31 de January de 2011 00:00

3 cárceles abiertas en el país apenas pueden albergar a 1 294 prisioneros

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El preso que por primera vez ingresaba a la cárcel de Santo Domingo de los Tsáchilas pagaba para no ser agredido. Si no tenía recursos, detenidos más antiguos pedían dinero a los familiares. Jesús C. recuerda esos momentos. Él enfrenta un juicio por supuesta violación y asegura que a las visitas se les exigía que hagan un depósito bancario y que regresen con el recibo para asegurar la protección. “Esto era muy común, hasta hace cuatro meses. Todos los prisioneros estábamos mezclados, conviviendo en un solo edificio y con miedo a ser atacados”.

Ahora, los internos están clasificados y reubicados según los delitos cometidos y por su perfil psicológico. Según Gustavo Peñafiel, técnico analista del Ministerio de Justicia, los cambios son parte del nuevo modelo de rehabilitación social que se implementan en el sitio. “Se invirtieron USD 8 millones en la readecuación física”.

En este Gobierno, en el país se han abierto tres nuevas cárceles. El primero en operar fue La Roca, en Guayaquil. Según Justicia, tiene capacidad para 200 presos.

El año pasado se puso en funcionamiento el complejo penitenciario de Santo Domingo de los Tsáchilas, que alberga a 500 personas. Y el pasado 20 de enero se abrió la cárcel de Sucumbíos, para 594 prisioneros.

Es decir, las tres cárceles tienen capacidad solo para 1 294 personas privadas de libertad. Esto ocurre pese a que un informe de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS) revela que a julio del 2010, de los 41 centros penitenciarios que a esa fecha operaban en el país solo en 11 no se determinó hacinamiento.

Peñafiel dice que en este año se asignarán USD 100 millones para la infraestructura de los centros del país. El centro de Santo Domingo se levantó en 13 hectáreas. En la mitad del terreno, sobre una loma, está el edificio de la dirección (dos pisos). Allí laboran 47 funcionarios civiles. Desde los ventanales de las oficinas se observa, en el fondo, tres imponentes construcciones semicirculares. Son los pabellones de máxima, mediana y mínima seguridades. En este centro hay 566 presos. 265 están en el bloque de máxima seguridad. Son los que presentan mayores niveles de agresividad y quienes fueron sentenciados por delitos graves.

Otros 193 se hallan en el de mediana seguridad y 108, los que han mostrado avances en su rehabilitación, viven en el de mínima.

Dentro del proceso de construcciones, desde el Municipio de Quito también se presiona para que del Centro Histórico salga el penal García Moreno.

Allí también se levantan las cárceles 2 y 3. Además, el Centro de Detención Provisional.

Según Lourdes Rodríguez, secretaria de Seguridad del Municipio de Quito, el complejo penitenciario es vulnerable a incendios y deslizamientos. “No hay discusión de que tiene que reubicarse el ex penal. Estamos haciendo todas las gestiones del caso”.

La nueva correccional se construirá en Poaló, una parroquia ubicada a 15 minutos de Latacunga, en Cotopaxi.

En un comunicado publicado en la página oficial de la Secretaría de Justicia, el ministro José Serrano dice que las nuevas edificaciones “brindan todas las comodidades para que exista una verdadera rehabilitación e inserción positiva de los privados de la libertad en la sociedad”.

Según Peñafiel, el de Santo Domingo es el primer centro del país en tener una infraestructura apta para los privados de libertad. Allí hay un espacio para el cultivo de hortalizas orgánicas que fue impulsado por el Gobierno Provincial. También una piscina de cría de tilapia y talleres de carpintería, artesanías y metalmecánica.

Manuel Jesús L., de 54 años, lleva privado de su libertad cinco y se ha convertido en artesano. Elabora hamacas y atarrayas.

Su celda le sirve como taller. Mide 12 m² y la comparte con Felipe Z., también de 54 años. La litera doble ocupa la mayor parte del espacio. Allí cuentan con un baño, un lavabo y una ducha.

También existe un lugar donde cabe un anaquel pequeño para la televisión, la cocina de dos quemadores y la materia prima para sus artesanías.

Quito

José Cruzatti

Víctima de asalto y robo de taxi,  en el  cantón Rocafuerte

‘Querían recompensa por el taxi’Con mi padre salimos a trabajar. Recuerdo que eran las 11:00 de un día de noviembre del año pasado. Dos personas nos pidieron que las lleváramos a un burdel ubicado en la vía a Crucita. Nuestro vehículo es un taxi amigo. Antes de llegar al lugar, otras tres personas que iban en dos motocicletas nos cerraron el paso.

Lo primero que se piensa es defender el auto, pero nosotros preferimos que se lo llevaran. Nos condujeron hacia Mejía (10 minutos al sureste de Rocafuerte). Allí nos dejaron en una guardarraya, antes nos pidieron el número de celular y del teléfono convencional. Creo que corrimos con suerte, no nos mataron. Pese a que nos amenazaron, para evitar cualquier complicación nos fuimos a Rocafuerte y pusimos la denuncia del robo. Acá los delincuentes se sustraen ve- hículos para utilizarlos en sus trabajos dudosos.

A las 17:00 llamaron a decir que tenían el auto y pedían USD 3 000 por el rescate. Insistieron al siguiente día, querían USD 2 000, después USD 1 500 y por último, USD 1 000. La Policía Judicial, en un operativo de rutina, encontró el vehículo en la parroquia Picoazá, de Portoviejo.

La propuesta

Abdón Logroño   /Dirigente de los  jubilados

‘Una Policía profesional’

Para mejorar la seguridad ciudadana en el país es necesario que se expidan leyes de carácter social. Únicamente así se pueden cubrir las necesidades básicas, como son las fuentes de trabajo. Y es necesario tener una Policía más profesional y que reciban todos los recursos para que actúen.

Ahora, también es fundamental tener una ciudadanía solidaria, para que colabore con quienes son afectados por la delincuencia. En este aspecto falta un poco más de concienciación.

Los presidentes de los barrios deben impulsar una verdadera unidad y comprensión de la gente. Solo así se podrá enfrentar este problema, que va creciendo en todos los lugares. Y podremos recuperar el oasis de paz que teníamos entes.

La leyes no deben ser para tenerlas guardadas, sino que deben servir para accionar, para enfrentar a los delincuentes.

A esto se suma que existan facilidades para denunciar en la Policía Judicial y en la Fiscalía.

Resulta que mucha gente no presenta la queja, pese a que fueron víctimas de asaltos.

Se quedan en silencio, porque se topan con unos trámites engorrosos, lentos, que no permiten avanzar en nada. Más bien, hacen perder el tiempo a los usuarios que llegan a las instalaciones de la Policía. En el caso mío también fui robado una vez.

Si existiese la colaboración de la gente, no hubiese pasado y atacaríamos a la delincuencia.

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