9 de June de 2011 00:02

3 de las 5 familias afectadas por la matanza de México, sin protección

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Los cadáveres estaban unos sobre otros, con las manos atadas hacia atrás y con los ojos vendados. El escenario: una vieja casona en Tamaulipas, México. Cuatro ecuatorianos murieron en esa masacre y Freddy L. logró sobrevivir.

Diez meses después, ayer, se conoció que solo dos de las cinco familias afectadas por este hecho criminal están bajo el cuidado del Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía. Allí constan los parientes de Freddy L.

Los datos de la otra familia que se hallan en el Sistema son reservados. Apenas se sabe que son tres personas, que tienen custodia policial y bono de alimentación.

El jefe nacional del Sistema, Cristian Lombeida, lo refiere. La inversión para este grupo no es la misma que la asignada al caso del sobreviviente, en el que -según la Fiscalía- se habrían utilizado unos USD 70 000. “Son diferentes casos, porque unos son familiares de una víctima que falleció (en México) y otra cosa es ser testigo protegido”, sostuvo la titular de la Secretaría Nacional del Migrante (Senami), Lorena Escudero.

Lombeida admite que a las tres familias restantes no se les brinda protección: no presentaron una denuncia. “Muchas personas prefieren mantenerse en el anonimato, tienen miedo a posibles represalias y no podíamos obligar a la gente a que denuncie”. El funcionario asegura que se han comunicado con ellos, pero evitó detalles, para que esa información se “mantenga en reserva”.

El coordinador de incidencia pública del Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes, Juan Villalobos, considera que si las otras tres familias no acusaron formalmente, “el Estado no tiene asidero para decir esta persona necesita protección especial”.

¿La Fiscalía podría actuar de oficio y proteger a los afectados sin que haya una denuncia? “Hay que ver las condicionantes de esto y revisar la Ley para ver en qué casos puntuales se puede actuar de oficio”, dice Villalobos.

Ayer, Johana Aragundi, coordinadora general del denominado Centro Familiar del Migrante, plantea una alerta: si el Estado no los apoya, los familiares podrían intentar viajar nuevamente a Estados Unidos. “Ellos son padres de familia, mantienen a sus hogares y no tienen miedo y lo que buscan es salir (del país), para buscar un puesto de trabajo”.

En el artículo 198 de la Constitución vigente se indica que “la Fiscalía dirigirá el Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros participantes en el proceso penal. Para eso coordinará la obligatoria participación de las entidades públicas afines a los intereses y objetivos del sistema y articulará la participación de organizaciones de la sociedad civil”.

Los cuerpos abandonados en la casona de Tamaulipas fueron encontrados luego de que Freddy L. caminara toda la noche y lograra contactarse con los marinos mexicanos. Luego, los agentes recuperaron los cadáveres y comenzó la identificación. Tras ser reconocidos, los cadáveres de los ecuatorianos comenzaron a llegar desde el 23 de octubre del 2010.

El primero en arribar a Quito fue el cuerpo de Telmo Y. Alegría, una mujer de 60 años, lloraba cerca del ataúd donde descansaba su nieto de 17 años. Él vivía con su madre, en una zona campesina de la Sierra. Era el segundo de tres hijos y su padre estaba en EE.UU. desde hace 10 años.

Hasta febrero último fueron repatriados a Ecuador los cadáveres de Elvia P., María T. y Cristian C.

Luego de la matanza y en lo que fue su primer testimonio, Freddy L. apareció con cuello ortopédico y pidió a los ecuatorianos que no intentaran viajar al país del norte de forma ilegal. Explicó las razones: “No vengan, hay muchos malos que no dejan pasar, no vengan más. Viajaban conmigo 75, mataron a todos. Les digo a todos (los) ecuatorianos que ya no viajen más, porque Los Zetas están matando a mucha gente”.

Su familia es una de las dos protegidas del Estado por el caso Tamaulipas. La Fiscalía analiza reforzar la atención psicológica.

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