El aumento en los homicidios activó las acciones ciudadanas. Iniciativas como la conformación de brigadas de seguridad han tomado fuerza en provincias como en Santo Domingo de los Tsáchilas debido al incremento en las muertes violentas.
En este territorio, los homicidios intencionales y asesinatos se incrementaron en 78% entre enero y julio de este año, con relación al mismo período del 2021, según cifras del Ministerio de Gobierno.
Esta provincia ha sido señalada como una de las más violentas en el país junto con la zona 8 de Guayaquil, Los Ríos, Manabí, El Oro y Esmeraldas.
La pérdida de 135 vidas este año y 30 en 2021 mantiene conmocionados a los habitantes, que reaccionaron ante la viralización de videos subidos en redes sociales.
Uno de esos hechos ocurrió en contra del hijo de un exasambleísta, a mediados de este mes. Pero no solo fue ese crimen.
En la ruralidad, donde antes se registraban casos esporádicos, hay preocupación.
Violencia más allá de ciudades
La parroquia rural Luz de América está separada por 23 kilómetros de distancia con Santo Domingo. Los negocios que están ubicados en el centro de esa zona son claves en la conexión entre las provincias Tsáchila y Los Ríos.
Desde hace un mes, los comerciantes de esa parroquia, de 13 326 habitantes, sufren por los robos, extorsiones y atracos a clientes.
Sus habitantes se movilizaron la semana pasada a la capital de la provincia para exigir que la Policía incremente la seguridad en los 300 negocios entre restaurantes, paradores, centros de acopio agrícolas, gasolineras.
Precisamente ahí surgió una propuesta para la creación de una brigada de seguridad ciudadana, integrada por 50 personas.
La petición fue acogida por la Gobernación y Policía Nacional con base en el Acuerdo Ministerial 1845 de 2011. Esa normativa señala que el objetivo de esas brigadas es organizar a la comunidad para fomentar la protección de las personas, bienes y orden público.
Esa propuesta sirvió para que en otras zonas se organizaran para solicitar similar estructura ciudadana. Hay 10 peticiones de civiles que están dispuestos a integrarse en esas brigadas.
La Policía ya venía trabajando en la conformación de otras, hasta abril pasado. Entonces fueron capacitadas 150 personas, que también ayudaron a coordinar el funcionamiento de botones de pánico, alarmas y cámaras comunitarias que están enlazadas con las unidades de policía comunitaria.
Napoleón Vélez, dirigente en la comunidad de Luz de América, señaló que el problema es que no hay suficientes policías para vigilar a los habitantes.
Tampoco hay equipamiento para coordinar acciones cuando se reportan los delitos. El presidente de la Junta Parroquial de Alluriquín, Julio Moreno, indicó que los agentes tienen dificultades para llegar a los 52 recintos de su zona, por la falta de vehículos.
Si bien se envían reportes al ECU 911 y son atendidos, los uniformados se tardan en llegar o no arriban al sitio, agregó. Moreno aseguró que están dispuestos a apoyar a la Policía tal y como lo hicieron para construir la UPC.
En Santo Domingo de los Tsáchilas, entre enero y julio de este año sucedieron 1 030 robos a personas, domicilios, carros y unidades económicas.
En el mismo período del año pasado fueron 1 064 denuncias y el año previo a ese ocurrieron 834.
En la prepandemia (2019) las denuncias fueron 1 401. Ante este auge delincuencial, el Consejo de Seguridad Ciudadana de Santo Domingo dispuso la entrega de siete camionetas. La Policía cuenta con 22 patrulleros, pero están con problemas mecánicos y deterioro.
Dinámicas delictivas
La violencia en Santo Domingo ha sido asociada al conflicto entre bandas delictivas. Los enfrentamientos sucedidos en la cárcel de esta provincia, a mediados de este año, tiene aún repercusiones en la población.
La Policía señala a la organización delictiva R7 como la causante de distintos delitos. La semana pasada fueron detenidos siete integrantes, acusados de atracos, extorsiones, asalto a mano armada, robo de carros, etc.
La Cámara de Comercio viene alertando casos de extorsión en los comercios. Pese a las acciones de las autoridades, más negocios han sido sorprendidos por extorsionadores, que piden altas sumas de dinero a cambio de dar seguridad.
La mesa de seguridad provincial anunció en julio pasado que se retomarían los operativos conjuntos entre policías, militares y cuerpos de seguridad local. Pero estos se han realizado de forma esporádica con la presencia de las FF.AA.