Hasta la tarde de ayer, el Consejo de la Judicatura de Transición (CJT) no designaba a los delegados para atender las apelaciones de los servidores judiciales que reprobaron en las evaluaciones de noviembre.
A pesar de que el plazo para recibir estos pedidos por escrito venció el pasado viernes a las 24:00, y el reglamento de las evaluaciones norma que son 14 días para dar respuesta a las apelaciones, hasta el cierre de esta edición no se conformó el Tribunal de Reconsideraciones.
Por eso, el CJT prefirió no entregar cifras exactas de la cantidad de pedidos de recalificaciones. Ni tampoco entregó información de quiénes serán los que analicen los mismos. Lo que sí confirmó fue que las apelaciones se las empezará a tratar cuando desde las provincias hayan llegado en su totalidad a Quito.
Según el Consejo Transitorio, el personal del Departamento de Talento Humano trabaja en la clasificación de los documentos.
Hasta la tarde de ayer, solo 15 provincias de las 24 enviaron las apelaciones de los servidores judiciales que no alcanzaron la nota mínima de 70 puntos, para mantenerse en sus cargos.
En la mañana, un servidor judicial de Pichincha, que prefirió mantener su nombre en reserva, se acercó a las oficinas de la Judicatura de Pichincha para preguntar cuándo se pronunciarán sobre el recurso presentado.
No obstante, en la recepción le informaron que no tenían conocimiento y que se acercara “un par de días más tarde”.
Además, en la Fiscalía General se inició la indagación previa sobre una posible extorsión en contra de los servidores judiciales para permanecer en sus cargos.
Esta denuncia la hicieron los miembros del CJ, el pasado 29 de enero. Allí también estuvo el ministro del Interior, José Serrano.