9 de November de 2011 00:01

Los casos de abusos a menores no se denuncian por vergüenza

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Natalia permanece en silencio junto a la ventana de su vivienda, en el piso alto de una casa de paredes cubiertas con tablones de madera, en un sector del noroeste de Guayaquil. La silueta de la pequeña, de 13 años, evidencia un embarazo de seis meses.

Natalia espera a su bebé–un varón, según le anunciaron a su madre– para mediados de febrero próximo, justo cuando habrá cumplido los 14 años.

Esperanza, madre de la pequeña, la observa desde un gastado sillón de madera. En el pequeño espacio solo hay cabida para una vieja mesa, un estante donde reposa un televisor y, separadas por un tabique de caña, dos camas.

“La niña no quería saber nada de la criatura, se sentía muy triste por dejar de estudiar. Al final logramos convencerla. Le prometí que la vamos a ayudar a criar al niño, y que volverá a estudiar”.

En la escuela donde Natalia estudiaba junto con su hermano menor, en otro sector de la ciudad, los maestros comenzaron a “hablar mal” de ella, cuando se supo de su embarazo, dice su madre en voz baja, tratando de evitar que la pequeña la escuche.

Esperanza, de 40 años, no esperaba convertirse en abuela de esa forma. Cuando a la niña le empezó a crecer la barriga acudió a la Maternidad Mariana de Jesús y allí le confirmaron que la menor estaba embarazada de cuatro meses. “Solo lo confirmé, porque aunque la niña es gordita, ya se le notaba una barriguita”. Natalia asiente, mientras con su mano derecha sujeta delicadamente su abultada barriga.

El pasado 26 de septiembre, Esperanza y su actual conviviente presentaron una denuncia en la Fiscalía por abuso sexual. La progenitora acusó a Jorge G., de 71 años, y supuesto docente de una escuela donde se educaba Natalia, del embarazo de la menor. “Don Jorge ya sabía lo que había hecho. La primera vez me dijo: ‘¿Qué harías si supieras que tu hija estuviera embarazada?”, dice ahora, refiriéndose al inculpado.

Esperanza laboró durante 14 años en la escuela donde estudiaban Natalia y su hermano menor, un plantel ubicado en la vía a la Costa, en el norte de la urbe. Dejó el trabajo cuando descubrió el embarazo de su hija. Desde entonces Natalia no va a clases.

Esperanza quiere que su hija vuelva a estudiar cuando nazca el bebé. “Ella extraña la escuela, es una niña tranquila a la que le gustan los libros”, afirma.

Roberto Macías, abogado de Esperanza, cuestiona que la investigación por la denuncia de abuso sexual no evidencie avances. Critica que la Fiscalía no haya solicitado la prisión preventiva para el acusado, lo que a su parecer facilitó su fuga. “La Policía lo detuvo, pero luego lo pusieron en libertad”. Desde entonces el maestro no ha retornado al plantel.

Dentro de la investigación por la denuncia, el viernes próximo la Fiscalía realizará el reconocimiento del lugar donde se habría registrado el abuso, la escuela donde estudiaba la pequeña.

“Nos preocupan mucho estos casos. Lo que pasa con estas niñas, con los embarazos. Se trata de un embarazo impuesto, por una situación de violencia”, dice Tania Ortiz, presidenta del Centro de Acción para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam), de Guayaquil. Entre sus acciones, la entidad presta apoyo a víctimas de abuso sexual.

Ortiz considera que en estos casos hay una práctica social “que tiende a culpar a la víctima, a la adolescente, porque vestía provocativa o porque era la novia o porque simplemente aceptó a ir con el novio a una discoteca”.

El Cepam atiende mensualmente un promedio de 30 casos de menores abusadas. “La familia tiende a encubrir estos casos. El mayor tipo de abusos contra niños y adolescentes viene de personas a quienes les une una relación de afecto y, por lo tanto, los coloca en una situación compleja de hablar y denunciar”, sostiene.

Las cinco unidades de Violencia Sexual e Intrafamiliar que se crearon el año pasado en la Fiscalía del Guayas atienden actualmente, cada una, un promedio de 12 denuncias semanales.

En esas unidades fiscales, sin embargo, no se lleva un registro estadístico de cuántos de esos casos corresponden a menores abusadas. Diana Cueva, una de las fiscales de esta unidad especializada, menciona que si el abuso sexual a una menor va acompañado de un embarazo, se considera como un delito con agravantes. “En estos casos, la pena para el abusador puede llegar a los 25 años”.

“No hay estadísticas claras de abuso sexual a menores, lo que se conoce son casos clínicos. Desgraciadamente sucede con maestros, con personas que tienen relaciones muy cercanas con los niños”, refiere Enrique Aguilar, coordinador nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud.

El profesional dice que si el padre sospecha de esa situación, debe llevar a su hijo a un profesional de Salud Mental, para que determine qué está pasando con el pequeño. “El abuso sexual niega a sus víctimas el poder continuar una vida con dignidad. Los hace vulnerables a otras situaciones graves como el embarazo precoz y las enfermedades de transmisión sexual”, dice el profesional.

En las unidades de Violencia Sexual de la Fiscalía los casos de menores abusadas son tratados paralelamente con psicólogos o son remitidos a organismos que trabajan en terapias. “Afortunadamente ahora hay más centros que trabajan con las víctimas”, indica la directora del Cepam.

La Fiscalía implementó además espacios especiales en sus dependencias, donde la víctima de abuso sexual puede identificar anónimamente al victimario.

La madre de Natalia quiere que el hombre acusado de abusar de su hija sea encarcelado. Dice que la pequeña ahora recibe tratamiento especial en la Maternidad Mariana de Jesús y apoyo psicológico de la Fiscalía. “Quiero que mi niña siga educándose, ella quiere estudiar belleza o costura”, menciona Esperanza.

Punto de vista
Ma. del Carmen García/ Subjefa Hosp. Psiquiátrico
‘Los niños no deben temer a avisar’

El asunto básico es prevención. Hay que enseñarle al niño que su cuerpo no debe ser tocado por nadie, que no deben temer a  avisar.

En la mayoría de los casos,  el abusador se gana la confianza del niño. Por lo general son personas con autoridad, y es mucho más fácil tener autoridad sobre un niño porque son más vulnerables, más sensibles, fáciles de convencer.

Nosotros como sociedad debemos enseñarles a conocer su cuerpo, a avisar a sus padres, a no temer ante amenazas. Y los padres deben aprender a escuchar. En muchas ocasiones el niño lo dice, o llora porque no quiere ir a determinado sitio.  Son signos de que algo pasa. Hay que averiguar si eso sucede por ansiedad de separación o por algo más.

Por otra parte, las autoridades educativas deben saber a quiénes contratan como maestros, porteros, conserjes. Se podría evaluarlos psicológicamente, no solo preocuparse de lo académico.

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