18 de December de 2010 00:00

El Director de Extranjería demandará a denunciantes

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Redacción Seguridad

El director general de Extranjería, Eduardo Barrera, anticipó que iniciará acciones legales contra quienes denunciaron presuntos ilícitos en la entrega de visas de residencia a extranjeros.

El miércoles, la Dirección de Extranjería fue allanada por disposición del Juez XXIV de Garantías Penales de Pichincha. Esto luego de que -según la Secretaría de Transparencia- una investigación hecha junto con el Ministerio del Interior se detectó presuntas irregularidades.

Al menos 2 000 visas entregadas serían ilegales, aunque Iván Granda, subsecretario de Transparencia, señaló ayer que son 200 los expedientes que se decomisaron en el operativo y están en poder de la Policía. “La mayoría pertenece a visas de amparo”.

Ayer un pequeño rótulo que anuncia la suspensión de la atención fue pegado en la puerta principal. Pese a la afluencia continua de público, permaneció cerrada la dependencia, ubicada en la planta baja de un edificio particular, ubicado en las avenidas Gaspar de Villarroel y 6 de Diciembre (norte de Quito).

Carlos (nombre protegido) acudió al mediodía para entregar sus documentos para obtener una visa de amparo. Él llegó al país hace tres años como pastor evangélico, incluso se casó con una ecuatoriana. Pero se encontró con la sorpresa de que no había atención.

Eduardo Barrera, director general de Extranjería, dijo que no se podía atender porque las oficinas estaban intervenidas y personal de Inteligencia realizaba las investigación respectivas.

Además, porque -dijo Barrera- en el operativo se requisaron seis computadoras que contenían información sobre las solicitudes.

Uno tras otro, algunos con niños en brazos, acudían hasta la dependencia. Solo un guardia apenas entreabría la puerta para indicar que “posiblemente el lunes se reinicie la atención”.

Esta dependencia, que pertenece al Ministerio del Interior, entrega visas de residencia Tipo 9 (ver detalle en puntuales). Barrera indicó que en lo que va del 2010 se receptaron alrededor de 13 000 solicitudes, de las cuales “el 90% es aprobado”.

Barrera indicó que estas acusaciones en su contra parten de un correo electrónico enviado a Transparencia por un abogado, quien incluso está detenido desde hace dos semanas. Su captura ocurrió en Quinindé, Esmeraldas, con documentos falsos.

Granda manifestó que no solo eso fue el punto de partida para las investigaciones. También hubo una serie de quejas y denuncias depositadas en buzones del Ministerio de Relaciones Labores. Aparte del caso sobre visas ilegales que incluso involucraron a Juan Aguiñaga, ex subsecretario de Relaciones Exteriores.

El 4 de noviembre el entonces ministro del Interior, Gustavo Jalkh, pidió se indague la gestión de la Dirección de Extranjería.

Dentro de las indagaciones, la Fiscalía receptó las versiones de 22 funcionarios, pero ninguno quedó detenido.

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