23 de April de 2010 00:00

En dos años, 164 sentenciados salieron en libertad con el 2x1

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Redacción Judicial

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Al Ministerio de Justicia le inquieta la aplicación del 2x1. Ayer, el titular de esa Cartera, José Serrano, anunció una convocatoria del Consejo Nacional de Rehabilitación Social, para tratar el alcance de la figura legal que permite la liberación de un detenido sentenciado, por cualquier delito, tras cumplir la mitad de la condena.

El caso volvió al debate ayer, luego de que se hiciera público el fallo emitido el 14 de abril por el presidente de la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, Hernán Ulloa. Allí, él redujo la sentencia de 16 a 12 años a César Fernández, ex gobernador de Manabí y detenido por narcotráfico desde el 2003.Tras esa decisión, la defensa de Fernández solicitó la aplicación del 2x1. Él lleva en prisión 6 años, 5 meses y 30 días. Es decir, con la nueva sentencia, ha cumplido más de la mitad de la condena.

El Consejo de Rehabilitación se reunirá el miércoles. “Analizaremos el tema de las libertades y los casos que tienen que ver con penas”, dijo Serrano a este Diario. Sin embargo, expresó no estar “empapado del caso Fernández”.

En la mañana de ayer, la decisión de Ulloa fue cuestionada por el titular de la Defensoría Pública, Ernesto Pazmiño. El organismo que él dirige fue creado el 17 de agosto del 2007 para defender a los detenidos. Pero ayer el funcionario señaló que la libertad con el 2x1 corre el riesgo de “convertirse en un gran negocio”.

“Los internos me han contado que hay funcionarios que les dicen: si no me das dinero te paso un parte por mal comportamiento. Eso te rebaja puntos y no te podrás acoger al 2x1”, denunció.

Pazmiño cuestionó que en el país no existan instituciones que analicen si “en verdad las personas que se acogen a este beneficio lo merecen o no”.

Según estadísticas de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS), 164 presos con sentencia fueron liberados con la el 2x1 entre el 2008 y el 2009. El 75% de libertades se otorgó a sentenciados por asesinato y el 9% a condenados por narcotráfico.

La Constitución puntualiza en el artículo 203 que las modificaciones de la pena de un detenido competen a los jueces de garantías penitenciarias. Sin embargo, esos funcionarios no existen.

Para cubrir ese vacío, el 26 de agosto del 2009 el Pleno de la Corte Nacional de Justicia emitió esta resolución: “Hasta que sean designados y entren en funciones los jueces de garantías penitenciaras seguirá correspondiendo al Director Nacional de Rehabilitación Social el otorgamiento de rebajas de penas para las personas privadas de libertad con sentencia condenatoria ejecutoriada que tengan derecho a las reducciones de hasta 180 días por cada año (conocidas como 2x1)”.

El asambleísta Andrés Páez, quien impulsó las últimas reformas al Código Penal (vigentes desde el 18 de marzo), criticó que hasta ahora no se nombren jueces penitenciarios. “Ellos técnicamente analizarían estos casos. Lo sucedido en el sistema carcelario es una alcahuetería en favor de los delincuentes”.

A la misma hora que Pazmiño refutaba la decisión de Ulloa, la Corte Nacional de Justicia remitió un comunicado. Allí se indicó que el fallo que bajó la sentencia de Fernández se produjo, porque “dentro del proceso se han cometido graves irregularidades al no considerarse atenuantes, por cuanto el acusado no tenía antecedentes penales”.

También se indicó que la “Sala consideró la violación del artículo 57 del Código Penal cometido por el Tribunal Penal de Manabí, al imponer una condena de reclusión a una persona mayor de 60 años, como tenía Fernández al momento de su juzgamiento”.

En ese comunicado, Ulloa manifestó que “justamente los recursos de revisión y casación que conocen los jueces nacionales tienen como finalidad reparar los errores de hecho y de derecho que aparezcan en el fallo”.

La defensa del ex Gobernador de Manabí espera que la DNRS se pronuncie sobre la libertad de Fernández con el 2x1. Una fuente de Rehabilitación dijo que para tomar una decisión es necesario que desde la Cárcel 1 (ex penal García Moreno), en donde está Fernández, se remita un informe jurídico del Director del centro. “Allí se evalúan 10 ó 15 puntos sobre la buena conducta, comportamiento en la cárcel (...). Pero aún no hemos recibido nada”.

El ex Gobernador fue detenido el 23 de octubre del 2003, dentro del caso de narcotráfico Aniversario, que condujo al decomiso de 400 kilos de coca en Portoviejo.

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