30 de January de 2010 00:00

Críticas al análisis de sangre de Emme

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Redacción Judicial

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La defensa de la familia de Natalia Emme pone reparos a la investigación que lleva adelante la Fiscalía en la muerte de la joven.

La fiscal de Tránsito, Mariana López, pidió el 18 de enero pasado, que se realice una prueba toxicológica a la sangre de Emme. El 20 de este mes llegó la muestra al Instituto Izquieta Pérez.

Sin embargo, ella falleció el 14 de enero, cuando fue atropellada por un vehículo de la Fiscalía en el que viajaba la esposa del Fiscal General, Aliz Borja. El policía Wilson Velasteguí, encargado de la seguridad de la mujer, asumió la responsabilidad de los hechos, aunque testigos dijeron que Borja conducía el automotor.

Los resultados de los estudios hechos determinaron que la joven tenía 0,89 g/litro de alcohol etílico en su sangre. Es decir “ estaba en estado de euforia, disminución de inhibiciones, sociabilidad, autoconfianza, enlentecimiento de reacciones”, dice el reporte del Izquieta Pérez.

El lapso de seis días (entre la muerte y el examen) molesta a la familia Emme. Su abogado, Gonzalo Silva, aseguró que no tienen cómo comprobar que la sangre pertenece a Natalia. Pues ella fue enterrada el 16 de enero y “la familia no ha autorizado que se le tome ninguna muestra de sangre. Pasaron tantos días entre el accidente y la entrega de la muestra, que bien puede haber sido alterada o cambiada”, afirmó.

Pero según el procedimiento rutinario, Medicina Legal toma una muestra de sangre a todos los cadáveres. Pero en 24 horas se envía al Izquieta Pérez para que se realice alguna prueba. Si esto no ha sido requerido por un Fiscal, lo puede hacer un familiar.

“Existen muestras de hasta un mes, que están almacenadas porque nadie las ha pedido”, explicó Marcelo Jácome, jefe de Medicina Legal de la Policía Judicial.

La noche anterior Emme estuvo en un evento para recabar fondos para su novio. Pero según dos testigos que estuvieron en la reunión ella no ingirió alcohol.

Además, la cantidad que aparece en el reporte es alta, según los parámetros de la Policía para conductores. No obstante, ella no manejaba ningún vehículo.

La nueva Ley de Tránsito determina que para un conductor el límite máximo de alcohol en la sangre es 0,3mg/litro.

La cantidad de alcohol en la sangre depende de la contextura física, de la absorción, de la edad, entre otros factores, por lo que es casi imposible determinar qué bebió una persona.

Silva sostuvo que se desvirtuará la acusación de que Emme fue responsable del accidente.

“En el comunicado que emitieron los fiscales se dijo que Natalia estaba hablando por celular mientras cruzaba la calle. Pero esto es una mentira”, afirmó.

Silva pidió a la compañía de telefonía celular que proveía servicio a Emme el registro de las llamadas realizadas el 14 de enero. La última fue a las 06:01. (El accidente se registró a las 08:45)

“Todas estas pruebas hemos presentado ante el Juez que lleva la causa para que determine la veracidad de los hechos”, dijo Silva.

La Fiscal López evitó dar su pronunciamiento porque el caso se encuentra en indagación previa.

Ayer se efectuó la audiencia de caución pedida por el policía Velasteguí. Su abogado pidió que se imponga una fianza para que salga libre. Pero el Juez Primero de Tránsito de Pichincha negó la solicitud. Consideró que el caso ha generado conmoción social.

Contraloría inició dos investigaciones

La Contraloría, a través de la Dirección de Auditoría 1, realiza una verificación preliminar del uso  de los vehículos en la Fiscalía del Estado.

Esta decisión se tomó a raíz del accidente de tránsito del pasado 14 de enero, en el cual murió la colombiana Natalia Emme Bedoya, atropellada por un vehículo de la Fiscalía, presuntamente, conducido por la esposa del titular de ese organismo de control.

El objetivo de la acción de control es establecer si amerita o no realizar un examen especial al uso de los vehículos oficiales en la Fiscalía, y, particularmente, en lo relacionado a ese accidente. Esta acción se prevé realizarse en 10 días laborables.

Además, la Contraloría, por intermedio de la misma Dirección, efectúa una verificación preliminar, en la Fiscalía, del pago  de la publicación del remitido de prensa, del 19 de enero, suscrita por fiscales distritales y otros funcionarios de ese organismo. Allí se expresa el respaldo al fiscal general, Washington Pesántez y a su esposa, Aliz Borja.

La verificación, con base en la Ley Orgánica de la  Contraloría, fue autorizada el jueves pasado. Esta acción de control debe realizarse en cinco  días laborables.

Mientras, el fiscal general, Washington Pesántez, dispuso que el jefe del Departamento de Régimen Disciplinario de la institución, Aníbal Ortiz,  inicie los  respectivos procesos administrativos  en contra de los funcionarios que firmaron ese comunicado público. 

La orden de Pesántez surgió tras la decisión de la Asamblea Nacional que, el pasado martes,  exigió la destitución inmediata de los fiscales provinciales, directores nacionales, asesores y funcionarios de la Fiscalía que suscribieron ese comunicado,  publicado en EL COMERCIO.

Ortiz investigará, de acuerdo al Reglamento de Régimen Disciplinario de la Fiscalía,  si el comunicado  transgredió normas legales  éticas que ameriten una sanción.  El Fiscal General reiteró que la investigación será transparente, clara y objetiva y que puede ser  observada por el Consejo de la Judicatura y por delegados de la  Asamblea Nacional.

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