23 de December de 2011 00:01

La Corte de la OEA revisará la independencia judicial

valore
Descrición
Indignado 0
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 0

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las resoluciones que durante el gobierno de Lucio Gutiérrez adoptara el Congreso Nacional comienzan a traer secuelas para el Estado.

Esta semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó de “arbitraria” la destitución de los ocho vocales del extinto Tribunal Constitucional, el 25 de noviembre del 2004, y por ese hecho demandó al Estado ecuatoriano ante el máximo organismo regional de justicia: la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En su informe, la CIDH precisó que el caso devela la falta de claridad en los procesos y causales de remoción de jueces y juezas, bajo el principio de legalidad contemplado en el artículo 9 de la Convención Americana. Y enfatizó que lo ocurrido en Ecuador “constituye una oportunidad para que la Corte desarrolle su jurisprudencia en relación con la garantía de independencia reforzada de la Función Judicial”.

Esto último supone que un pronunciamiento de la Corte en torno al caso será tomado como base legal para sancionar futuros casos de violación a la independencia del Poder Judicial en la región.

La CIDH, que es un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), puntualizó que el caso fue enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 28 de noviembre último, porque “la Comisión consideró que el Estado (ecuatoriano) no cumplió con las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo”.

En dicho informe, la CIDH concluyó que las víctimas no contaron con garantías mínimas de debido proceso, no fueron escuchadas ni tuvieron oportunidad de defenderse; y que no tuvieron a su disposición un recurso judicial efectivo que les amparara frente al actuar arbitrario del Congreso Nacional. “Estos hechos ocurrieron en un álgido contexto político y de fragilidad institucional del Poder Judicial en Ecuador”.

Asimismo, “los hechos ocurrieron en un contexto caracterizado por la fragilidad del Poder Judicial reflejada en la remoción no solo del Tribunal Constitucional, sino también de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo Electoral, por parte del Congreso Nacional. Los ceses de las Altas Cortes estuvieron seguidos por la activación de mecanismos para impedir el acceso a la justicia por parte de los funcionarios judiciales afectados”.

Para la CIDH, la destitución de magistrados del Tribunal Constitucional durante el gobierno de Lucio Gutiérrez “constituyó un mecanismo ad hoc de destitución de magistrados, no previsto ni en la Constitución ni en la ley, y afectó gravemente el principio de independencia judicial”.

La defenestración de las cortes se produjo cuando el Ejecutivo consiguió en la Legislatura una mayoría integrada por el Partido Sociedad Patriótica (PSP), el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), el Prian, el Movimiento Popular Democrático (MPD) y un grupo de independientes.

La constitución de la Corte Suprema de Justicia, con juristas cercanos a esas bancadas, alcanzó un punto de alta tensión cuando el presidente de ese Tribunal, Guillermo Castro Dáger, declarara nulos los juicios penales de los ex presidentes Abdalá Bucaram (PRE) y Gustavo Noboa. Esos fallos de nulidad fueron revocados tras la destitución de Gutiérrez.

La CIDH insiste en que el caso fue remitido a la Corte Interamericana porque el Estado ecuatoriano no cumplió con recomendaciones de fondo como “reincorporar a las víctimas al Poder Judicial, en un cargo similar al que desempeñaban (…)” o alternativamente, “si por razones fundadas no es posible la reincorporación […] pagar una indemnización razonable a las víctimas o sus causahabientes, de ser el caso”.

La Comisión tampoco encontró respuestas respecto de la recomendación de “pagar a las víctimas los salarios, pensiones y beneficios laborales y/o sociales dejados de percibir desde el momento en que fueron cesados hasta la fecha en que hubiera finalizado su mandato”. Tampoco tuvo eco frente a la recomendación de “reconocer públicamente, garantizando mecanismos adecuados de difusión, las violaciones declaradas en el […] caso, en particular, la vulneración de la independencia del Poder Judicial”.

Punto de vista
Luis Villacís/ Ex diputado MPD
‘La Procuraduría no ejerce su rol’

Este  fue el trámite realizado por  los jueces destituidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y estaban en su derecho a hacerlo. Lo único que queda claro es que la Procuraduría General del Estado no ejerció en buenos términos el papel que debía cumplir en cuanto a defender los derechos del Ecuador.

Con esto, ¿qué es lo que puede suceder a futuro? No me sorprendería  que   con demandas  de miles de millones de dólares  planteadas por  la Oxy o que   implementan otro tipo de empresas transnacionales, el  Estado ecuatoriano resulte afectado. Estamos frente a un Procurador   que no cumple el papel que le encomienda la Constitución.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (0)
No (0)