6 de November de 2011 00:01

5 crímenes se entrecruzan con el caso Baque

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El dispositivo satelital GPS instalado en los vehículos de la Policía en Manta pudiera ser determinante. La madrugada del último 16 de octubre, dos unidades estuvieron en las canteras de Picoazá, en Portoviejo, según un informe de la Policía entregado a la Fiscalía.

El hecho sería aislado si no fuera porque esa misma madrugada se reportó en Manta la desaparición de Danilo Bowen, de 22 años, y de Luis Jaramillo, de 20.

Danilo y Luis fueron vistos ese día en el mercado de la parroquia Tarqui, en un quiosco de encebollados, cuando se produjo un altercado. Testigos sostienen que los dos jóvenes salieron del lugar en la motocicleta de Bowen y que luego fueron perseguidos por policías, en un confuso incidente.

“Hay testigos que aseguran haber mirado cuando varios policías lanzaban a los muchachos a dos camionetas de servicio de patrullajes. Luego ya no regresaron”, relata Rosa Elena Alcívar, madre de Luis Jaramillo. La noche del 16 de octubre, ella junto con María Zambrano, madre de Danilo, y otros familiares, llegaron a la puerta del Comando de Policía de Manta para pedir a los policías que devolvieran a sus hijos.

¿Por qué esos dos hechos (la desaparición de los jóvenes y la ubicación satelital de dos patrulleros) estarían relacionados?

Martes 18 de octubre. Cerca de la puesta de sol, un hombre encontró dos cadáveres al caminar por la cantera de Picoazá, en Portoviejo. Los análisis forenses certificaron que se trataba de Danilo Bowen, con cinco heridas de bala en el cuerpo, y de Luis Jaramillo, con dos disparos en la cabeza. Ninguno de ellos tenía antecedentes penales, refiere la Fiscalía.

Este Diario accedió al informe policial con el análisis del GPS. El documento precisa que dos camionetas policiales, de placas MEA-1052 y MEA-1046, estuvieron la madrugada del 16 de octubre en la cantera de Picoazá y que allí se detuvieron durante ocho minutos, de 04:19 a 04:27.

En Manta, testigos aseguran que la última vez que vieron a los jóvenes fue el domingo 16, a las 03:35, en el mercado de Tarqui.

¿Qué hacían dos patrulleros, de madrugada y en una cantera, la de Picoazá, 44 minutos después de la desaparición de los jóvenes? ¿Por qué los cadáveres de Danilo y de Luis aparecieron en esa cantera, a 30 kilómetros de Manta?

Hace siete días, el juez José Pillasagua ordenó la prisión preventiva de seis policías para investigaciones, luego de que la Fiscalía considerara, en audiencia de formulación de cargos, que existirían indicios de la participación de la Policía en la desaparición de los jóvenes, el 16 de octubre.

El jefe (e) de la Policía en Manta, Vladimir León, resalta que la propia institución ordenó la investigación: “Nuestro objetivo es transparentar los hechos. Si hubiese un elemento de la institución involucrado, será sometido a la ley como cualquier ciudadano”.

“Con la revelación de los GPS no hay duda de que habría policías involucrados en la desaparición y muerte de mi hijo y su amigo”, enfatiza Kevin Bowen, padre de Danilo. “Sería doble crimen de Estado, porque se habrían utilizado vehículos oficiales y los implicados serían del Estado”.

La tragedia de dos familias

Carlos Jaramillo Mera y su hermano Jorge fueron ejecutados por agentes del Estado el 11 de febrero de 1999, en Manabí. Policías atribuían a Carlos el crimen del sargento Segundo Chango, el 8 de febrero; y se confundieron, Carlos era un homónimo.

Ese 11 de febrero, los Jaramillo Mera fueron detenidos de forma arbitraria en El Guabito, Portoviejo, cuando circulaban con su amigo Pedro Baque en una moto.

Los agentes llevaron a los tres jóvenes a un terreno baldío en Palma Cristi, cerca de Jipijapa, Manabí. Tras acribillarlos, los abandonaron. Los policías dieron por muerto a Baque, quien sobrevivió pese a recibir siete disparos.

Cuatro meses después, Baque denunció lo sucedido. Este Diario investigó esos hechos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA solicitó al Estado ecuatoriano que brindara protección a los Baque.

“No es posible. Son coincidencias fatales de la vida”, dice Rosa Alcívar y su voz se ahoga. Carlos Jaramillo Mera, ejecutado ese 11 de febrero de 1999, era el padre de Luis, uno de los dos jóvenes hallados muertos el último 18 de octubre en la cantera de Picoazá.

“Después de 12 años nuevamente miembros del Estado nos arrancan la vida, esta vez a mi Luis”, dice, aferrada a dos fotos de su hijo, en su casa de caña guadúa, donde solo un pedazo de tela separa a la cocina del dormitorio.

El crimen de Luis no es la única conexión con el caso Baque. El jueves, el mismo juez Pillasagua dispuso la prisión de Javier Baque, hermano menor de Pedro.

Lo hizo con base en una versión policial que refiere que el joven habría sido una de las últimas personas que el martes estuvo junto al empresario Freddy A., para cambiar los frenos de un auto (el negocio de la familia Baque).

La mañana del miércoles, en la cantera Barranco Prieto, en Montecristi, Freddy A. fue hallado en su Ford Explorer, con tres tiros en la frente. Los Baque y los Jaramillo creen ser presa de una persecución. Hubo siete policías condenados por los hechos de 1999.

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