6 de December de 2010 00:00

3 cooperativas darán crédito con facilidades para frenar la usura

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Redacción Seguridad

Miguel Carvajal, ministro de Seguridad, admite que  la usura es un delito conectado al narcotráfico y al sicariato. Dice que los refugiados que delinquen pierden su estatus.

Desde lo técnico, ¿por qué no cabe el condicionamiento del alcalde Nebot, de instaurar el visado a los vecinos?

Desde el 2001 está vigente el libre ingreso de ciudadanos del Pacto Andino al Ecuador. Con los colombianos vamos a mantener el pasado judicial apostillado, que cumple la misma función que la visa. La mayoría de colombianos entró antes del 2005. Los colombianos con carné de refugiados no tienen aval para delinquir, el momento en que delinquen pierden el estatus. Pero el porcentaje de extranjeros detenidos por la Policía no pasa del 4,2%; es un universo pequeño.

El nivel de extranjeros en la población carcelaria es el 10%. Hay que mejorar los controles, que quienes ingresen se reporten para saber dónde están; que quienes estén más de 90 días sin regularizarse sean deportados. Este año se quedaron 150 000 extranjeros, bastante menos que los 237 000 en el Gobierno de Noboa (2002), y casi lo mismo que los que se quedaron el 2003 y el 2004. Hemos puesto visas a 10 países con información certera de que se usaba al país para actividades criminales y no vamos a dudar en poner más visas si hay irregularidades.

Ecuador registra un tráfico de drogas interno, consumo local, y se manifiesta en algunos sectores, eso desencadena violencia en barrios. ¿Cómo enfrentarlo?

Aparte del nivel de control que estamos elaborando con Inteligencia. Hemos pedido la creación de un equipo de Fuerzas Armadas para fortalecer la inteligencia antidelincuencial. No es para perseguir a la oposición. Hay disputa de territorio, hay redes internas del narcotráfico.

Usted dice que la exclusión social causa inseguridad (ver primera parte de entrevista publicada ayer). ¿Cómo prevé enfrentarla el Gobierno?

Tenemos ciudades como Santo Domingo, Guayaquil, Machala, para nombrar algunas, que han tenido un problema acumulado de crecimiento con base en invasiones, y estas generalmente siempre han estado vinculadas a traficantes de tierras y a grupos violentos. Pero en algunos casos estas situaciones han logrado resolverse, como los viejos programas de legalización de barrios desde la época de Rodrigo Paz (ex alcalde de Quito) y se ha ido reorganizando y redireccionando el impacto de un crecimiento desordenado, pero en otras ciudades esto no ha ocurrido. Necesitamos políticas nacionales para frenar las invasiones, pero para reconocer también que en las invasiones de hace 20 años, de hace 10 años, viven personas y que hay que resolver esa condición, de lo contrario estamos reproduciendo un modelo altamente excluyente.

El narcotráfico interno provoca muerte y violencia...

Evidentemente; hace poco mataron a cuatro extranjeros (en Quito), creo eran africanos. Eso puede ser un acto que tiene que ver con disputa de territorios. Eso está en investigación en la Policía. El tema incluye también medidas preventivas. Estamos trabajando en productos financieros que permitan a la gente con menos requisitos acceder a créditos. Hay gente que cae en la usura por 200 dólares. Pagan 10% de interés cada mes y cuando entran en problemas le quitan el vehículo y para no quitarle el auto le obligan a traficar droga. El pobre tipo termina preso por narcotraficante.

¿Créditos formales, con facilidad, para frenar la usura?

Ya hay un acuerdo con tres cooperativas para los créditos, comenzará el 9 de diciembre. Hemos trabajado cuatro meses. Hay un programa donde se incluirá a la banca pública. La idea es facilitar el acceso a créditos productivos. Esto es enfrentar el delito en diferentes áreas. Cuando usted ve una nota del estado de excepción, por ejemplo, se cree que hay medidas aisladas, pero hay una política muy integrada que va desde la frontera norte hasta control interno.

¿Cómo se incluirá a la ciudadanía en la seguridad?

Las lógicas de seguridad que no tienen incorporada la participación ciudadana son lógicas debilitadas. No se debe dejar a la Policía Comunitaria en un barrio y desentenderse y que el barrio sea el que se encargue de los policías. Hemos aumentado el sueldo a los policías, pero hay que hacer inversiones, dar vivienda fiscal. Hemos avanzado mucho para organizar los pases, para que el policía esté en su lugar de origen, para eliminar unas decisiones poco coherentes, poco lógicas, porque teníamos a policías fuera de sus provincias y de sus familias.

Pero, ¿y los ciudadanos? ¿Cómo construir una cultura de seguridad en la gente?

Estamos trabajando en un programa más fuerte de educación en tema de seguridad, prevención, colaboración, solidaridad. Insistimos en la objetividad de la información pública, porque la generalización de casos contribuye a un ambiente de inseguridad. Sin saber dónde, en qué sitios, están los mayores niveles de homicidios se puede dar la sensación de que no se puede pisar el aeropuerto de Guayaquil.

En el 31% de muertes violentas en Quito se usaron armas de fuego. ¿La Policía falla en el control de armas?

El control de la Policía para dar permisos no ha tenido el nivel de velocidad que se requiere. Hay muy pocas armas registradas y hay gran cantidad de personas que no tienen permisos, y no se sabe dónde están esas armas. Hay que mejorar el control de las armas y mejorar el otorgamiento de permisos con todas las seguridades. Se otorga autorización para la tenencia de armas, pero hay restricción para el porte.

HOJA DE VIDA

Su formación.  Miguel Carvajal es máster en Ciencias Políticas y licenciado en Sociología. Tiene un diplomado en Población y Desarrollo.   

Su experiencia. Desde  enero del 2009 es Ministro de Seguridad. Antes fue viceministro de Defensa, docente universitario, funcionario del PNUD.

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