28 de April de 2010 00:00

La Corte dio aval a 49 destituciones en el 2009

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Redacción Judicial

El pedido del presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), José Vicente Troya, no surtió efecto en el Consejo de la Judicatura (CJ). En la tarde, el Pleno de este último organismo ratificó la sanción para los jueces Luis Abarca y Edwin Salazar y el conjuez Máximo Ortega.

En la mañana, Troya acudió al CJ con la intención de impedir que se tome esta decisión en contra de los magistrados que el año pasado ordenaron la excarcelación de Jorge Hugo Reyes Torres, acusado de narcotráfico.

fakeFCKRemoveEn una cita que no duró más de 15 minutos, Troya planteó que el caso quede en un “compás de espera”, hasta que la Corte Constitucional (CC) resuelva este caso.

El Pleno del CJ analizó esta solicitud durante dos horas. Luego de ello, su presidente, Benjamín Cevallos, señaló que por delicadeza escucharon a Troya, pero que existieron suficientes causales para tomar la decisión. “Es un asunto grave, se trata de narcotráfico. Es una infracción de lesa humanidad. Y analizamos este tema en dos días muy intensos”.

Cevallos dijo que tienen la competencia para establecer sanciones como estas. Un informe del CJ señala que durante el 2009 se tramitaron 49 destituciones de jueces y conjueces en el país.

En la lista también constan tres remociones, 46 suspensiones, 98 multas, 76 amonestaciones.

En ese informe difundido el mes pasado, la Judicatura señala que “mención especial merecen las sanciones disciplinarias aplicadas en el caso Huracán de la Frontera”. El 29 de diciembre del año pasado, la Judicatura sancionó administrativamente a 11 jueces, porque “cometieron irregularidades en ese caso”. Solo uno presentó amparo constitucional y logró el reintegro en sus funciones.

En lo que va de este año se registran seis sanciones más. Los tres primeros son Walter Mazzini, Edwin Salazar y Mario Rojas, que actuaron en el caso Filanbanco, y los ahora tres sancionados.

El juez Hernán Ulloa reconoce que en el primer caso no se pronunciaron, “porque fueron conjueces”. “Ahora estamos defendiendo el derecho a ser juzgado por quien corresponda”.

Según el magistrado, la Ley Orgánica de la Función Judicial establece que el Pleno de la Corte “es el encargado de analizar los casos disciplinarios de jueces”.

La notificación para los jueces sancionados llegaron a la Corte Nacional un poco antes del mediodía. A esa hora, la oficina de Abarca, por ejemplo, estaba vacía. En la tarde se conoció que los tres destituidos seguirán actuando hasta que la CC se pronuncie.

No obstante, la Judicatura responsabilizó de los problemas legales que pueda generar ese hecho. “Estaría incurriendo en una acción penal y la Fiscalía pudiera iniciar una acción”, dijo Cevallos.

En la Corte, el pronunciamiento causó polémica. Por eso, Ulloa incluso planteó que se deje de despachar hasta que la Corte Constitucional se pronuncie. “Algunos jueces tienen temor de ser sancionados por tramitar las causas. Es inédito que se intervenga en la Función Judicial”.

Pasado el mediodía también llegó a la Judicatura un pedido de la asambleísta María Paula Romo, para que el Pleno de la CJ comparezca hoy a la Comisión Legislativa de Justicia y Estructura del Estado. La idea es conocer los últimos problemas suscitados entre este organismo y la Corte.

En la comunicación se pide que se entregue información con respecto a los últimos contratos de personal que en ese organismo firmó desde que Cevallos está al frente del CJ. El funcionario reconoció que desde mediados del año pasado suscribió unos 250 contratos provisionales.

En la reunión de ayer, el Pleno de la CJ también analizó la convocatoria y pidió que la comparecencia sea el miércoles de la próxima semana. En este tiempo se “recabará información”.

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