9 de March de 2011 00:00

Los centros que comercializan oro son vulnerables a la usura

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Los hombres llegaron en una camioneta y cargaron los muebles de la casa. Eran tres agentes de un banco y tenían una notificación de embargo por retrasos en cuatro cuotas de USD 110 cada una. Era viernes, antes de las 18:00.

Estela B. recuerda que estaba sola y que los empleados bancarios se detuvieron solo después de que se comprometiera a cubrir toda la mora hasta las 09:00 del siguiente día. “Luego de tanto rogar dejaron de subir las cosas al carro, pero igual no tenía dinero para pagar”. Decidió empeñar las joyas y lo hizo esa misma noche en un local que en el centro de Quito anunciaba atención las 24 horas.

La Policía no descarta que la razón social de estas casas de compraventa de oro sea solo una fachada para encubrir la usura.

La hipótesis se reforzó cuando el año pasado, en las bóvedas de ocho casas similares, los investigadores hallaron USD 20 000. “Era demasiado dinero y no compensaba solo con la compraventa de oro. Lo que hoy estamos tratando es establecer si tienen alguna relación con los prestadiarios que operan en motos”, menciona un agente de Inteligencia policial.

Por dos anillos y una cadena (35 gramos), a Estela B. le prestaron USD 350 y debía pagar en un mes. “Para cubrir toda la deuda con el banco pedí a un vecino”.

En estos locales de compraventa de oro, a cada gramo lo valoran en apenas USD 10, mientras que en el mercado legal y en el Monte de Piedad del IESS se paga hasta USD 30. Inteligencia revela que estas casas de empeño operan en redes integradas por extranjeros y que extendieron su influencia a ciudades como Guayaquil. Desde esa ciudad, Gerónimo Rojas dice manejar la Preasociación de locales Simón Bolívar, que compran y venden oro.

Según el dirigente, a la organización pertenecen 50 dueños de 92 negocios en el país.

Hasta junio del 2009, ellos ya estaban agrupados en una asociación, pero ese año el Ministerio de Industrias y Productividad anuló el acuerdo ministerial mediante el cual el 24 de mayo del 2006 se creó Asecom (la Asociación de comerciantes de bienes inmuebles y afines).

El asesor jurídico de la Preasociación, Óscar Pineda, reconoce esta anulación y dice que la medida se adoptó porque se los “ha intentado vincular con chulqueros, cachineros y hasta con sicariato”.

En uno de estos locales, en el sur de Quito, un joven extranjero dice que no se presiona para cobrar los préstamos y que dan “todas las facilidades” para recuperar las joyas que los clientes empeñan.

Se refiere a que si los usuarios no pagan en un mes, pueden extender el plazo, pero con una condición: a 30 días el interés es de USD 1 diario y a 60 días son USD 2 cada día. La tasa sube mientras mayor es el plazo. “Si no nos pueden pagar simplemente se efectiviza el contrato de compraventa”, dice el extranjero.

Cuando se cumplió el mes de haber recibido el préstamo, Estela B. intentó recuperar sus alhajas, pero un hombre de la casa de empeño le dijo que no debía pagar los USD 350 prestados inicialmente, sino 380. “Tuve que cancelar, pues no podía hacer nada, porque cuando empeñé las joyas me hicieron firmar un contrato de compraventa adelantado”.

Dicen que eso es como una especie de garantía. “Si no pago se efectiviza el documento”. Rojas defiende este sistema denominado retroventa y dice que lo respalda el Código Civil. “Estamos tratando de desvirtuar la vinculación de estos locales legales con otro tipo de negocios”.

Pero tampoco han denunciado a negocios que cometen ilícitos.

Los agentes de la Policía descubrió que en estos centros se encontraron orificios camuflados en el piso y en donde se guardaba hasta USD 5 000 .

Una debilidad legal

El 18 de noviembre del 2010, la Corte Constitucional (CC) emitió la sentencia número 029-10-SCN-CC. El organismo declaró la inconstitucionalidad “por el fondo” del artículo 569 de Código Penal, en la frase: “'cuya procedencia legal no pueda probarse”. Según el juez XXI de flagrancia, Santiago Coba, esta reforma en la norma implica que las personas, que en su poder se hallaren pertenencias cuyo origen no puede ser justificado, no podrán ser detenidas, como sí ocurría hasta antes de la reforma.

El fiscal de la Unidad de Patrimonio Ciudadano, Javier Bósquez y fuentes de la CC y de la Policía consultados por este Diario, coinciden con el criterio de Coba. Según Bósquez, va a ser difícil que se compruebe que los celulares hallados en las cachinerías son robados. Esto, “porque la gente no denuncia”. Y dice que esto es una debilidad jurídica y una “flexibilidad con la delincuencia”.

Agentes de la Policía sostienen que entre los locales de compraventa de oro hay centros donde se venden alhajas robadas. Tras la reforma introducida por la CC, lo que ahora se puede hacer cuando se hallen objetos de dudosa procedencia es decomisarlos. El fiscal Bósquez tiene reparos: “Pero las cosas no nos van a explicar su procedencia. Esto significa una proliferación del delito”. El pronunciamiento de la Corte incluso llevó a reuniones urgentes entre los jueces de flagrancia y fiscales (cada uno por separado). Según Coba, la cita se hizo para analizar los mecanismos para actuar ante estos casos. Desde la vigencia de la nueva norma, Coba ha conocido más de 10 casos de personas con objetos cuya procedencia no fue justificada y fueron liberadas. “No puedo darles prisión, porque después me van a decir que estoy prevaricando y me pueden enjuiciar”.

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