Cuatro veedores van hoy a nueva audiencia en el juicio planteado por el presidente Correa

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Redacción Seguridad y Justicia

Hoy, 5 de febrero, a las 08:00, está prevista la audiencia para conocer el recurso de nulidad, dentro del juicio iniciado por la Fiscalía en contra de los cuatro integrantes de la Veeduría de los contratos de Fabricio Correa.

Es la quinta vez, desde que se inició este proceso penal, hace cerca de dos años, que se convoca a la audiencia a los veedores, que son acusados de un supuesto perjurio y falso testimonio por el presidente de la República, Rafael Correa.

La diligencia está convocada por la Sala Penal de la Corte de Pichincha, integrada por Mónica Bravo, Sylvia Sánchez y Pablo Almeida. El recurso de nulidad fue solicitado por los veedores Pablo Chambers, José Quishpe, Gerardo Portilla y Víctor Hugo Hidalgo, defendidos por Ramiro Román.

Desde el 4 de marzo del 2012 están enjuiciados por el informe que elaboraron sobre los contratos del hermano del Presidente con diferentes entidades públicas. La entrega de varios convenios a Fabricio Correa fue confirmada en informes de la Contraloría y la Procuraduría, que concluyeron que en este caso supuestamente se tendió una cortina societaria para impedir que se conociera el nombre del accionista principal de las empresas contratadas. El Gobierno, luego de conocer las denuncias, declaró la terminación unilateral de los contratos.

En la demanda en contra de los veedores el presidente Correa los acusa de haber establecido sin pruebas que él sí conocía sobre la entrega de los convenios a su hermano mayor.

En una de las conclusiones de la Veeduría, nombrada por el Consejo de Participación Ciudadana, se indica que el Mandatario aceptó que sabía de esa contratación en una entrevista radial, cuyos audios se adjuntaron al informe.

El Presidente, en varias ocasiones, sostuvo que la Veeduría no ha mostrado un solo documento que lo pruebe.

Por este mismo caso, Correa demandó a los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, quienes fueron sentenciados por daño moral el 6 de febrero del 2012. Fueron condenados al pago de USD 1 millón, cada uno, como indemnización al presidente por la publicación del libro 'El Gran Hermano', donde también señalaron que él conocía de las contrataciones. Luego, el Presidente los perdonó y la condena no se aplicó.

"Todo este proceso es nulo porque no hay un delito; tampoco se nos ha permitido ejercer nuestra defensa", sostuvo Chambers, quien coordinó la Veeduría. "Como veedores concluimos que el Presidente sí supo de la contratación, que fue una de las tareas encomendadas por el Consejo", agregó.

En contra de los veedores se dictaron medidas cautelares, como prohibición de salir del país, enajenar sus bienes y presentarse cada 15 días ante los jueces que tramitan el caso.


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