26 de August de 2010 00:00

La Corte Constitucional todavíano decide sobre el caso La Cocha

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Redacción Judicial

La sala de audiencia de la Corte Constitucional (CC) estuvo repleta ayer. A los 15:30, unos 60 indígenas de la comunidad de Zumbahua (Cotopaxi) llegaron a este organismo.

A esa hora estaba prevista que se desarrolle una audiencia para determinar si la muerte del joven indígena Antonio Olivo se juzgó y quedó cerrado con el castigo al que fue sometido Orlando Q.

A las 20:00 del pasado 9 de mayo, Olivo fue hallado sin vida en el parque central de Zumbahua. Orlando Q. fue acusado de ser el autor material del crimen y fue aprendido por la comunidad. 14 días después, este joven fue sometido a la justicia indígena.

Los comuneros lo bañaron con agua helada, le ortigaron y le obligaron a cargar un bulto pesado.

No obstante, una semana después, Orlando Q. y cuatro jóvenes más se entregaron a la Policía.

Ayer, Vicente Tibán, quien por este caso fue destituido como fiscal indígena, señaló que la detención fue ilegal y que el caso quedó cerrado el 23 de mayo, cuando se concretó el castigo público.

Para que esto se aclare, el juez tercero de lo Penal de Cotopaxi, José Luis Segovia, pidió que la Corte Constitucional se pronuncie sobre el tema. Ayer, él y otros asistentes fueron notificados de que el encuentro no se realizará, porque la jueza ponente, Ruth Seni, no estaba en la ciudad.

Tras abandonar la sala de audiencias, el judicial dijo que esperará que el organismo fije nueva fecha y hora para cumplir con la cita. Orlando Q. también asistió a la audiencia. Dejó el lugar esposado, acompañado de policías y sin responde preguntas. Solo los indígenas gritaron varias veces la frase “Viva La Cocha”.

Luego de abandonar el edificio de la CC, Ricardo Chaluisa, principal dirigente de La Cocha, reiteró que este caso está juzgado.

Pero aclaró que es culpa de los familiares de Orlando Q. el haberlos entregado a la Policía. “Eso es culpa de ellos, para nosotros ya está cerrado por completo”, dijo.

Al preguntarle si la entrega del acusado a la justicia regular debilita la decisión de la comunidad y a la justicia indígena, Chaluisa dijo: “qué más podemos hacer”.

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