14 de December de 2010 00:00

Correa se abre un frente con la Judicatura y recibe apoyo del PSC

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Redacción Política

Pese a las distancias que Alianza País y los bloques Madera de Guerrero y PSC mantienen, la asambleísta Cynthia Viteri y el presidente Rafael Correa coinciden en un punto: la ciudadanía debe pronunciarse en temas específicos de la reforma penal a través de un referendo. Es el caso de la caducidad de la prisión preventiva y la acumulación de penas.

La legisladora de M. de Guerrero dice que lo propuesto por la Comisión de Justicia de la Asamblea, en el informe para primer debate a realizarse mañana, es “una burla para el pueblo”. Y se pregunta ¿cómo consiguió la aprobación de la ID, Prian y municipalistas? Algo que también cuestiona Luis Almeida (PSP), miembro de la mesa de Justicia.

El informe de mayoría tiene el apoyo de nueve de los 11 legisladores de la comisión, a excepción del PSC- M. de Guerrero y el PSP.

Por eso ayer Viteri anunció que planteará un proyecto de resolución para que la población decida sobre la caducidad de la prisión preventiva y la acumulación de penas que debiera llegar hasta los 50 años. “En Montecristi cometieron un error y el Presidente lo quiere corregir”.

Con eso, la oposición parece alinearse al proyecto del Ejecutivo. El sábado, Correa aseguró que en su propuesta de referendo preguntará al pueblo sobre la caducidad de la prisión preventiva. La intención del Presidente es poner toda su atención a la inseguridad.

Si bien el oficialista Mauro Andino, quien integra la mesa de Justicia, descarta que las reformas penales resuelvan los problemas de inseguridad, reconoce que se ha escuchado “el clamor ciudadano” y por eso se apoya el incremento de las penas en determinados delitos.

Las reformas legales no serán el único flanco desde el cual los oficialistas quieren actuar. En las últimas horas, el Gobierno ha enfilado sus críticas al Poder Judicial.

Correa aseguró que “en Ecuador no hay buenos jueces porque sino todo el mundo tendría su sentencia en un año; hay jueces con más de 700 sentencias y que no han sido suspendidos”.

Las críticas del Presidente, a las que se han sumado las del ministro de Justicia, José Serrano, fueron para el Consejo de la Judicatura. Dicen que esta entidad no despacha con agilidad los procesos en contra de los jueces sujetos de investigación. Por lo que Andino, anunció que impulsará un juicio político contra sus vocales.

Las declaraciones incomodaron al titular de la Judicatura, Benjamín Cevallos, quien puso su cargo a disposición del Jefe de Estado. “Si realmente mi presencia constituye algún obstáculo pueden disponer de él. Es cuestión de lanzar un acuerdito y decir: por esta vez se le declara cesante al Presidente de la Corte Nacional. No creo que esa sea la intención de Rafael Correa”.

Cevallos ha tratado de hacer frente a los dardos que salen del Gobierno, aclarando que se han tomado las medidas para evitar la caducidad de la detención en firme. La Judicatura advierte que el tema es mucho más complejo a cómo el Gobierno lo resume: una negligencia de los jueces y su abierta politización con grupos de la llamada “partidocracia”.

Según Cevallos, hay fiscales, testigos y peritos que no acuden a las diligencias judiciales. Además, hay “sutilezas” de abogados que se usan para tardar los juicios.

¿Relevo en el M. del Interior?

Por dos horas (desde las 12:30 hasta las 14:30) se reunieron ayer el ministro del Interior, Gustavo Jalkh, y el ex secretario de Transparencia, Alfredo Vera. La charla se cumplió de forma  reservada y en el despacho del Ministro.

En los corredores del edificio de la Cartera de Estado había un movimiento inusual. Los funcionarios hablaban por celular y aseguraban que la sesión era para cuadrar el relevo en el Ministerio.

Horas después, Jalkh estuvo en un Gabinete de Seguridad con el presidente Rafael Correa.

En esa reunión, según informó la agencia de noticias estatal Andes, el Ministro “habría presentado su renuncia irrevocable”. Además, se habría realizado un análisis de los resultados en la lucha contra la delincuencia que ejecuta esa Cartera de Estado.

Hasta el cierre de esta edición, la dimisión de Jalkh no fue confirmada oficialmente. Pero la agencia Andes, citando a fuentes reservadas del Gobierno,  sostuvo que Vera sería su sucesor.

La decisión se tomaría cuando retorne el presidente Correa, quien  viaja hoy a Venezuela y mañana,  a Colombia.

En la entrevista que Jalkh concedió a este Diario el domingo, aseguró que: “cuando hay un cambio de año por supuesto siempre se dan análisis, evaluaciones... Eso está en manos del Presidente. Luego del 30-S puse a consideración mi cargo, desde el día siguiente”.

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