Los argumentos del Procurador General de Colombia disgustaron al Gobierno de Ecuador. Al menos así lo dejó sentado la Embajada ecuatoriana en Bogotá, que emitió un comunicado acerca de los dichos del funcionario.
Alejandro Ordóñez había mencionado que “Ecuador cedió parcialmente lo absoluto de su soberanía, al permitir que grupos terroristas perpetrasen ataques contra territorio colombiano, conociendo de esta situación previamente y sin tomar acción”. Lo hizo en el alegato de 52 páginas que presentó ante la Corte Suprema de Justicia, para que la Sala Penal del Alto Tribunal revise el fallo de mayo pasado en el proceso que se siguió al ex congresista Wilson Borja y que desconoció el valor jurídico de las pruebas halladas en las ‘laptop’ de ‘Raúl Reyes’, luego del ataque al campamento de Angostura del 1 de marzo del 2008.
En la nota oficial, la legación ecuatoriana dirigida por el embajador Raúl Vallejo evidenció su contrariedad, aunque matizó que no tiene “el ánimo de interferir en los procesos de la Corte Suprema de Justicia” colombiana. “La Embajada de Ecuador en Colombia ratifica ante la opinión pública que nuestro país no ha realizado cesión alguna de su soberanía, ni a las FARC ni a grupo irregular alguno, mucho peor en el gobierno de Rafael Correa”.
El comunicado, además, precisó que “mientras del 2001 al 2006 se desmantelaron 65 bases de descanso de la guerrilla, entre el 2007 y el 2010 -es decir, en el presente Gobierno- se desmantelaron 377 refugios ilegales”.
La nota, igualmente, recordó que “el Consejo Permanente de la OEA resolvió, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2008, reafirmar el principio de que el territorio de un Estado es inviolable y no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera fuera el motivo, aún de manera temporal”.
El fallo de la Corte Suprema colombiana sentó un precedente jurídico, que amenaza con el congelamiento de los procesos iniciados a personajes políticos por sus presuntos nexos con las FARC, con base en la información hallada en los archivos de ‘Reyes’, y que aquí se ha bautizado como el escándalo de la ‘Farcpolítica’.
El Tribunal declaró que se violó la cadena de custodia durante la recolección de las evidencias y que los militares que intervinieron en la operación que mató a Luis Édgar Devia no tenían la postestad para actuar como Policía Judicial.
Las evidencias encontradas en los mensajes enviados por el entonces número dos de la guerrilla marxista sirvieron, por ejemplo, para que el procurador Ordóñez sancionara el año pasado a la ex senadora liberal Piedad Córdoba, quien perdió su curul en el Congreso y fue inhabilitada para ejercer cargos públicos durante 18 años. Luego del veredicto de la Sala Penal, la política anunció que iniciará un proceso para regresar al Legislativo.