6 de July de 2010 00:00

Críticas a los arrestos de foráneos

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Redacción Judicial

Desde el 11 de junio, la capilla del Regimiento Quito 1 de la Policía fue improvisada como centro de detención para 77 extranjeros. La mayoría era de nacionalidad cubana y colombiana. Fueron arrestados en diferentes operativos desarrollados en la capital, por supuestamente estar en el país de forma irregular.

Mariuxi Hernández (nombre protegido) fue una de las detenidas. La cubana reseña que el 11 de junio estaba dentro de un centro de tolerancia en el norte de la ciudad. “Eran como las 24:00. La Policía ingresó de pronto y nos capturó. Me acusaron de ser trabajadora sexual, pero yo no sabía que en el lugar pagaban por tener relaciones íntimas. Fui con unos amigos pensando que se trataba de un bar cualquiera”.Hernández fue trasladada a la capilla del Regimiento y ahí se encontró con otros extranjeros. Según la Policía de Migración, entre el 11 y el 13 de junio se realizaron 158 operativos de control en el país y fueron detenidos 150 extranjeros. En Pichincha se registró el mayor número de arrestos: 85. De ese total, 37 eran de nacionalidad cubana, 38 de Colombia y el resto, de países como Camerún, Pakistán, Perú, entre otros.

Los operativos se dieron en el marco de las medidas adoptadas por el Gobierno para prevenir la inseguridad ciudadana.

Hernández dice que la noche que fue detenida tuvo que dormir en el piso de la capilla. “No había camas ni baños para las personas. Solo unas bancas de madera que eran incómodas”. No se adecuaron las instalaciones para el aseo personal. “No podíamos bañarnos ni mudarnos de ropa”.

José Rivadeneira, jefe (e) del Regimiento Quito 1, reconoce que en el lugar no había camas, pero el Gobierno entregó colchones, porque la permanencia de los extranjeros en el cuartel fue momentánea. Se había planificado su traslado a un refugio a cargo de la Policía de Migración, en el norte. “El Gobierno dispuso que se los trajera al Regimiento, pero hace 15 días salieron de aquí”.

La cubana asegura que los días que estuvieron detenidos se cometieron faltas contra los derechos humanos. “No se dio alimentación a los detenidos. Solo comíamos lo que traían familiares o amigos de la ciudad”.

Lelis da Silva, vocera de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Ecuador, manifiesta que algunas personas se encontraban enfermas y que, pese a ello, no recibieron atención médica inmediata. “Nosotros constatamos que muchas personas tenían sus documentos migratorios como turistas en regla y pese a ello no se las liberó”.

Hernández era una de esas personas. Tiene pasaporte de turista y el permiso para permanecer en Ecuador legalmente hasta el 29 de agosto. “Yo mostré la documentación y pese a ello no me dejaron salir del cuartel. Varios organismos de DD.HH. nos ayudaron y gracias a la presión que ejercieron se logró la liberación de casi todos los detenidos”.

José Trujillo, de la Coordinadora Andina de Derechos Humanos, asegura que en la Intendencia de Policía de Pichincha (donde se tramitan las deportaciones) no se agilitaron los trámites para lograr las liberaciones de los extranjeros. “Nos dijeron que debían esperar la disposición del Gobierno para hacerlo”.

Este Diario conoció que la forma cómo se manejó el caso en esa dependencia causó la salida de la intendenta de Pichincha, Lourdes García. Además, allí fue abierto un proceso administrativo en contra de un alto funcionario de esa institución.

Ayer, la ex Intendenta de Policía no contestó su teléfono celular, pero antes de dejar su despacho, la semana pasada, afirmó a sus compañeros de oficina que se retiraba por motivos personales.

Según una fuente de la Policía de Migración, todos los extranjeros detenidos entre el 11 y el 13 de junio ya fueron liberados. “En el centro de detención de la institución (Isla Seymour y Río Coca) permanecen extranjeros arrestados en otros operativos”, dijo la fuente de Migración, quien no precisó cuántos presos hay allí.

Hernández es una de las personas que pudo recuperar su libertad. Estuvo 11 días en el Regimiento. Asegura que tiene temor de salir a las calles, pues no sabe cuándo la Policía la detendrá. “Tener los documentos en regla ya no es una garantía”.

Trujillo cree que los operativos de control han profundizado el sentimiento de rechazo de la ciudadanía hacia los extranjeros. “Se los ha criminalizado con estas medidas que no son efectivas”.

El defensor de DD.HH. sostiene que hasta ahora no se ha logrado combatir el problema de fondo: la apertura de fronteras. “Se debe regularizar el ingreso de las personas en las fronteras, antes de perseguir a los extranjeros”.

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