15 de March de 2011 00:00

Carlos Reyes: La reforma judicial no se logrará con una consulta popular.

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 0
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 0

Entrevista a Carlos Reyes, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador.

¿Es necesaria modificar la composición del Consejo de la Judicatura enmendando a la Constitución?

Nuestra Facultad de Jurisprudencia tiene un pronunciamiento definitivo. Hemos expuesto desde el principio que, en el país, no tenemos un poder judicial y es necesario crearlo, pero como lo determina la Constitución de la República.

¿No vía consulta?

El pueblo debe elegir directamente a sus jueces. Esa es la única vía que plantea el texto constitucional. Este reconoce que la única autoridad es el pueblo y este debe elegir y conformar los organismos de la República.

¿En votación, como el Ejecutivo y Legislativo?

Ellos siempre han sido elegidos por el pueblo, pero no así el poder Judicial que ha sido manoseado por el Gobierno, Congreso, comisiones de notables, comisiones internacionales y dictaduras. Lo que se quiere con la consulta es consagrar una autocracia y no una democracia.

¿Autocracia es regresar a otros tiempos en los que había un poder único?

Sí. Es decir, el remedio va a ser peor que la enfermedad.

¿Al nivel de la ‘Pichi’ Corte?

Exactamente. No quiero ser adivino, pero sí quiero advertir a los ecuatorianos que todo poder que no venga del pueblo es ilegal y está fuera del contexto democrático, a cuyo sistema se acogen las naciones civilizadas, donde la cultura y el desarrollo son verdaderos ejemplos del primer mundo. Ahí sí todo funciona con base en el Régimen democrático, es decir, son los jueces quienes deben ser elegidos por el pueblo.

¿Qué propone usted frente al problema que menciona ?

Hemos convocado a un foro nacional a mediados de abril, en el que todos los abogados de la República vamos a dar un pronunciamiento de cómo debe organizarse la Función Judicial.

¿No temen que sus propuestas se queden en el aire y nadie las tome en cuenta?

Lo importante es que, si triunfa la tesis del Gobierno, como así creemos que va a suceder, tendremos la seguridad de que advertimos lo que ocurrirá. Se formará un poder Judicial con los mismos defectos y errores que han ocurrido hasta hoy o quizá peores.

¿Peores?

La crisis y la inmoralidad están campantes. En este momento no hay una transparencia en cuanto a las personas que puedan apetecer los cargos para la administración de justicia. Nosotros planteamos una cosa concreta: si triunfa el sí, ya vemos a dónde iremos. Es decir, a la autocracia. El poder Judicial no tendrá reformas que agiliten la justicia y que acaben con la corrupción.

¿Y cuál es la salida?

Entonces, se tendrá que convocar a una constituyente para la conformación del tercer poder clásico del Estado: el Judicial.

¿El Gobierno está equivocado al tratar de cambiar al Consejo de la Judicatura?

Tiene la razón en cuanto a creer que el pueblo ecuatoriano ya no soporta a este poder Judicial corrupto. En eso estamos de acuerdo con el señor Presidente, pero no coincidimos en el procedimiento, pues queremos un modo constitucional y democrático. Esa es toda nuestra diferencia.

Pero el Ejecutivo pide que eso lo decida el pueblo.

Yo no estoy en favor ni en contra del Presidente. Estoy a favor de la República, del Estado y de la sociedad. Esta es la posición orientadora de la Facultad de Jurisprudencia. Pero nosotros hubiéramos querido que el Presidente de la República nos preguntara: ¿Está o no de acuerdo con la actual administración de justicia? Tenga la seguridad de que el 98% de ecuatorianos habríamos contestado que no estamos de acuerdo.

Pero no cambiaría nada.

Ya era cuestión de que luego convoque el Tribunal Supremo Electoral a elecciones para elegir jueces: abogados y magistrados calificados por el pueblo. Estos jueces, a su vez, elegirían a segundo nivel, a las cortes provinciales y estas a la Corte Nacional. Este es el procedimiento que nosotros estamos planteando. Este es el procedimiento democrático. Solo así conseguiremos que el poder Judicial sea independiente, autónomo, eficiente, alternativo y susceptible de impugnación.

Pero eso es a largo plazo.

No. Cuando hay decisión es cuestión de la Asamblea aprobar las leyes correspondientes. En la Facultad tenemos claro el pautaje de la medida de este foro de donde va a salir la propuesta concreta al Gobierno Nacional.

REFERENDO PREGUNTA 5

 ¿Está usted de acuerdo en modificar la composición del Consejo de la Judicatura, enmendando la Constitución y reformando el Código Orgánico de la Función Judicial,

como lo establece el anexo 5?

Tres puntos de vista ciudadanos

Se necesitan jueces que dicten sentencia

Ramón Rodríguez / Profesor Derecho U. Central

La Justicia actualmente está aquejada de lentitud y el Consejo de la Judicatura ha fracasado en su intento por garantizar a la ciudadanía que los tribunales despachen con prontitud, celeridad y acierto.

Hay una excesiva cantidad de causas represadas en los juzgados y cortes del país. La consulta podría ser un punto de partida para la solución, pero se necesita una reforma legislativa en materia penal; por ejemplo, para dar facultad a los jueces de lo penal que ahora intervienen solo como jueces garantistas en la instrucción, es decir, darles competencia para que resuelvan y dicten sentencia en los casos de delitos castigados con penas de prisión.

Se descongestionarían las causas en los tribunales penales. No creo que la consulta sea inconstitucional, los verdaderos poderes desde al ámbito constitucional son los que se originan en la voluntad popular.

‘Lo coherente sería aplicar los cambios’

Eduardo Jarrín / Docente universitario

La modificación propuesta no es viable, porque habría conflicto de intereses, se perjudicaría a la claridad y transparencia, y se perdería la equidad, que es lo que se persigue con la justicia.

El hecho de que el Consejo de la Judicatura no haya cumplido con su mandato, tiene que ver mucho con los recursos que se han entregado. Se pide a la justicia que sea coherente, pero no se le da recursos económicos, materiales ni humanos suficientes. Además, hay incoherencia al plantear que los delitos de acción privada pasen a ser considerados de acción pública. Así lo único que se dará es más carga a la administración de justicia y eso no va a conducir a una aplicación idónea.

Lo coherente es que cualquier proyecto que se tenga para mejorar la administración de justicia se aplique para que incluso mejore la condición a escala social.

‘Una Función Judicial independiente’

Jorge Morales /   Ex decano Derecho U. Cuenca

Lastimosamente estamos frente a poderes públicos que están corroídos por la corrupción, una Corte Constitucional cuyo origen y nacimiento es ilegítimo, que ha dado mal ejemplo a la sociedad ecuatoriana revocando sentencias ilegalmente, aceptando trámites que corresponden a otros poderes judiciales.

Ante esto, es indispensable que en Ecuador se instaure una Función Judicial totalmente independiente. En este momento se está afectando muy gravemente la autonomía de la Función Judicial, lo cual va a repercutir posiblemente en inseguridad, temor y desesperanza.

La impunidad en el sistema ha generado muchos actos delictivos, robos, asaltos, sicariato, ataques a los jóvenes. El comercio ilícito de las armas configura un repertorio penal de las manifestaciones hostiles frente a la seguridad ciudadana.

 

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (0)
No (0)