31 de March de 2012 00:05

La Contraloría establece indicios penales en compra de 70 mil GPS

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Indicios de responsabilidad penal determinó la Contraloría en tres millonarios contratos suscritos por la ex Comisión Nacional de Tránsito (actual Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial), mientras estaba dirigida por Ricardo Antón Khairalla.

Los convenios se refieren a la contratación de 69 960 GPS, con capacidad para ubicación en tiempo real, y a la compra de
600 000 placas y 1,2 millones chalecos de seguridad (dos contratos) para motociclistas. Los contratos suman USD 36 millones y fueron suscritos entre el 2010 y el 2011 y auditados por la Contraloría, cuyos exámenes finales se aprobaron el 10 de febrero y el 21 de marzo pasados.

El principal convenio examinado se firmó con el consorcio Raptor, por USD 26,3 millones. Los auditores determinaron que se concretó la contratación, a pesar de que la firma no cumplió con las especificaciones incluidas en la oferta. Y tampoco acató las observaciones del director del Instituto Nacional de Compras Públicas (Incop), Jorge Luis González, quien observó un sinnúmero de anomalías y el 16 de noviembre del 2011 las denunció formalmente ante la Contraloría.

El 13 de diciembre del 2010, la directora técnica Cynthia Guerrero presentó la creación de la necesidad de la contratación ante Antón. En esencia se justificaba la adquisición para reducir los índices de accidentes de tránsito, pues “actualmente no se cuenta con métodos efectivos e inmediatos de control para ubicación en tiempo real, alertas de emergencia o procesos de apoyo para identificación de eventos… por lo cual es indispensable el control del transporte, mediante un sistema de monitoreo de las operaciones a nivel nacional…”.

Entonces se decidió adquirir centrales de monitoreo despacho CMCC, con el equipamiento de 69 960 GPS en la transportación de pasajeros y carga, con un precio referencial de 40 millones. No obstante, los días siguientes se rebajó el presupuesto del proyecto a USD 26,6 millones.

La licitación se aprobó el 29 de marzo y los pliegos se subieron al portal de Compras Públicas el 29 de marzo. Una semana después, el Director del Incop realizó observaciones a los términos de referencia del proceso, y requirió justificación del presupuesto referencial y el plazo de ejecución.

Los parámetros de evaluación de las ofertas y la falta de especificaciones técnicas, entre otros, fueron los aspectos observados.
Adicionalmente, el Director del Incop solicitó a la entidad rectora del tránsito en el país abstenerse de realizar cualquier acto dentro de la licitación, mientras no justifique las observaciones .

El 20 de abril, Antón solicitó al Director del Incop que “al haber explicado y desvirtuado las observaciones se habilite el sistema informático para continuar con el procedimiento precontractual y se levante su suspensión. No obstante, el 11 de mayo, el principal del Incop insistió en que ninguna de las observaciones había sido corregida ni desvanecida.

Pese a las objeciones, el proceso continuó con la participaron de tres ofertas del Consorcio Recarauto, Consorcio Raptor y Technology Equinoccial Teccial.
Raptor obtuvo 84,25 puntos y ganó la licitación con su oferta de USD 26,3 millones. Esa firma está constituida por Raptormobile Servicios Satelitales Cía. Ltda.; Intelmaster Cía. Ltda.; y Continental Tire Andina S.A.

El contrato se firmó el 15 de junio del 2011, entre Antón y el Representante Legal de Raptor.

Los incumplimientos

Los formularios 2 y 8 de la oferta del consorcio Raptor no incluyeron los datos de las personas jurídicas que lo integran, solo constan los datos del procurador común y de la compañía Raptormobile Servicios Satelitales Cía. Ltda., omitiendo la de las otras, según el examen de Contraloría.

Al presentar certificados que avalaran su experiencia, la empresa solo detalló su operación en 10 contratos, que en algunos casos no correspondían a las certificaciones presentadas y ninguno pertenecía a una firma pública. Esto constituía una causal de rechazo de la oferta.

Además, sobre los contratos notariados de venta y servicios solicitados en los pliegos para acreditar la experiencia del oferente, Raptor presentó convenios suscritos por la compañía Raptor Mobile Perú y Panamá; el único contrato firmado por una de las compañías integrantes del Consorcio oferente fue de arriendo y no de venta. Tampoco presentó ninguna certificación como proveedora, emitida por compañías calificadoras.

Según la auditoría, el Consorcio no acreditó experiencia de, al menos, cinco años en la venta, instalación y prestación de servicios de equipos GPS, lo cual e también motivaba el rechazo de la oferta.

Los bienes adquiridos por la ex Comisión no cumplieron con las especificaciones técnicas previstas en los pliegos y no correspondían al producto contratado.
La entrega de los bienes se programó en entregas parciales, que hasta la fecha de cierre del examen (octubre del 2011) no se cumplían.

Anomalías en contratos de chalecos y placas  

Para la adquisición de1,2 millones de chalecos de seguridad reflectivos, la ex Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (Cntttsv) pagó USD 9,7 millones, en dos contratos. Adicionalmente, USD  6, 4 millones por 600 000 placas para motocicletas. Ambos contratos se celebraron  entre  enero del 2010 y el   2011.

Sin embargo, según un informe de Contraloría, la  Comisión certificó que hasta diciembre del 2011 solo existían 273 144 motos matriculadas a escala nacional. Es decir, que, al parecer,  se sobredimensionó la compra.   
 
Ricardo  Antón Khairala, ex director ejecutivo de la Comisión, fue quien, según el informe de Contraloría, suscribió los dos convenios con Intercontinental de Materiales Compañía Anónima IMC C.A.

Para suscribir los convenios no existió un estudio técnico previo que  señalara  el número de usuarios ni la calidad de chalecos y placas requeridos en diferentes provincias.

Los auditores detectaron  además que la empresa IMC C.A., no reunía la capacidad legal para suscribir los contratos.

En   diciembre del 2010, Ricardo Antón autorizó la prórroga de 51 días para el cumplimiento del contrato.

Esto representó un incremento de 57% del plazo inicial, lo cual fue solicitado por  Yamil Antonio Chedraui, presidente de IMC CA. También se detectó una supuesta subcontratación prohibida, cuando  IMC C.A. contrató a la empresa Take Business Importation & Exportation Cía. Ltda., sin la autorización del Director Ejecutivo.

Adicionalmente, se   constató que los chalecos y placas fueron elaborados por empresas chinas: Zhejiang Yinguang Reflecting y Zhejian Holy Technology. pero Take Business no demostró ser representante o vendedor autorizado de esas  firmas.

Por los retrasos en la entrega de  bienes, el Administrador estableció una multa por mora de USD  208 634, cuando debió ser de   USD1,6 millones.

Puntajes elevados

En relación a los  puntajes del Personal Técnico Calificado, los parámetros se definieron respecto al certificado del personal calificado para instalación y mantenimiento de equipo, emitido por el fabricante del producto; y, por sus conocimientos y experiencia en proyectos de instalación y mantenimiento en equipos de rastreo vehicular.

Sin embargo,  el certificado de capacitación presentado fue emitido en la ciudad de Carlsbad California EE.UU. y no se encontraba apostillado para su legal validez; adicionalmente, de las hojas de vida presentadas por Raptor, se desprende que la mayoría de su personal tiene instrucción básica o secundaria; pero  obtuvo  buena  calificación.

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