13 de November de 2011 00:03

Trabajo comunitario, terapia psicológica y familiar... ayudan a los menores infractores

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Sus manos tiemblan un poco, pero sostiene con fuerza entre ellas una escarapela. El botón está marcado con la frase ‘Sirviendo a mi comunidad’. En noviembre pasado, Jonathan, de 16 años, fue acusado de asalto. Estuvo un día en el Centro de Adolescentes Infractores de Guayaquil, una experiencia que prefiere no recordar.

“Todo fue por un error. Un amigo me invitó a jugar pelota. En una esquina sacó una pistola y asaltó a un señor. Salí corriendo del susto pero la gente me agarró”, cuenta, mientras está frente a sus padres en el despacho del Juzgado Décimo Quinto de Adolescentes Infractores del Guayas.

Tras la audiencia de flagrancia, Jonathan fue retirado del reclusorio y en su lugar se le aplicó una medida socio-educativa. Junto con sus padres tuvo que asistir a charlas con psicólogos, mantener una terapia familiar y asistir a trabajo comunitario en un hogar para personas de la tercera edad.

El proceso duró siete meses. En ese tiempo mejoró la relación con sus padres, subió sus calificaciones en el quinto año de informática que cursa y tiene más metas.

“Aquí me enseñaron a salir adelante. Me caí y me levanté porque me dieron la oportunidad. Ahora quiero ser policía”, dijo entre risas el día en que fue a devolver su escarapela al juzgado, como muestra de que cumplió la medida.

El Juzgado Décimo Quinto de Adolescentes Infractores fue creado hace tres años. Durante ese tiempo ha resuelto el 78% de las 2 884 causas ingresadas.

La abogada Espléndida Navarrete es titular del juzgado. Para ella, la misión que realizan va más allá de las cifras. “La justicia penal juvenil es distinta a la justicia de adulto. No se persigue solo el castigo, sino la reinserción, la educación, la restauración”.

A diario al juzgado llegan entre 30 y 50 jóvenes. Durante tres meses participan en 20 reuniones de apoyo psicológico, tanto grupales como individuales. En la sala de charlas solo hay una mesa y tres sillas. Brayan, de 15 años, se frota con intensidad las manos contra su pantalón. Y mira el reloj. Son las 15:30, la hora de su cita.

“Cuando llegan acá vemos un chico inseguro, inestable, sin valores, con una baja autoestima. Por ese estado tiene ansiedad y agresividad, que luego se refleja en el hogar y en la sociedad. Por eso vemos chicos que pueden asaltar, robar, violar las leyes”, menciona la psicóloga Teresa Caicedo.

De su experiencia diaria, Caicedo define el origen de la problemática juvenil: hogares desintegrados, violencia doméstica, barrios conflictivos que marcan la cotidianidad de los jóvenes.

“El adolescente no tiene una personalidad definida, porque está un proceso para ser adulto. Y en ese proceso necesita del acompañamiento de un adulto, sus padres. Si no están a su lado, entonces surge esa rebeldía con la sociedad”, dice la especialista.

Cerca, en una sala de terapias grupales, solo se oye la voz de la psicóloga Gregoria Figueroa.

El lugar es angosto y está repleto. Las paredes son blancas y en los rincones resaltan pequeños garabatos. En las sillas hay jóvenes con uniformes de colegio, con sus muñecas ataviadas con pulseras, con gorras y pañuelos coloridos.

“Aquí la primera regla es decir la verdad. Solo así veremos frutos. Muchos han cambiado y ustedes también pueden hacerlo”, les dice. La sala está en silencio.

Para la especialista “la cárcel no debe ser la primera opción”. Esto frente a la propuesta del Gobierno para juzgar como adultos a los adolescentes desde los 16 años.

El artículo 30 del proyecto de Código Orgánico Penal Integral, analizado en la Asamblea, plantea que “las y los adolescentes en conflicto con la ley penal, que hubieren cumplido 16 años al momento de cometer una infracción penal, serán imputables penalmente”. Navarrete es enfática y recalca que el tema de los adolescentes infractores debe ser analizado desde el punto de vista de la reinserción y no de la represión.

Para esta jueza el tema debe apuntar a un mejoramiento del sistema judicial especializado en jóvenes. En el 2010, el Programa para la Gestión y Aplicación de medidas socio-educativas para adolescentes en conflicto con la Ley, del Ministerio de Justicia, elaboró un informe sobre estas debilidades del sistema.

El estudio recoge datos entre el 2007 y el 2008, de 11 ciudades del país, y detalla que los adolescentes, generalmente, son recibidos en los Centros de Internamiento los Adolescentes, sin orden del juez, jueza o fiscales.

Además, un gran porcentaje ha sido trasladado en operativos o redadas, hecho que va en contra de las disposiciones expresas de la Constitución acerca de la libertad de movimiento y principios fundamentales de derechos humanos contenidos en el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos.

El mismo informe resalta que los hechos más comunes son contra la propiedad y de tenencia de armas. Y además aparecen el robo agravado, la violación de domicilio con violencia o amenaza, y la violencia sexual.

Por robo, a Roland (16 años) se le aplicó una medida socio-educativa. Tras la puerta del juzgado revisaba con detenimiento una hoja. Era la tarea que le enviaron las psicólogas del lugar. En una semana tuvo que ver los noticiarios de televisión y registrar las noticias relacionadas con infracciones cometidas por adolescentes.

Con un esfero de tinta azul escribió las infracciones que los menos cometían y la TV transmitía.

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