El gobierno ecuatoriano realiza una depuración de las visas de refugiado concedidas a unos 24 000 colombianos entre 2009 y 2010, tras detectar irregularidades en el proceso, informó el martes la cancillería.
“Se cometieron errores como conceder refugio a personas a las cuales se les había negado (ese estatus) en el proceso regular” porque no lo requerían, o a ciudadanos que “presentaron documentación falsa”, dijo el subsecretario de asuntos migratorios y consulares de la cancillería, Leonardo Carrión.
El diplomático señaló a radio Sonorama que ambas circunstancias son causales para el retiro de la visa de refugiado, según la Convención de Ginebra y la ley ecuatoriana.
Ecuador concedió ese estatus a 24 000 colombianos entre 2009 y 2010 tras una evaluación de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que determinó que unos 135 000 colombianos residentes en zonas apartadas del lado ecuatoriano de la frontera estaban en necesidad de refugio.
El país andino acoge a unos 54 000 refugiados, de los cuales 98% son colombianos que llegaron huyendo del conflicto armado de casi medio siglo.
“Queremos que estos procesos hayan dado el refugio a quien necesita protección y no hayan sido usados por personas inescrupulosas que, aprovechando un procedimiento más ágil, hayan querido utilizar el recurso del refugio para obtener una visa y estar en Ecuador”, comentó Carrión.
Las fallas fueron detectadas durante la sistematización de los datos, que están siendo revisados conjuntamente con ACNUR, indicó el funcionario, y sostuvo que las irregularidades abarcarían sólo a 1% de los desplazados inscritos en el llamado “registro ampliado”.
“No hay ninguna voluntad de persecución, los refugiados en Ecuador están protegidos por el Estado, no tienen razón alguna de preocuparse”, garantizó el diplomático.
Asimismo, informó que Ecuador y Colombia están cerca de terminar la negociación de un acuerdo que permitirá a las autoridades ecuatorianas acceder a una base de datos del servicio secreto colombiano (DAS) para verificar los antecedentes judiciales de los ciudadanos procedentes del país vecino.
Este convenio eliminará la exigencia de un récord policial, explicó Carrión.