2 de October de 2012 00:01

El caso Glas llegó a la Interpol

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 1
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 0

La defensa de la madre de la niña de 14 años que denunció a Jorge Glas Viejó, padre de un  alto funcionario de Gobierno,   por un supuesto  abuso,   recurrió a instancias internacionales y  denunció el caso. Hace 15 días,  dos profesionales del Colegio de Abogados del Guayas, gremio que patrocina la defensa de la menor, viajaron  a Estados Unidos, a la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Allí  expusieron el hecho.  La defensa de la niña espera que el caso contra Glas Viejó sea admitido por  el organismo internacional.

Pedro Granja, secretario general del Colegio de juristas,    dijo que   el caso se denunció ante   la Interpol  (Policía Internacional) y en la Embajada de Estados Unidos .

Glas tiene una orden de detención que fue emitida   por un juez de flagrancia en septiembre del 2011, en Guayaquil,   y ratificada un año después,
luego de que se iniciara una instrucción fiscal por el delito de violación.

La semana pasada, el  hijo de Glas Viejó recibió un homenaje en un hotel de Guayaquil.   La Federación de Abogados de la misma ciudad  decidió realizar un acto para apoyar a la menor,  presunta víctima de abuso.

Un  censo
En Ecuador, 1 de cada  4  mujeres vivió violencia sexual, según una encuesta nacional hecha en el 2011.

Según la encuesta del INEC,  el 70,5% de las mujeres consultadas  señaló que sufrió violencia entre los 16  y  20 años.

Según el Código de la Niñez, el abuso sexual constituye todo contacto físico o sugerencia de naturaleza sexual a los que se somete a un niño.

El abuso a niños no se denuncia por  miedo

La niña de 14 años se aferra a un viejo peluche de felpa. Solamente la luz que entra por un agujero en el techo muestra el rostro de la menor.

Su padre está de pie, en el cuarto en penumbra. Es la sala y el dormitorio de la casa y, allí, él cuenta que un hombre, a quien su hija dice identificar como profesor de su escuela, la subió a la fuerza a un vehículo e intentó abusar de ella. “Estaba regresando a casa con una compañera de clases, cuando esta persona paró el carro y la metió dentro, para manosearla”. La menor escucha en silencio, frotándose las manos con nerviosismo.

Esto habría ocurrido el lunes 24 de septiembre, a cuatro cuadras de un plantel fiscal del Guasmo, en el sur de Guayaquil, donde la adolescente se educa por la tarde.

Ese mismo día, el padre de otra estudiante de 15 años denunciaba en la Fiscalía de la Policía Judicial al profesor de un instituto de Informática, también por presunto acoso sexual. El sospechoso de este caso fue detenido.

[[OBJECT]]

No son casos aislados. La Sala de Primera Acogida del Ministerio de Salud, en el norte de Guayaquil, atendió a 104 mujeres víctimas de violencia sexual entre enero y agosto de este año. El 26% fue menor de 18 años. “Este registro es bajo, si consideramos que hay muchos padres que tienen miedo de denunciar lo que les ocurrió a sus hijos. Sienten vergüenza”, dice Alexandra Matamoros, directora de ese espacio.

La niña que denunció al profesor por intento de violación fue llevada al departamento médico de la Fiscalía para certificar la denuncia. Según su versión, el presunto agresor la habría acosado con anterioridad dentro y fuera del centro donde estudia.

Tatiana Ortiz, directora del Centro para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam), mantiene que desde instancias educativas se callan muchos casos de violencia sexual hacia estudiantes. “Hay varias formas de naturalizar la violencia sexual. Desde el ámbito educativo se lo hace cuando se calla para guardar la imagen de un plantel o del profesor que cometió la agresión. Así, termina siendo más importante que la integridad sexual y los derechos de los niñas víctimas de agresiones”.

En Guayaquil, el Cepam da seguimiento y patrocinio legal a 40 casos de violencia sexual. Ortiz lamenta que -en la instancia judicial- si la víctima no demuestra físicamente que hubo abuso sexual, no hay el delito. “Es la víctima quien debe demostrar su inocencia, por no haber resistido al abuso o porque guardó silencio o porque no tiene huellas de que el delito se cometió”.

En el 2004, en su informe ‘Situación de los jóvenes en Ecuador’, el Banco Mundial ya alertó que uno de cada cuatro estudiantes de colegios sufrió una experiencia de abuso sexual. Para el 2010, en un informe similar sobre Ecuador, el Comité contra la Tortura, de la ONU, mostraba su preocupación “por las altas tasas de abusos y violencia sexual de menores en los centros educativos”. El informe del Comité, sin embargo, no detalla cifras específicas sobre casos en el país.

Ortiz se remite a cifras del censo del 2010 para evidenciar la magnitud del problema. Ese registro estableció que 3 684 menores de entre 12 y 14 años ya eran mamás. “Un porcentaje importante de esas madres estaba estudiando. Además, de esa cifra, 289 ya habían tenido otro hijo”.

Según el Código de la Niñez y Adolescencia, todo acto sexual con un menor de 14 años se considera violación.

Los datos más recientes de la Encuesta de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, elaborada por el INEC, entre noviembre y diciembre pasados, establecieron que el 25,7% de las mujeres consultadas sufrió violencia sexual. De ese grupo, el 40% de ella vivió el abuso antes de los 17 años.

En su informe sobre Ecuador, la ONU tomó como referente el caso de la adolescente Paola G., quien se suicidó en el 2002, cuando tenía 16 años, luego de haber sido víctima de abuso sexual desde los 12. Su caso fue denunciado por el Cepam y el Centro de Derechos Reproductivos, una ONG internacional, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Según la demanda, la niña sufrió reiterados abusos por parte del vicerrector de su colegio. Como consecuencia de estos quedó embarazada. En el petitorio a la CIDH, los demandantes detallan que “Paola decidió interrumpir el embarazo con una inyección que le colocaría el médico del plantel, pero este condicionó su ayuda a que la niña accediera a sostener relaciones sexuales con él”.

Paola se suicidó tras ingerir diablillos. La Fiscalía abrió una indagación al docente pero la causa prescribió luego de seis años. La CIDH admitió el caso en el 2008 y, según el Cepam, actualmente existen conversaciones entre el Estado y los demandantes para alcanzar un acuerdo, que implicaría una indemnización mínima.

“Creo que tanto a la madre de Paola como a los demandantes lo que más nos interesa es exigir que el Estado tome todas las medidas necesarias para que la impunidad frente a estos delitos sexuales en el ámbito educativo no continúen”, manifiesta Ortiz.

La estudiante que el 25 de septiembre pasado denunció a su profesor, por presunto acoso sexual, está intranquila. Sobre el hecho, la Fiscalía inició una indagación por tentativa de violación contra el profesor del plantel donde estudia la afectada. Ella no ha vuelto a clases. “Siente mucha vergüenza, estamos pensando en cambiarla de plantel”, dice el padre.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (0)
No (0)