28 de November de 2011 00:00

Un ‘agente especial’ colaboró con Serrano

valore
Descrición
Indignado 0
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 0

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La versión oficial se debilita. La semana pasada, cuando se desató la polémica por una supuesta unidad de espionaje que en la administración de José Serrano habría operado en el Ministerio de Justicia, el hoy Ministro del Interior fue tajante y negó aquello.

No obstante, otros hechos ponen en entredicho esa posición. Francisco P., uno de sus cercanos colaboradores en la Secretaría de Justicia y ahora llamado a juicio por un supuesto cohecho al negociar cargos en el sistema judicial, sí fue agente especial.

Así lo conocían en la Policía. Este Diario obtuvo un documento de la Dirección Nacional de Seguridad Pública que el pasado 9 de septiembre certificó que entre el 1 de agosto de 1996 y el 11 de mayo de 1998 Francisco P. fue informante de la Jefatura de Seguridad Pública de Pichincha. En el mismo documento, la Policía se refiere a él como empleado civil.

Las credenciales de investigador secreto aún las tenía en su poder hasta el año pasado. En agosto del 2010 los gendarmes capturaron a Francisco P. por supuestamente hacerse pasar como mayor de la Policía y estafar a la gente de Cayambe (Pichincha) y allí los uniformados dijeron que en su poder se hallaron carnés de la Policía en donde se dice que es agente especial (ver infografía).

En su billetera, incluso, tenía una placa de esta institución y otra credencial de afiliación al partido de Gobierno Alianza País. “Lo que les puedo decir es que si hay una credencial es porque es cierto. Yo no puedo irme a la Comandancia y tomarme una foto y salir de allí”, dijo Francisco P., cuando a la Policía Judicial llegó escoltado por un agente especial del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) que se cubría el rostro con pasamontañas.

Cuando la investigación judicial sobre esta denuncia aún estaba en marcha y apenas dos meses después de su detención, la Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS) contrató a Francisco P. como supervisor nacional de Seguridad y Vigilancia con un sueldo mensual de USD 935 y pasó a ocupar el puesto denominado servidor público tres. Los términos de este entendimiento laboral está suscrito en el contrato de servicios ocasionales firmado el 11 de octubre del 2010 por la entonces directora de Rehabilitación, Alexandra Zumárraga.

El juez penal XVI de Pichincha, Wilmer Benalcázar, lo sobreseyó provisionalmente nueve días después de que ya había comenzado a trabajar en la DNRS.

¿Cómo este agente civil llega al Ministerio de Justicia? Diego V., otro ex colaborador de Serrano y sobreseído definitivamente en el caso de cohecho, dice que Francisco P. y su hermano Juan P. se ganaron la confianza de Serrano por “el excelente desempeño en los hechos del 30 de septiembre” del 2010, cuando se produjo la insubordinación policial. Recuerda que estos hermanos consiguieron “las grabaciones de la radio patrulla que nadie tenía”.

Unos audios en donde supuestamente policías llaman a asesinar al presidente de la República, Rafael Correa, se difundieron como material exclusivo de la agencia oficial Andes.

¿Cómo estos hermanos operaban en el Ministerio de Justicia? Diego V. asegura que una de las tareas asignadas a Francisco P. y Juan P. justamente fue la de investigar la supuesta negociación de cargos en el sistema judicial.

Francisco P. fue clave en esta operación encubierta que el 12 de mayo de este año terminó en la captura de al menos 10 judiciales en una cafetería cercana al Ministerio de Justicia. En su declaración que ahora reposa en la Fiscalía, Francisco P. reconoció que él sí estuvo en ese local y escuchó a su hermano Juan P. supuestamente negarse a recibir dinero de los jueces a cambio de cargos en la Función Judicial.

Con base en declaraciones de Juan P., Francisco P. y Diego V., Juan Campaña, abogado de los tres ex colaboradores de Justicia, dice que el entonces ministro de ese ramo José Serrano sí estuvo al tanto de la investigación a los judiciales apresados.

En su versión en la Fiscalía, Francisco P. señaló que a la fecha del operativo de captura él trabajaba como supervisor nacional de Seguridad de Rehabilitación Social, es decir, el mismo cargo con el que entró a la DNRS.

De hecho, dos meses después de que Francisco P. fuera contratado, la Dirección de Rehabilitación Social pasó a ser manejada por el Ministerio de Justicia que en ese entonces era encabezado por Serrano. La orden de esta fusión la dio Correa cuando en diciembre del 2010 firmó el Decreto número 585.

Los líos jurídicos

La detención del 2010 por supuesta estafa en Cayambe no es el único lío judicial que ha enfrentado Francisco P. En el archivo digital de la Función Judicial constan al menos siete juicios. Dos por supuesta extorsión fueron presentados en el 2005 y en el 2009.

En el 2003 afrontó otra acción legal por presunto abuso de confianza y en el 2009 otra por una letra de cambio. A estos se suman tres causas desestimadas.

En la investigación de Cayambe, la Policía sostuvo que la estafa llegó a USD 100 000, pues los agentes contaron que el inculpado se hacía pasar por Policía y pedía que los padres de familia les pague a cambio de asegurar el ingreso de sus hijos a la institución del orden.

¿Qué formación profesional tiene Francisco P.? El abogado Campaña asegura que su cliente cuenta con cursos de investigación. En la versión de la Fiscalía, el agente civil aseguró tener instrucción secundaria, ser empleado público y supervisor de seguridad de Rehabilitación.

De hecho, en fotografías a las que accedió este Diario, a Francisco P. se le ve con uniforme camuflaje que utilizan los guías penitenciarios. En unas gráficas aparece en las puertas de las cárceles, en otras con equipo antimotines y hasta posando con armas largas en un terreno. Guías penitenciarios que hace un mes dejaron sus puestos por renuncias obligatorias contaron a este Diario que Francisco P., su hermano y Diego V. “hacían espionaje” entre el personal. Recuerda que a los tres no se los veía en las cárceles de Quito, pero que otros informantes trabajaban para ellos.

El asambleísta de oposición y coronel de Ejército en servicio pasivo, Fausto Cobo, dice que no es usual que en los ministerios trabajen agentes. Pero asegura que siempre han existido sospechas, por ejemplo, de interferencias telefónicas. Y pide explicaciones.

La semana pasada, Serrano sostuvo que en el Ministerio de Justicia no había unidades de investigación, pero reconoció la existencia de un oficial de enlace para cuando se presenten casos como el de los jueces del supuesto cohecho. “Vamos a presentar toda la información para demostrar que lo que se está asegurando es una mentira, una falacia y más bien lo que se está tratando allí es de desviar el tema”. No obstante, no aclaró quién era ese oficial de enlace al que se refería.

Ahora, los familiares de Francisco y Juan P. piden que Serrano actúe en este caso. El funcionario respondió por su cuenta oficial de Twitter. El pasado miércoles escribió: “Los vamos a defender, ellos son objeto de una retaliación y de una trinca. Eso no lo vamos a permitir. No más impunidad”.

Pero dos días antes, el Ministro del Interior había dicho que solo uno de los hermanos involucrados en el caso de cohecho trabajó directamente en el Ministerio de Justicia. Pese a ello, en el enlace sabatino, el presidente Correa se refirió a los tres ex colaboradores como “asesores del Ministro de Justicia de ese entonces”. Incluso hizo una revelación: “Ahí está involucrado un querido amigo mío de la infancia que sé que es una persona honesta como toda su familia”. No dio el nombre, pero criticó a los jueces que involucraron a Francisco P., Juan P., y Diego V., quienes –dijo- ayudaron a investigar un hecho de corrupción.

Posición legal


La defensa de Juan P. y Francisco P. pidió a la Corte Nacional de Justicia que se revoque la orden de prisión preventiva. Esto –dice el abogado Juan Campaña- para poder enfrentar el juicio.


El jurista manifiesta  que sus clientes no cometieron cohecho, porque no se concretó la recepción del dinero.


Por pedido de la defensa de los hermanos, los 10 Tribunales Penales de Pichincha certificaron que Juan P. no ha sido enjuiciado en los últimos 10 años.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (0)
No (0)