27 de March de 2011 00:00

Cuatro hombres están retenidos en El Topo

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La casa comunal de El Topo, parroquia San Pablo del Lago, en Otavalo, se volvió una especie de cárcel para Fausto C., de 25 años, Germán P., de 23, Elías T., de 22, y Manuel G., de 32. Los tres primeros cumplieron ayer nueve días de encierro.

Ellos están acusados de un presunto robo de electrodomésticos, gallinas, cuyes, vacas y más, desde hace ocho años.

En tanto, Manuel G. fue detenido el jueves, con su camioneta de alquiler, en la que supuestamente se transportaban los productos del hurto. Él llegó por su cuenta para encarar a los jóvenes, que fueron detenidos el viernes 19 de marzo, cuando presuntamente se llevaban una computadora.

La casa comunal es de paredes anchas y techo de teja. Está en la parte alta de la comunidad, a la que se accede por un camino empedrado, tras recorrer media hora en auto. A las afueras de la improvisada prisión, cientos de indígenas custodiaban a los detenidos.

La tarde del jueves continuó la asamblea de juzgamiento. Tras saludar a los dirigentes de 12 comunidades vecinas como Ugsha, Casco Valenzuela, Cochaloma, Imbabura, Gualabí, Araque..., que acudieron a presentar sus denuncias, Camilo Anrango, presidente de El Topo, informó que “los detenidos están reconociendo su culpa. Manuel G. dijo que hizo las carreras. Pero creemos que existen más implicados”.

Anrango señaló en la asamblea que Fausto C., Germán P. y Elías T. no están detenidos y que continúan en el lugar por voluntad propia, para que se aclaren las denuncias en su contra. Sin embargo, permanecían encerrados y ellos no comprendían por qué el proceso seguía, si al día siguiente de su captura fueron desnudados, bañados en agua fría y azotados con correas y ramas de ortiga. Este castigo lo ejecutaron las mujeres de la comunidad. Incluso, la tarde del jueves 10 reporteros fueron agredidos con ortiga.

Este ajusticiamiento, el segundo que ocurre en una comunidad indígena de Imbabura en el último mes, generó reacciones.

Mientras los dirigentes de El Topo aseguran que están administrando justicia amparados en el artículo 171 de la Constitución, el presidente de la Corte de Justicia de Imbabura, Luis Andrade Galindo, está en desacuerdo. “Es verdad que la nueva Constitución da lugar a que las comunidades indígenas defiendan el derecho a aplicar justicia. Pero falta una ley que ponga límites respecto de los temas que los dirigentes comunitarios pueden o no resolver”.

Andrade tiene experiencia en el tema. Él fue miembro de la Asamblea Constituyente de 1998, en la que, tras la demanda de los pueblos indígenas, se dijo que debía haber una ley que regule a la justicia indígena, respecto de su identidad, pero con acatamiento de la Constitución.

Pero, según el jurista, en Montecristi se aprobó el derecho para que “las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejerzan funciones jurisdiccionales... El Estado garantizará que las decisiones indígenas sean respetadas”.

En medio de todo, hay varias denuncias de supuestas arbitrariedades en la administración de justicia. En el caso de El Topo, por ejemplo, Andrade está preocupado por la detención arbitraria de cuatro personas. “Una persona no puede estar detenida más de 24 horas sin fórmula de juicio”.

Pero esta es apenas una de las varias supuestas irregularidades que se han denunciado. A inicios de marzo, en la comunidad indígena de Agato, Otavalo, un ciudadano acusado de intento de violación fue castigado con 12 latigazos, a pesar de que la justicia regular sanciona aquello con cárcel.

Otro caso preocupante es la denuncia de tentativa de asesinato presentada contra tres dirigentes de la comunidad de Cotama. Según el expediente penal 21- 2009, el 12 de febrero del 2009 los comuneros sorprendieron a José T. y Jorge Ch. robando una ferretería de la comunidad. Ahí el Comité de Administración de Justicia de la Comunidad de Cotama aplicó sus decisiones. Los presuntos inculpados sufrieron torturas y quemaduras con riesgo de una amputación.

Así recuerda el texto ‘Breves reflexiones sobre la administración de Justicia Indígena del Ecuador’, publicado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Imbabura. Los dirigentes fueron absueltos por resolución del mismo Comité de Cotama, que señaló que “se administró justicia en el nombre de los pueblos y nacionalidades kichwas y por autoridad de la Ley”.

Esa decisión incluso, recuerda Andrade, generó confusión al entonces juez de Garantías Penales, Farid Manosalvas, quien remitió el caso a la Corte Constitucional. La idea era que fuese resuelta esta contradicción entre lo ordinario y lo extraordinario de la justicia. Sin embargo, la Corte Constitucional no pudo resolver el caso y este retornó al juzgado de Otavalo.

El alcalde de Otavalo, Mario Conejo, reconoce que las autoridades comunitarias pueden resolver problemas menores como conflictos de linderos, peleas familiares, deudas y otros. Coincide con Andrade en la necesidad de establecer un marco legal para la justicia indígena. “La falta de ámbitos de aplicación desemboca en conflictos. Los dirigentes no pueden resolver todo. Se necesita una ley que defina los niveles de delitos a juzgarse”. Conejo cree que “hay excesos que van contra la dignidad de las personas, como bañarlos desnudos en público y ante las cámaras de TV”.

Entre tanto, Marco Guatemal, presidente de la Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura, dice que no es necesaria una nueva ley. “Falta conocer cómo cada pueblo administra justicia. Nosotros actuamos sobre la base de la Constitución, en torno a los derechos colectivos”.

Hasta el cierre de esta edición, los directivos de El Topo seguían interrogando a los cuatro ciudadanos acusados de robo.

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