4 de June de 2010 00:00

Dictamen acusatorio por lavado contra los hermanos Ostaiza 

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Redacción Judicial

Los hermanos Édison, Miguel y Jefferson Ostaiza sufrieron un nuevo revés en la Justicia. Ayer,  la fiscal de la Unidad de Lavado de Activos, Fanny Altamirano, los acusó, junto a Rosa N., de utilizar la empresa Jooamy Ema para hacer transferencias financieras con dinero “proveniente del narcotráfico”.

 

Con su dictamen acusatorio, que fue presentado luego de que finalizara la instrucción fiscal, la Fiscal pidió que se diera inicio a la etapa de juzgamiento para dictar sentencia por presunto lavado de activos. Este proceso se inició en septiembre  y avanzó de forma paralela al juicio por narcotráfico que se instauró contra los Ostaiza, tras el operativo Huracán de la Frontera (2008).  

 

 La Fiscalía    determinó un supuesto lavado de activos en la empresa vinculada a los hermanos. Por ejemplo,  señaló que la firma compró en marzo del 2007 una propiedad en Pedernales (Manabí) a un costo de USD 216  000. “Lo extraño es que el pago se hizo solo dos meses después de que se creara Jooamy Ema. De dónde iba a sacar la empresa el dinero si recién empezaba a operar”, señaló Altamirano en la audiencia que se desarrolló ante el juez IV de Garantías Penales de Pichincha, Vicente Altamirano.

 

Además, la funcionaria recordó que los hermanos Ostaiza ya fueron sentenciados por el Tribunal Segundo de lo Penal de Esmeraldas por tráfico y tenencia de drogas (Huracán de la Frontera). Pero Jorge Medrano, abogado de los acusados, dijo que esa sentencia aún no está ejecutoriada y que “no puede ser incluida en el proceso  por lavado de activos”.

 

En el juicio por narcotráfico,  Édison y Miguel Ostaiza fueron   condenados   a 12 y seis años de prisión, respectivamente.

 

Según Medrano,  los dos hermanos   no eran dueños ni socios de la empresa Jooamy Ema y   “no pueden ser acusados por  ese delito”.

 

“Los únicos dueños eran Jefferson y otras personas, pero incluso ellos   cedieron sus acciones luego a terceras personas, que son quienes deberían responder por las actividades de la empresa”, dijo.

 

Por ello pidió al juez  que sobreseyera del caso a Miguel y a Édison Ostaiza (los dos están presos en la Penitenciaría de Guayaquil, mientras que Jefferson se encuentra prófugo).

 

La audiencia concluyó pasadas las 19:00. El juez  señaló   que en los próximos días emitirá su fallo, el cual puede acoger o replantear el dictamen de la Fiscalía.

 

La Ley para Reprimir el Lavado de Activos sanciona con reclusión menor ordinaria de seis a nueve años cuando el monto de los activos objeto del delito supera los USD 300 000. La misma sanción se aplica cuando  el delito presupone la asociación para delinquir a través de la constitución de sociedades o empresas.

 

Además de los Ostaiza y Rosa N, otras 11 personas también fueron incluidas en la indagación previa, pero la fiscal Altamirano se abstuvo de acusarlas.

 

Dijo que en sus cuentas no se hallaron transacciones anormales y que únicamente   fueron trabajadores de la empresa Joammy Ema. La firma incursionó en campos como la organización de espectáculos masivos, la producción de camarones y la provisión de servicios a empresas petroleras privadas y del Estado.

 

La Fiscal aseguró que antes de ser detenidos y trasladados a la Penitenciaría, se iba a firmar un contrato con Petroecuador para proveer una torre de explotación de crudo, valorada en más de USD 7,3 millones. También, que habían pedido un préstamo a la Corporación Financiera Nacional por USD 4,5 millones, para un proyecto camaronero.

 

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