión del proyecto, que reemplazaría al histórico Palacio de Justicia.