6 de January de 2011 00:00

El Cartel de Sinaloa extendió sus tentáculos a 15 países de América

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Los carteles mexicanos de la droga operan en América Latina. Un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos lo revela. Según el documento, al que este Diario tuvo acceso, Ecuador consta en el mapa de una de esas mafias: el Cartel de Sinaloa.

Este tejió nexos en 15 países de la región, según EE.UU. El Cartel del Golfo-Zetas, en cambio, está en 10 países, incluido Brasil. El informe corresponde al 2009, pero el lunes la Fiscalía de Perú proporcionó detalles de esa presencia del Cartel de Sinaloa -con grupos armados- en la frontera entre ese país y Ecuador.

Desde Lima, la Fiscalía señaló que en la frontera el Cartel de Sinaloa está dirigido desde Guayaquil y Cariamanga (Loja) por Rubén Castro Gómez, alias ‘Gordo’. Él tiene a William Samboni Macías como coordinador en Perú.

Ayer, el fiscal del Guayas, Antonio Gagliardo, reveló que existen detenidos en este caso y que una agente de la Fiscalía del Guayas se desplazó a Perú para coordinar con la Fiscalía de ese país una investigación conjunta.

En Loja, a finales del 2010, la Fiscalía abrió una instrucción fiscal en contra de dos personas nacidas en Cariamanga. De las primeras investigaciones se desprende que ellos estarían vinculados al Cartel de Sinaloa.

En Lima se informó que la investigación de la Fiscalía peruana se ha hecho en el último trimestre del año 2010 en conjunto con la Fiscalía Antidrogas del Guayas.

El presidente Rafael Correa rechazó que exista una célula del cartel mexicano en el país. Dijo que pedirá información a la Fiscalía de Perú para continuar con las investigaciones. “Somos uno de los países más exitosos en la captura de drogas y aquí (en Ecuador) no existen cultivos”.

Correa defendió el trabajo de la Policía Antinarcóticos. Un informe de esta unidad de élite señala que de enero a noviembre del 2010 se decomisaron 17,7 toneladas de sustancias ilegales en el país. Es decir, 50,3 toneladas menos que en el 2009, cuando los agentes aprehendieron 68.

La Policía ha detectado cuatro rutas frecuentes para trasladar la droga dentro del país. La primera es por Tulcán y 32 pasos secundarios desde la frontera hasta Quito. La otra es Esmeraldas. Desde esta provincia se utilizan dos vías: la Calacalí y Santo Domingo. A esta ruta se suma la que comienza en Sucumbíos. En la frontera sur, Antinarcóticos revela que las operaciones involucran provincias como Loja y El Oro, aunque la red termina en Guayas y sus rutas marítimas de transporte. Según los uniformados, desde allí el alcaloide es llevado al exterior.

Únicamente en el primer trimestre del 2010, en Loja, El Oro y Guayas se incautaron 4,4 toneladas de droga, según la Policía.

El diarioLa República (Perú) difundió declaraciones del fiscal Luis Arellano Martínez, quien señaló que son “entre 40 y 60 personas las que operan en Ayabaca, Sierra norte del departamento de Piura, con armas de largo alcance, granadas y equipos de comunicación satelital. Se presume que las bandas operan desde la década de 1990 y que asesinaron a nueve policías y 16 civiles”.

Las investigaciones revelaron que los hombres operan, por ejemplo, con lanzagranadas, granadas de mano y equipos de comunicación satelital modernos.

La organización armada está dividida en dos grupos. El primero se encarga de acopiar y procesar la droga y otro que se encarga del traslado del alcaloide a Ecuador.

La idea es que desde aquí se comercialice en Europa o EE.UU.

El Cartel de Sinaloa, que lidera Joaquín ‘El Chapo’Guzmán, ha tenido una mayor capacidad de extender sus actividades delictivas, según Estados Unidos.

Además de ese informe, autoridades de Venezuela, República Dominicana y Costa Rica confirmaron la presencia de actividad criminal de esta organización en su territorio, como parte de sus planes de “internacionalización”.

Su fortaleza en México, donde tiene influencia en 17 estados, le permitió ganar terreno en 80 ciudades estadounidenses en la última década, desplazando incluso a los colombianos en el mercado de las drogas. Esto le abrió las puertas para realizar transacciones directas con proveedores como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), sin intermediarios. Sus actividades delictivas se han extendido también a España, Alemania, Francia, Suiza, Italia y Australia.

Quito

Luis Logacho

víctima de la delincuencia

‘Mi camioneta pasó por tres dueños’

Ese día acompañé a mi primo a una casa por el sector del Colegio Aeronáutico (norte de Quito). Él quería ver un vehículo que iba a comprar. Dejé mi camioneta Toyota verde en la calle y entré con él a ver el auto. Al salir, mi carro ya no estaba. Estoy seguro de que los ladrones me seguían. Presenté la denuncia en la Policía Judicial; en la Fiscalía hicieron un informe para asignarme un agente. Hasta ahí llegué con las investigaciones y me compré otra camioneta.

Eso ocurrió hace seis años, hasta que en abril del 2010 me enteré que mi vehículo constaba en la base de datos del SOAT y que desde el 2004 ha pasado por otros tres dueños. Primero lo habían legalizado en Chone, luego con documentación falsa lo habían vendido en Babahoyo y después en Santo Domingo. Solo hubo adulteraciones de documentos, pues se mantenía exactamente igual, con el mismo color.

Con una orden de incautación del juez XXI de Quito logré recuperarla. El último dueño me dijo que la había comprado hace un año. Ahora, mi Toyota está en los patios de la Policía Judicial, pero tienen que darme un informe y así acercarme al fiscal para que me indique los documentos que debo presentar. El trámite se alarga y lo único que quiero es recuperarla para transportar material de construcción.

La propuesta

Gabriel Churuchumbi

Dirigente de la comunidad Cariacu (Cayambe)

 ‘A crear políticas públicas’

Los dirigentes y gestores tenemos que crear una nueva política pública de seguridad ciudadana que involucre a la gente, sin importar la condición social, económica, etnia o cultura.

Para que haya una garantía de seguridad deben existir políticas multisectoriales. Yo creo que habría menos impunidad si se aplicase un ‘software’ informático que permita dar seguimiento a los diferentes casos delictivos que se presentan. Esa es una reforma de carácter estructural en el sistema de justicia del país.

La justicia ordinaria e indígena deben trabajar de forma interrelacionada. A veces, los casos de las comunidades indígenas son tratados en la Fiscalía ordinaria. Entonces, esta tiene que remitir a la Fiscalía indígena para que sea juzgado dentro de su entorno, pero eso no funciona.

Lo correcto sería que si alguien agredió o robó en un pueblo indígena a un compañero que no es indígena, se tiene que remitir a la justicia ordinaria.

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