9 de June de 2010 00:00

Comisión pide localizar a 17 desaparecidos

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Redacción Judicial

Del viejo y pequeño cuarto del Centro de Detención Provisional (CDP) de Quevedo solo se escuchaban los gritos de Luis Alberto Sabando. La mañana del 19 de septiembre del 2004, él y Lenin Cedeño fueron detenidos por la Policía de Buena Fe, en Los Ríos.

Pese a que mostraron los permisos, fueron acusados de tenencia ilegal de armas y trasladados a Quevedo. Sabando permaneció hasta las 19:30 en los calabozos del CDP y luego fue llevado a investigaciones. Tras entrar a la sala, Cedeño escuchó a su amigo llorar y suplicar para que los agentes no siguieran con la tortura.

En la madrugada, dos vehículos con las balizas encendidas llegaron a la casa de María Véliz, madre de Sabando, e informaron que su hijo se había fugado del centro de detención. Desde entonces nadie sabe de su paradero.

Este caso se incluyó en el informe que sobre violación a los derechos humanos, reveló el lunes la Comisión de la Verdad (CV). Ayer, este organismo presentó un proyecto sobre Ley de Víctimas.

La intención de esta iniciativa es proteger a los familiares de 465 personas que entre 1984 y el 2008 fueron víctimas de la violación a los derechos humanos.

Mientras la presidenta de la CV Elsie Monge presentaba la propuesta a Fernando Cordero, presidente de la Asamblea, el hermano de Sabando, Carlos, seguía con el relato. “Lenin (Cedeño) salió libre a los ocho meses y contó que Luis gritaba desesperado, porque lo golpeaban en el cuerpo hasta que confiese su culpabilidad”.

Por casos como este, la CV propone en la ley, que en fallecimientos se realice la exhumación, identificación y la restitución de los restos. Y que estos sean entregados a los familiares.

A la Fiscalía General del Estado se pidió que a través del Programa de Reparación por vía Administrativa (PRA), incluido en el proyecto, se busque, identifique y localice a las personas que están catalogadas como desaparecidas.

La propuesta se presentó en una sala del ex Senado de la Asamblea repleta de familiares de víctimas.

Allí estuvo Andrés Casierra. Una bala destruyó el fémur de su pierna izquierda. Cuando la madrugada del 8 de diciembre de 1999, él y seis personas más pescaban en las costas de Atacames-Esmeraldas, tres agentes armados, y que se identificaron como marinos, atacaron al grupo.

Casierra tenía 24 años y solo recuerda que los uniformados comenzaron a disparar, hasta que una bala le impactó y cayó sobre la pequeña lancha. Sus hermanos Eduardo y Sebastián Casierra también fueron heridos y el primero murió 10 minutos después.

Luego de 11 años del hecho, los Casierra recuerdan que el velorio y la atención hospitalaria pagaron con sus recursos. Los marinos llevaron la lancha hasta el puerto de Esmeraldas, el cadáver de Eduardo fue trasladado a la morgue y los heridos al hospital local Delfina Torres de Concha. “No nos dieron ni un solo centavo para nuestras pastillas y los marinos siguen ascendiendo en sus cargos. Lo único que dijeron en ese momento fue que se confundieron con piratas que asaltan a pescadores”, señaló Andrés Casierra.

Por ello, Carlos Sabando pidió del Estado mayor atención a los afectados. En el proyecto sobre Ley de Víctimas se plantea que los familiares de las personas que sufrieron desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales reciban una indemnización de USD 50 000. El informe de la CV revela que la mayor cantidad de ejecuciones se produjo entre 1985 y 1986 (26 casos). Es decir, en el gobierno de León Febres Cordero. Mientras que en el actual periodo son seis. En 25 años, en cambio, se registraron 17 desapariciones.

“Mi madre está mal, no tiene siquiera una tumba para visitar a mi hermano”, indicó Sabando.

En este caso, la CV identificó a seis policías, como posibles responsables del hecho. Para superar en algo las secuelas por este tipo de hechos, en el proyecto de ley se propone que las víctimas reciban atención psicosocial y participen de actividades que ayuden a la rehabilitación física.

Además, los hijos e hijas de personas ejecutadas y desaparecidas tendrán derecho a recibir becas de educación superior, técnica o universitaria o becas de desarrollo profesional o social.

Para ello se creará el PRA. Cordero se comprometió que máximo hasta mañana enviará el proyecto al Consejo de Administración Legislativa (CAL), para su calificación. Por ahora, la CV confirmó que los 118 casos de tortura identificados por la Comisión de la Verdad pasarán a la Fiscalía.

Reacciones

Diego Delgado/ Ex diputado

‘No a la impunidad’

No puede ser que no tengan condena quienes ultrajaron o metieron a muchachas en las celdas de los violadores. O los involucrados en la tortura o en la desaparición de personas. Peor aún quienes desaparecieron a los detenidos.

En mi primer período como diputado (1986-1988), reuní carpetas de por lo menos 114 casos de eliminaciones físicas, desapariciones y casos de tortura. Fui el interpelante de Luis Robles Plaza (señalado por la Comisión de la Verdad), ex ministro de Gobierno de León Febres Cordero (PSC).

Todos los ecuatorianos deben aspirar a un país en el que no exista impunidad. Solo en una nación que mantenga las reglas del juego claras, respecto del derecho humano y la integridad de las personas, se podrá garantizar un mínimo de convivencia. Eso incluye sanción a quienes violen las leyes.

Enrique Herrería/ Ex intendente de Policía (Guayas)

‘Comisión daña a la oposición’

La Comisión de la Verdad se presta únicamente para intentar destruir a los opositores políticos de este Gobierno. Tanto es así que la propia presidenta de dicha Comisión, Elsie Monge, reconoció que no se hizo nada frente a las atrocidades cometidas en el caso Dayuma (2008). Allí se secuestró y golpeó a mujeres, ancianos y menores. No se ha hecho un solo informe o comentario.

No se inserta en este documento de la Comisión lo que ocurrió en esta época porque, obviamente, iba a afectar al presidente Rafael Correa.

Fui Intendente por cuatro años en el gobierno de Borja.

En consecuencia, es perfectamente posible que hubiera podido aprehender a esa persona (refiriéndose a María Banchón, quien consta como víctima en el informe). No puedo hacer un juicio de valor porque realmente no me acuerdo.

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