2 de May de 2011 00:00

Críticas a versión oficial de ‘ajuste de cuentas’

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Una señora de media edad se asoma a la puerta de su vivienda, una villa de dos pisos resguardada por barrotes, a medio camino de un callejón adornado por un parque. Desconfiada, la mujer suelta un par de frases con desgana. “No hemos puesto la denuncia y no tenemos nada más que decir. Que Dios los bendiga”. En este sector del Suburbio oeste de Guayaquil los extraños son vistos con recelo.

En esa casa habitaba José Albino Pesántez, acribillado en el interior de una camioneta, en el sector de La Prosperina (norte de la urbe) el pasado 4 de abril. El hombre de 36 años estaba acompañado de Félix Rodríguez Aguayo, de 34, y de Kevin Castillo, de 17. Según testigos, dos desconocidos dispararon contra los tres y luego huyeron en otro vehículo. En el barrio donde vivía Pesántez los vecinos prefieren desentenderse del hecho. La mujer tras la puerta, familiar del fallecido, pide no seguir preguntando.Dos días después de aquel hecho, en la rueda de prensa del Consejo de Seguridad Ciudadana del Guayaquil, el gobernador del Guayas, Roberto Cuero, y el comandante del Distrito de la Policía de Guayaquil, Ramiro Mantilla, adujeron que el crimen pudo tratarse de ‘ajuste de cuentas’.

Cuero repartió un boletín estadístico para enfatizar esa hipótesis. Los dos adultos acribillados tenían antecedentes, por supuesto robo calificado y tenencia ilícita de armas, según el documento.

Para el Gobernador, gran parte de los asesinatos “que conmocionan” en Guayaquil tienen que ver con ‘ajustes de cuentas’. Sugirió que estos hechos son el resultado de la lucha contra el narcotráfico. “Esto es público, cada vez que hacemos un decomiso grande de droga, después de una semana o dos, ocurren este tipo de hechos. Esta no es la excepción”.

El martes pasado, durante una visita a Guayaquil, el ministro del Interior, Alfredo Vera, se sumó a la hipótesis de que las muertes se producen así. “En muchos casos las personas que han sido asesinadas por medio del sicariato, son gente que tiene cuentas con la justicia. Se dice, entre el medio delincuencial, que un sicario comete un delito y huye del país. ¿Cómo se descubre quién ha sido (el autor)?”, señaló el funcionario.

El adolescente que murió en el tiroteo, en La Prosperina, vivía a pocas cuadras de la casa de Pesántez. En el barrio nadie habla de la muerte del menor. El dueño de un local advierte, entre dientes, que no son bienvenidos “los curiosos que andan preguntando”.

En Guayaquil se registraron 615 homicidios entre enero del 2010 y el pasado 22 de abril, según datos de la Fiscalía del Guayas. Según las estadísticas de la Policía Judicial, de los 105 asesinatos ocurridos entre enero y el 28 de marzo pasado, el 37% de las víctimas registraba antecedentes.

Desde el lado de los organismos de Derechos Humanos, se cuestiona que se justifiquen los crímenes al tratarlos como el resultado de ‘ajustes de cuentas’ entre bandas delictivas. “Estamos muy preocupados por las declaraciones de autoridades de Policía y de Gobierno. Es como justificar aquello de que quien a hierro mata, a hierro muere”, cuestiona Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos (CDH). El activista recordó que en su informe del 2010 sobre Ecuador, el relator de las Naciones Unidas para las Ejecuciones Extrajudiciales, Phillip Alston, sugirió que ese término para categorizar a los delitos violentos debería ser eliminado.

En Guayaquil, la Unidad de Delitos Contra la Vida está a cargo de 10 fiscales. Una de los agentes, la fiscal Luz Paz y Miño, dice que de las alrededor de 400 denuncias que llegaron a su despacho en el 2010, unas 50 se resolvieron.

A su criterio, los asesinatos en los que se presume venganza entre agrupaciones delictivas son los que no se resuelven. Lo justifica por la falta de colaboración de las familias de las víctimas. “Cuando hay la hipótesis del ajuste de cuentas, los familiares no se acercan. Y si vienen, no aportan nada. Así no se puede investigar”.

La funcionaria manifiesta que, de los homicidios que están a su cargo, al menos el 70% se presentan bajo dicha figura.

En ese sentido, Navarrete dice que el alto grado de impunidad de las muertes en Ecuador es constante los últimos años. “Esos crímenes violentos quedan usualmente sin investigación, aunque existan parientes que reclaman justicia”, manifestó.

Gisela Moreira León, directora de Seguridad del Guayas, una dependencia del Ministerio del Interior, señala que el tema de las muertes violentas se puede trabajar desde la prevención. “Conociendo ya las estadísticas, de dónde se producen los actos violentos, con esos datos trabajaremos en la prevención”. Ella respalda la hipótesis de que detrás de los crímenes violentos está el ‘ajuste de cuentas’. “La Policía sabe que estos delitos se han dado con gente que tiene antecedentes. Allí habrá que hacer otro tipo de investigación. En eso, nosotros no nos vamos a meter. Vamos a estar en el área de prevención”.

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