El óleo de ‘Los negros de Esmeraldas’ reposa sobre el piso de baldosas blancas de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra el Patrimonio Cultural (Ueidpic). La obra fue recuperada luego de que los agentes de esa entidad recibieran una llamada anónima en la que se denunció que este cuadro, junto a la escultura ‘Apóstol’, estaban en una oficina del norte de Quito.
Las dos piezas forman parte de la colección Conde de Urquizo y fueron sustraídas del Instituto de Cultura Hispánica, ubicado en el Centro Histórico de la urbe, el 7 de enero pasado. La pintura data de 1599 y retrata a tres caciques zambos vestidos con prendas españolas, joyería prehispánica y lanzas de chonta. El busto corresponde al siglo XVIII y su autor es anónimo.
La sustracción de estas piezas consta en la base de datos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) y la Ueidpic. En lo que va de este año, se reportaron 17 denuncias de robo de bienes patrimoniales a escala nacional. Uno de ellos fue denunciado el 24 de febrero pasado: se robaron 14 obras patrimoniales del interior de la Basílica del Voto Nacional. La denuncia fue presentada por el padre Manuel Celis.
La comercialización ilegal a escala internacional de objetos patrimoniales es igual de rentable que el tráfico de armas y las drogas, según la publicación del 2013 denominada ‘Cultura y Desarrollo: No al tráfico ilícito de bienes culturales’ de la Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe (Unesco). El perjuicio “habría llegado a USD 40 mil millones en 1993. Hoy esta cifra sería de USD 60 mil millones, lo que equivale a un aumento del 50% en 10 años”, dice el reporte.
En las indagaciones se ha determinado que EE.UU., Suiza, Italia, Francia, Alemania, España, Inglaterra, Japón y Arabia Saudita son los mercados preferidos de las piezas arqueológicas sudamericanas.
El reporte también indica que los objetos sustraídos son arrebatados en su país de origen para “caer en manos de redes criminales internacionales, a menudo relacionados con otros tipos de actividades delictivas como el blanqueo de dinero o la financiación de actividades terroristas (…)”.
Según César Molina, director de Riesgos del INPC, hay casos de piezas patrimoniales sustraídas que se venden libremente en casas de subastas en Europa o EE.UU. Uno de los problemas que se presentan para recuperarlas -agrega el funcionario- es que la legislación de algunos países facilita la comercialización y no permite que los vestigios históricos robados sean devueltos.
Pese a ello, el Instituto ha recuperado 681 piezas históricas que se encontraban en el extranjero desde el 2008 y se tramita la devolución de otras 3 896 que están en Italia.
En el Departamento Jurídico del INPC se indicó que también se han entablado juicios que no han recibido sentencias. Por ejemplo, solo en Pichincha se han iniciado cuatro causas judiciales por robo y la misma cantidad por hurto. De estas, cinco están en indagación previa y tres fueron archivadas.
Una fuente del INPC señala que los robos y hurtos se reportan generalmente dentro de iglesias, museos y conventos. “No se dan sentencias en contra de los responsables porque los robos son alertados a la Policía mediante llamadas anónimas, redes sociales o noticias públicas”. Así -explica- cuando se encuentran las piezas no hay evidencias de quienes las robaron. También ocurre que quienes las poseen dicen que solo son compradores de buena fe y desconocen que son robadas .
En el caso del robo del espadín de Antonio José de Sucre, este fue hallado en una casa del barrio La Floresta, centro-norte de Quito. La pieza fue sustraída el 4 de abril del 2012 del Museo Casa Sucre, ubicado en el Centro Histórico de la ciudad. La hallaron siete meses después. Tras el hecho, las seguridades del lugar fueron reforzadas para evitar atracos de ese tipo.
Los precios
La Unesco ha determinado en sus investigaciones que existe una cadena de comercialización de bienes patrimoniales a escala latinoamericana. El ‘huaquero’ es el primer eslabón y se encarga de buscar vestigios arqueológicos en lugares en donde no ha llegado el Estado.
“Son personas de escasos recursos y con un gran conocimiento de la geografía en donde se ubican los yacimientos y que a cambio de poco dinero entregan los objetos extraídos”, señala la Unesco.
Según Molina, lo mismo pasa en Ecuador en donde los objetos sustraídos se comercializan entre USD 4 000 y 8 000 en el mercado ilegal internacional. Los investigadores han descubierto que el segundo enlace de la cadena ilegal son los acopiadores, quienes viven en zonas pobladas y compran las piezas para revenderlas a traficantes.
Los valores dependen del país del origen, el tipo de objeto y la casa de subasta en el exterior.
Los traficantes “adquieren los objetos a bajo precio y los trasladan a los centros urbanos, ya sea dentro de un mismo país o bien a otras ciudades del exterior (Nueva York, París, Madrid, Londres, Tokio, etc.).
“En estos casos los precios tienen un salto cualitativo, multiplicando en ocasiones por 100 el valor que obtuvieron los huaqueros. Una pieza que fue adquirida por el precio de un par de zapatillas baratas, se ofrece en las mejores casas de subastas internacionales por montos promedio de USD 9 000″, precisa Unesco. La entidad señala que los coleccionistas cierran el círculo de venta de bienes culturales por ser los consumidores finales y “promotores del tráfico ilícito”.
En contexto
El tráfico de piezas mueve cerca de USD 60 000 millones, según la Unesco. Ecuador ha recuperado 681 objetos en el exterior desde el 2008. En esta semana se denunció la desaparición de objetos históricos del museo Remigio Toral Crespo de Cuenca (Azuay).
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