Pablo I., miembro de la Policía Nacional fue llamado a juicio por la muerte del estudiante cuencano Damián Peña, quien falleció en una protesta el 11 de enero del 2002. Medardo Salamea, juez tercero de Garantías Penales, citó al uniformado por supuestamente estar vinculado en la muerte del joven a quien le dispararon en la cabeza.
El juez Salamea acogió la solicitud de la Fiscalía y dispuso medidas cautelares para el sospechoso. Le prohibió la salida del país y le exigió presentarse periódicamente ante el Tribunal.
El fiscal que lleva el caso, Luis Flores Idrovo, presentó en la audiencia un video que supuestamente muestra que el policía dispara hacia un grupo de estudiantes. Asimismo, al juicio asistieron otros uniformados y civiles que corroboraron que Pablo I. se encontraba en los alrededores de la Universidad de Cuenca el día de la protesta.
La Fiscalía del Azuay informó que apelará el sobreseimiento que el juez Salamea dispuso a favor de Luis S., jefe de Policía, quien en ese entonces tenía a su cargo a Pablo I. Según la Fiscalía, Luis S. organizó el operativo Antimotines durante la protesta en la que falleció el estudiante de cuarto año. El Fiscal dijo que, según las investigaciones, el jefe de Policía siempre tuvo la intención de ocultar el hecho.
La muerte de Peña es el primer caso en judicializarse de entre 118 hechos presentados por la ex Comisión de la Verdad, conformada por el Ejecutivo.