Las personas que compraron lotes irregulares para construir sus casas en la cooperativa Sergio Toral, siguieron ayer con las denuncias contra los traficantes de tierras.
Esto ocurrió, en el noreste de Guayaquil, en el mismo asentamiento de las invasiones. Allí, la Comisaría VI de Policía mantuvo una carpa desde las 08:00 hasta las 16:00 para receptar las denuncias de los afectados.
La orden la dispuso el gobernador del Guayas, Roberto Cuero. Hasta las 13:00, se habían receptado cerca de 150 acusaciones.
fakeFCKRemovePara realizar esta labor se delegó a los comisarios de policía César Cabrera y Jackeline Hurtado. Cabrera mencionó que diariamente estarán dos comisarios. Se mostró contento por la cooperación de los moradores del sitio.
Estas invasiones están asentadas en áreas que fueron haciendas productivas. En el área aún se ve los cultivos de árboles de teca y hay sectores donde aparentemente hubo sembríos de coco.
Ahora, el sitio da la impresión de un campamento. El panorama es de un sector que muestra la carencia total de servicios básicos e infraestructura. Allí se encuentra un vehículo del Ministerio de Salud Pública (MSP) para ofrecer atención médica y hay resguardo policial. Los militares adecuaron carpas para pernoctar.
Había una carpa del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) para asesorar a las personas sobre cómo ser reubicados.
Todo esto para dar protección, atención e incentivar a las personas a que denuncien a los traficantes. En ese sitio que se receptaba las denuncias, cerca de 30 personas hacían fila. Cada historia encarnaba diferentes vivencias.
Sin embargo, el común de las preocupaciones era si efectivamente los perjudicados serían ubicados en viviendas de algún programa del Miduvi.
El temor ante posibles represalias de los traficantes estaba latente. Por este motivo, muchas personas contaban su caso, pero pedían que se omitiera sus nombres.
La indignación dominaba a Ángela Jiménez, según sus palabras. Ella había comprado un lote en la tercera etapa de la cooperativa Sergio Toral. Dijo que pagó USD 500. Sin embargo, la semana pasada su casa fue destruida.
Jiménez dice que luego recibieron la notificación que fue un error la demolición. “De nada me sirve. Ya me había endeudado con la empresa Hogar de Cristo para construir mi casa, dinero que aún tengo que pagar”. La mujer dice que el costo de la vivienda fue de USD 953, más USD 60 para armarla y USD 35 para el transporte de materiales.