Cuatro años y siete meses han transcurrido desde aquella llamada. Eran las 07:00 del 13 de septiembre del 2009 (hora de Francia), cuando Yulí Bastín, amiga de Charlotte Mazoyer, llamó a sus padres para contarles que ella había fallecido.
Un día antes, la vulcanóloga de 27 años había recibido dos impactos de bala en el pecho, en Guápulo (centro-norte de Quito). Luego la trasladaron a una clínica privada de la capital en donde murió. Los familiares de la chica argumentaron que en ese sitio le negaron la atención oportunamente. Por ello demandaron a Francisco L., entonces gerente del centro de salud, y al médico Carlos L.
La audiencia de juzgamiento debía realizarse el pasado martes 8 de abril en Quito, pero se pospuso para el 14 de mayo. Esta fecha fue cambiada nuevamente y la diligencia se realizará hoy, a las 08:00, en el auditorio de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
Juan Francisco Ospina, representante legal de Francisco L., señala que su cliente ha sido víctima de manipulación y chantaje político durante cuatro años, ya que Mazoyer “murió por las graves heridas sufridas por los disparos y no por falta de atención al no presentar una tarjeta de crédito”.
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Su oficina se encuentra en el cuarto piso de un edificio ubicado en la González Suárez. Allí, él arrima sus brazos sobre una mesa de madera y explica que la familia de la víctima trató de llegar a un acuerdo económico. “Hay 12 peritajes médicos, legales, de video, que determinan que no existe responsabilidad”.
El jurista agrega que, en la historia del país, nunca se ha dado un caso en que sea procesado un representante legal de una clínica por una presunta falta de atención médica. “Las personas jurídicas no son sujetos de derecho penal. El doctor Francisco L. está procesado como representante legal y eso es una brutalidad jurídica”, dice.
Estas declaraciones son rechazadas por la defensa de la familia Mazoyer. Su abogado, Emiliano Donoso, asegura que Francisco L. fue el autor intelectual de que se instauren en la clínica las políticas de condicionar la atención a los pacientes que no presentasen documentos. “Determinó que ninguna persona sea atendida sin la presentación de una tarjeta; sin importar la gravedad médica que presente”.
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Viaje desde Francia a Quito
Bernard Mazoyer tiene previsto asistir a la audiencia de juicio en contra Francisco L. y Carlos L. La última vez que vio a su hija en persona fue en mayo del 2009, cuatro meses antes de morir. Ese mes, Charlotte llegó a Francia para asistir a la boda de una prima. Uno de los recuerdos de su padre es que realizó un concurso de cocina con la joven: ella preparó cebiche de camarón y él un encocado de pollo. Así ella le enseñó los platos típicos de Ecuador.
Luego, la joven regresó a Quito para seguir sus investigaciones. La vulcanóloga escribía e-mails todas las semanas a su familia y estaba feliz porque el director del instituto en donde trabajaba le dijo que consiguió una visa para que ella permaneciera dos años más en el país; su sueño era quedarse en Ecuador. El padre cuenta que los agresores apagaron su ilusión.
Por eso, a Bernard Mazoyer le molestaron las aseveraciones del abogado defensor de Francisco L., quien señala que el enamorado de Charlotte le disparó el 12 de septiembre del 2009. “Su novio estaba en Colombia el día que ella fue asaltada. Los asesinos son personas desconocidas (…)”, recalca.
Las secuelas del juicio también impactaron a Francisco L., quien padece problemas cardíacos desde hace cuatro años tras lo ocurrido. El hombre, de 72 años, asegura que no tiene que ver en la muerte. “El 12 de septiembre estaba en la parroquia El Quinche”. Él resalta que fue sobreseído definitivamente hace dos meses por este caso.
Según Ospina, el caso se abrió porque existe presión política de la Embajada de Francia. También insiste en que la parte acusadora lo buscó para lograr un acuerdo. Bernard Mazoyer lo rechaza: “Di las instrucciones a nuestros abogados de nunca conversar con ellos de arreglos…”.
En contexto
- La vulcanóloga francesa Charlotte Mazoyer, de 27 años, fue asesinada en Guápulo el 12 de septiembre del 2009. Sus padres dicen que una clínica privada le negó la atención luego de que no presentara garantías económicas. Por eso demandaron al centro médico.