Contraloría determina anomalías en 47 contratos

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Estefanía Celi y Lilia Arias.  

La Contraloría realizó un examen especial a 47 procesos contractuales del Consejo de la Judicatura de Transición (CJT), que culminó sus funciones en enero del 2013. El organismo de control determinó que hubo un supuesto incumplimiento de normas técnicas y de control interno en las obras.

Uno de los contratos que fue examinado es el de la construcción del edificio judicial de Cariamanga. Esta obra se inauguró el 14 de noviembre del 2012. Tiene dos espacios para audiencias, oficinas para jueces, áreas para médicos, un psicólogo y un trabajador social. Además, un cuarto lúdico para niños, dos salas para atención al usuario con una capacidad de 70 personas.

La Contraloría determinó que en el contrato de ejecución de ese centro, construido en un terreno de 586 metros cuadrados, se permitieron pagos adicionales sin que se hayan suscrito contratos complementarios. Tampoco se verificó que los movimientos de las cuentas de los contratistas correspondan a los procesos de ejecución de la obra.

Además, se recibieron garantías de fiel cumplimiento de contrato y de buen uso del anticipo que no protegían adecuadamente de riesgos al Consejo. El informe señala que se recibieron garantías emitidas por dos cooperativas de ahorro y crédito que, según la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, no tenían permiso para emitir. Las dos entidades entregaron en total 125 garantías para 10 obras ejecutadas por el CJT.

Estas entidades no estaban autorizadas para "asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de aceptaciones, endosos o avales de crédito", según un oficio remitido por la 'Súper' a la Contraloría.

Sin embargo, la actual directora general del Consejo de la Judicatura, Andrea Bravo, asegura que sí son válidas y ejecutables. "Los estatutos de estas compañías establecen la facultad para emitir garantías. Se ha solicitado a la Dirección Financiera que se verifique".

  • Otros supuestos incumplimientos

Cinco unidades judiciales que iniciaron su construcción durante los 18 meses de la transición aún no son entregadas. Los complejos de Riobamba (Chimborazo), Colta (Cotopaxi), Guaranda (Bolívar), San Miguel (Bolívar) y Quito todavía no se concluyen.

En la que mayores problemas detectó la Contraloría es en la de San Miguel. El contrato de ejecución de esa obra fue adjudicado a un ingeniero en diciembre del 2011, por un monto de USD 1 059 050.

La obra está suspendida desde el 3 de noviembre del 2012, por orden de un Juzgado de lo Civil de Bolívar. Pero la Contraloría asegura que el avance físico es superior a los desembolsos económicos que ha realizado el Consejo.

Además, señala que se aprobaron rubros duplicados y se planillaron valores sin que exista un sustento técnico.

El examen determina que ninguno de los 47 contratos examinados fue subido al portal de Compras Públicas, lo que "ocasionó la inaplicabilidad del principio de transparencia".

Pero la Judicatura responde que estos convenios se adjudicaron por emergencia, lo que eximía de subir al portal el proceso precontractual.

En el examen especial se señala que tampoco se protocolizaron 16 contratos ante un notario, a pesar de que ese es un requisito cuando superan el monto establecido para licitación, más de USD 700 000.

La entidad de control concluye que se adjudicaron contratos a quienes no cumplían con los pliegos (requisitos) en 16 casos y se asignaron 23 procesos de fiscalización a profesionales como consultores individuales en "áreas que no son precisamente relacionadas con su profesión".

Además, no se cobraron las multas por retrasos en 10 contratos. Esto implicó que no se recaudaran USD 321 900.

Al respecto, Bravo asegura que ya se está trabajando en la implementación de las 17 recomendaciones que realizó el organismo de control en su informe. "Ya están corregidos ciertos temas. En 90 días, se informará sobre los avances".

Sobre las multas, dice que los valores que no han sido saldados serían cobrados una vez que se liquiden los contratos y que se está recopilando la información de cada expediente.

Paulo Rodríguez, quien presidió el Pleno del CJT, aseguró que los vocales se encargaban de realizar las políticas de reforma de la justicia, pero que las obras eran responsabilidad de la parte administrativa.

En contexto
El Consejo de la Judicatura de Transición comenzó su trabajo en julio del 2011, después de que la consulta popular del 7 de mayo de 2011 dispusiera la reforma de la justicia en un plazo de 18 meses. En ese tiempo, se ejecutaron por emergencia 165 obras a escala nacional.

No olvide

  • San Miguel. La unidad ya tiene ascensores, pero faltan los acabados. Está suspendida desde noviembre del 2012.
  • Riobamba. No están aprobados los planos. Está paralizado desde diciembre del 2012.
  • Colta. Las obras en la unidad no avanzan desde marzo del 2013, porque se hallaron restos arqueológicos.
  • Guaranda. Está suspendida desde diciembre del 2012, por falta de estudios.
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