Un suero y un tanque de oxígeno custodian la cama de Agustina Espinoza Borbor. Desde hace cuatro días, la mujer de 64 años es atendida en su domicilio debido a que una demanda interpuesta por la madre de sus nietos le impide salir de su casa, ubicada en la 26 y Rosendo Avilés, en Guayaquil.
Espinoza habla despacio. Recostada, cuenta que sufre de hipertensión y una hernia que le causa fuertes dolores. Por ello, necesita una cirugía urgente en la maternidad Mariana de Jesús.
Junto a su almohada reposa una carpeta con los exámenes médicos para su operación y también una boleta de apremio.
En 2007, María Quimís inició un juicio de pensión de alimentos en contra de Oswaldo Rivera, su conviviente e hijo de Espinoza, para que cubra los gastos de sus hijos de 19, 16, 14 y 12 años.
Rivera vive en Estados Unidos. Desde allá enviaba USD 160 al mes. Pero desde marzo no pasa las cuotas y ahora debe USD 1 050. “No tenemos plata. Mi hijo no tiene trabajo”, dice Espinoza.
En mayo, Quimís pidió al juzgado Decimotercero de la Niñez y Adolescencia de Guayas la boleta de allanamiento en contra de Agustina Espinoza. Además, la jueza Martha Contreras ordenó que la pensión suba a USD 360 para los menores.
Silvia Rivera, hija de Espinoza, recuerda que el 19 de mayo dos policías llegaron a su casa a exigir el pago. “Amenazaron a mi mamá. Eso le afectó mucho”.
Cada mañana, el médico Ecuador Montenegro acude al domicilio de Espinoza para chequear su estado de salud. Y un abogado de la anciana tramita un permiso urgente ante el Juzgado de la Niñez para que pueda salir a la cirugía, programada entre el viernes y el sábado.