18 de June de 2010 00:00

Azuay, otro nicho para fabricar armas

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 0
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 0
Redacciones Cuenca y Judicial

Marco Ayora Ávila dejó a tres hijos en la orfandad y un inmenso dolor entre su familia, amigos y vecinos. El cuencano fue víctima del sicariato la noche del 26 de noviembre último.

Ayora, de 40 años, era chofer de un taxi de la compañía Rosalía Arteaga. Ese jueves 26 fue abordado por Juan Carlos G. y Santiago U., en las inmediaciones del Hospital Militar de Cuenca. A pocas cuadras le dispararon en la cabeza.

fakeFCKRemoveLos dos fueron detenidos 30 minutos después, cuando asaltaban un restaurante del centro de la urbe. Cuatro meses después, Juan Carlos G. y Santiago U. fueron hallados culpables por el Tribunal Primero de Garantías Penales de Azuay y sentenciados a 16 años de reclusión penal.

Los jueces los condenaron por asesinato. Pero no se ha esclarecido la causa, Ayora fue muerto dentro del taxi y ningún accesorio del vehículo fue robado. Según Gustavo Jara, su compañero, entre los taxistas hay temor por los crímenes por posible venganza.

Jara es gerente de la Cooperativa R. Arteaga. Según él, ahora no hay cómo discrepar ni trabajar hasta tarde y menos hacerse enemigos por el miedo a ser asesinados.

En Azuay es fácil comprar un arma. Es la segunda provincia, después de Bolívar (Chimbo), con fabricantes de armamento local. De acuerdo con un informe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al cual tuvo acceso este Diario, hay 128 fabricantes registrados en el país. En Azuay se cuentan 23 (ver mapa adjunto).

El Ministerio de Gobierno impulsó un proyecto para que los armeros de Chimbo cambiaran de actividad. La semana pasada, los fabricantes se comprometieron a elaborar camas para cuarteles de la Policía y para proyectos de la Vicepresidencia de la República. Cerca de USD 530 000 serán destinados para ello.

Ese fue el resultado de un proceso de negociación, luego de que la Policía irrumpiera en abril y cerrara 50 talleres. En Azuay, los fabricantes de armas llegaron a un acuerdo con el Régimen, para aplicar una fórmula similar.

Por ahora, de los 23 talleres, solo nueve están autorizados. Algo similar ocurre en otras provincias; por ejemplo, en Pichincha solo cuatro de los ocho fabricantes registrados (personas naturales y jurídicas) tienen el permiso vigente; en Cotopaxi, solo uno de los dos reportados puede operar, etc.

En la Plaza de San Francisco, en el centro de Cuenca, hay pequeñas tiendas que esconden este negocio con la venta de mochilas, maletas y calzado.

“¿Para qué uso quiere?”, interroga el propietario de uno de esos pequeños almacenes. El comerciante de tez blanca, delgado y de cabello claro insiste en tono serio: “¿Quiere para guardianía, uso personal, cazar?”. Su cliente respondió “muéstreme una escopeta”.

El vendedor se abre paso por su angosta tienda, donde exhibe bolsos y maletas, hasta llegar un cuarto posterior. Allí sube a una escalera de madera y alcanza un artefacto envuelto en periódico: una escopeta larga. El costo, USD 30. También ofrece otras armas cuyos precios varían. ¿Quién lo abastece? El comerciante dice que en Cuenca hay talleres artesanales que las fabrican.

Hace dos semanas, el Comando de Policía de Azuay inauguró la Unidad de Control de Armas para controlar la tenencia. Así se transfirió la competencia que tenían las FF.AA. para otorgar los permisos. Hasta ayer, al menos 10 personas intentaban legalizar sus armas, pero ninguna recibía la aprobación. Las escopetas, pistolas, revólveres y sus municiones eran analizas por los agentes.

Estas serán devueltas solo cuando cumplan con los trámites, dijo Galo Cobos, jefe de la Policía Judicial de Azuay. Para el juez de lo Penal, Miguel Arias, la Policía no está preparada para enfrentar nuevos tipos de criminalidad como el sicariato. Él cree que falta desarrollo tecnológico para la investigación de los delitos contra la vida. “De qué sirven las huellas dactilares en la escena del crimen si la PJ no tiene un laboratorio de criminalística con un banco de datos básicos para asignar una huella dactilar, tampoco un laboratorio para pruebas de ADN”.

En ese sentido, cuestiona la falta de profesionalización de la Policía. “Hay agentes que no tienen bases sólidas sobre investigación criminal”, critica.

Solo en mayo se registraron seis muertes violentas en Cuenca. En la avenida Ordóñez Lasso fue asesinado Paúl Capón Inga, de 17 años, presuntamente por dos ciudadanos extranjeros que se encuentran detenidos.

En la vía a Baguanchi fue hallado el cuerpo de Anselmo Astudillo, de 25 años, con un disparo letal en el pecho. Marco Valdivieso también fue asesinado con una herida en el pecho. A esta lista se suman las muertes de tres sospechosos: Romelio Z., de 38 años, Jorge A., de 22, y Julio M., de 35.

El juez recomienda que en cualquier caso de extorsión o amenazas, la víctima denuncie para protegerla y evitar que se consuman los hechos, pueden ser una alerta de sicariato. En el caso de Marco Ayora su familia recibió amenazas. La esposa de la víctima, Margot Lojano, no supera la pérdida. “El caso me duele demasiado”, dice con voz entrecortada.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (0)
No (0)