30 de January de 2010 00:00

Contraloría inició dos investigaciones

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Redacción Judicial

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La Contraloría, a través de la Dirección de Auditoría 1, realiza una verificación preliminar del uso de los vehículos en la Fiscalía del Estado.

Esta decisión se tomó a raíz del accidente de tránsito del pasado 14 de enero, en el cual murió la colombiana Natalia Emme Bedoya, atropellada por un vehículo de la Fiscalía, presuntamente, conducido por la esposa del titular de ese organismo de control.

El objetivo de la acción de control es establecer si amerita o no realizar un examen especial al uso de los vehículos oficiales en la Fiscalía, y, particularmente, en lo relacionado a ese accidente. Esta acción se prevé realizarse en 10 días laborables.

Además, la Contraloría, por intermedio de la misma Dirección, efectúa una verificación preliminar, en la Fiscalía, del pago de la publicación del remitido de prensa, del 19 de enero, suscrita por fiscales distritales y otros funcionarios de ese organismo. Allí se expresa el respaldo al fiscal general, Washington Pesántez y a su esposa, Aliz Borja.

La verificación, con base en la Ley Orgánica de la Contraloría, fue autorizada el jueves pasado. Esta acción de control debe realizarse en cinco días laborables.

Mientras, el fiscal general, Washington Pesántez, dispuso que el jefe del Departamento de Régimen Disciplinario de la institución, Aníbal Ortiz, inicie los respectivos procesos administrativos en contra de los funcionarios que firmaron ese comunicado público.

La orden de Pesántez surgió tras la decisión de la Asamblea Nacional que, el pasado martes, exigió la destitución inmediata de los fiscales provinciales, directores nacionales, asesores y funcionarios de la Fiscalía que suscribieron ese comunicado, publicado en EL COMERCIO.

Ortiz investigará, de acuerdo al Reglamento de Régimen Disciplinario de la Fiscalía, si el comunicado transgredió normas legales éticas que ameriten una sanción. El Fiscal General reiteró que la investigación será transparente, clara y objetiva y que puede ser observada por el Consejo de la Judicatura y por delegados de la Asamblea Nacional.

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