12 de December de 2010 00:00

Dura polémica por caducidad de prisión preventiva

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Unidad de Investigación

La sentencia por el crimen de Marlene P. (nombre protegido) se dictó cuando apenas faltaban 25 días para que caducara la prisión preventiva. “Si no se daba ese fallo, los tres detenidos hubiesen salido libres”, dice Rosario C. (nombre protegido). Ella es hija de la mujer asesinada en el 2009.

En el numeral 9 del artículo 77 de la Constitución vigente se indica que “ la prisión preventiva no podrá exceder de seis meses en las causas por delitos sancionados con prisión, ni de un año en los casos de delitos sancionados con reclusión. Si se exceden estos plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto”.

Un informe del Ministerio de Justicia dice que desde el 2007 al 2010, en Guayas salieron libres 3 843 presos.

Todos, porque se les caducó la prisión preventiva. Entre quienes recobraron la libertad está gente apresada por narcotráfico, robo agravado, secuestro exprés, tenencia ilegal de armas, tráfico de migrantes, asesinato, violación, etc. En Pichincha, los liberados sumaron 158.

La asambleísta Cynthia Viteri revela que en el 2009 (no se incluye diciembre) se suspendieron 6 854 audiencias. Rosario C. dice que esa estrategia se evidenció en su caso. “Recuerdo que una vez el preso se hizo el enfermo, en otra ocasión no apareció el fiscal, luego el abogado de un detenido adujo que no le habían notificado. Con eso, los presos querían ganar tiempo, dejar que pasara un año y quedar libres como si nada pasara”.

En octubre de este año, el Consejo de la Judicatura presentó un informe. Allí se dice, por ejemplo, que frecuentemente las audiencias se suspenden por falta del fiscal, artificios de los abogados, falta de testigos (ver cuadro).

El trámite de los procesos se agravó con el sistema de audiencias que trajo la reforma judicial de la Asamblea del 2009: las fijó en al menos 30, para asuntos que no deberían tratarse ante el juez, como el caso de los archivos y las desestimaciones, indica un estudio de Capacitación Legal Continua (CLC). El fiscal subrogante, Alfredo Alvear, dice que la caducidad es responsabilidad de los jueces. “Nosotros estamos bien organizados. Hay personas que saben qué días son las audiencias a escala nacional. Los juzgadores no tienen una organización así; cada uno se lanza y coinciden dos audiencias. Yo he justificado una audiencia y he pedido su postergación al siguiente día. Pero no son meses (de retraso)”.

El presidente (s) de la Corte Nacional de Justicia, Darío Bravo, sostiene que “no se puede culpar a ninguno de los actores: “Todos deben participar en la solución”.

El juez XII de lo Penal de Pichincha, Pablo Almeida, dice que sí hay audiencias fallidas, pero él no registra caducidad.

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