15 de June de 2010 00:00

El 5% de armas tiene permiso policial

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Redacción Judicial

La bala extraída de un cadáver y dos proyectiles hallados en la escena del crimen, con sus respectivas vainas, están etiquetadas en una funda plástica, en la Unidad Técnica de Control de Armas de la Policía Nacional (UTCA).

Las seis piezas están catalogadas con el número 5-234 y son sometidas al Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS, por sus siglas en inglés). “Este sistema nos permite identificar balas y vainas para llegar al arma utilizada en un delito”, señala Cristian Rengifo, quien recoge el empaque en el Departamento del Criminalística de la Policía.

La UTCA cuenta con el IBIS desde agosto del 2009. Sin embargo, el funcionamiento de este equipo depende de un proceso previo: el registro de las armas de fuego que circulan en Ecuador.

La Policía estima que en el país existen 500 000 armas de fuego. El Estado apenas tiene registro de 170 000, que hasta el 31 de junio del 2009 fueron autorizadas por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (Comaco).

Hace cerca de un año (1 de julio del 2009) esos permisos de armas quedaron sin efecto. El Acuerdo Interministerial 001 suscrito por las carteras de Gobierno y de Defensa, lo dispuso y transfirió la responsabilidad del registro de armas a la Policía.

Desde entonces, solo 11 910 armas (es decir el 7% de 170 000 reportadas por el Comaco) han sido registradas en la Unidad Técnica de Control de Armas policial. Y de ellas, solo 9 764 (5,7%) fueron consideradas aptas.

Ese 5,7% de armas ingresó al IBIS (cada arma imprime en las balas una huella única; que se registra en el sistema). En la base de datos solo hay 9 764 armas con las cuales comparar.

Eso significa que si las armas no registradas son utilizadas, no habrá forma de identificarlas ni de ubicar al posible autor.

Fernando Carrión, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), refiere, en el libro ‘Seguridad Ciudadana: escenarios y efectos’, que solo el 3% de sicarios autores de homicidios fue detenido en el 2008, el 71% se fugó y del 26 % se desconoce su destino.

Según la Policía de Colombia, en América Latina el 85,23% de crímenes de sicariato se perpetra con armas de fuego.

Carrión puntualiza: “En un homicidio ejecutado por un sicario existen varios delitos simultáneos, como por ejemplo, la posesión de armas sin permisos, la asociación para delinquir, el robo de bienes (vehículos), infracciones de tránsito y el homicidio”.

Aunque el Acuerdo 001 otorgó la competencia a la Policía en julio, el proceso de registro de armas comenzó recién en septiembre, luego de que la UTCA recibiera los archivos del Comaco.

“La obtención de buenos resultados para capturar a un asesino depende, entre otras cosas, de alimentar la base de datos (IBIS) y eso requiere tiempo”, dice Rengifo. “Estamos hablando de un período de 2 a 3 años para tener los resultados esperados”.

El registro de armas en la UTCA, donde laboran 25 especialistas, consiste en hacer una individualización técnica del arma a través del registro de balas y vainas (IBIS). Además, en verificar documentos y solicitudes de recalificación y realizar pruebas teóricas, psicológicas y prácticas a los propietarios de las armas.

Cada arma deja una marca única en las balas y vainas disparadas, similar a una huella dactilar. Diariamente son recalificadas en promedio 100 armas de empresas de seguridad y 15 de personas naturales, que son ingresadas al IBIS, reseña un agente de la UTCA. ¿Si todas las armas ingresaran al IBIS se reduciría el sicariato?

Enrique Espinoza de los Monteros, jefe de la UTCA, cuestiona la producción sin control de armamento en talleres artesanales dentro del país, lo cual, según él, facilita la tarea del sicario.

El mayor Marco Ortiz, subjefe de la UTCA, refiere que la mayoría de las 11 910 armas registradas en ocho meses es de fabricación nacional. “La elaboración de armamento en el país fomenta la impunidad”, asevera Espinoza.

Desde el 27 de junio del 2007 está prohibida la importación de armas y municiones (Acuerdo 619 del Ministerio de Defensa), pero en el mercado hay armas locales, dice Espinoza, quien especifica el riesgo: “Los delincuentes se benefician del bajo costo de esas armas. Estas son de tan baja calidad que haciendo solo seis disparos en seco ya se destruyen por sí solas. Son armas desechables. Eso es impunidad”.

En el laboratorio de la UTCA Rengifo verifica un resultado negativo. Las seis piezas (tres balas y tres vainas) catalogadas con el número 5-234 no están registradas en el IBIS; el sistema no sirvió para hallar al culpable del crimen.

Puntos de vista

Marcos Gutiérrez/ Ex pandillero

‘Se debe crear fuente de empleo para los jóvenes’

El sicariato se vuelve atractivo para los jóvenes que no tienen oportunidades para estudiar o  trabajar. La pobreza los hace vulnerables incluso para la adquisición de armas, pues tienen que enfrentar un entorno de violencia.

El Gobierno no se preocupa como debería de  estos jóvenes. Si existieran proyectos productivos  y más espacios de entretenimiento sano no habría necesidad de delinquir. Como organización (Latin Kings) estamos evitando que nuestros muchachos lo hagan. Tratamos de tenerlos ocupados.

En Quito vamos a abrir un negocio de comida rápida y, en Guayaquil, abriremos una  empresa de publicidad. Así aprovecharemos el talento de los integrantes.

Héctor Santacruz / Especialista

‘Los delincuentes no piden permiso para usar armas’

Las leyes que existen sobre el porte y tenencia de armas no han sido muy efectivas para combatir la inseguridad. Lo que se ha hecho es desarmar a las personas que cumplían con la ley y a las empresas encargadas de brindar seguridad privada de forma transparente.

En tanto, los delincuentes siguen en las calles al margen de los controles. Ellos nunca han pedido permiso para portar un arma ni las han comprado en el mercado formal. Lo que se debería hacer es fortalecer el trabajo de inteligencia (de la Policía) para que se pueda controlar y decomisar las armas que portan a los delincuentes.

El control no debe focalizarse solo a las personas que adquieren honestamente un arma.

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