9 de August de 2010 00:00

Una abuela enfrenta juicio de alimentos

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Redacción Machala

María Borja convalece sobre un gastado colchón que hace de cama en una esquina de su vivienda. La mujer, de 69 años, padece de diabetes y permanece casi postrada porque su enfermedad se agravó por un cuadro de hipertensión. Desde el viernes anterior, Borja no puede salir de su casa, ubicada en la parroquia Buenavista, un poblado agrícola del cantón Pasaje. No es por la dificultad para moverse ni por la ceguera parcial originada por la diabetes. Es por una orden de arresto domiciliario. El juez Quinto de la Niñez de Pasaje, George Salinas, solicitó el arresto como medida cautelar en la demanda por pensión alimenticia que le entabló en mayo pasado su nuera, Luisa Valle. Tras la muerte del esposo, hace 11 meses, Valle solicitó al juez que sea la abuela quien asuma la manutención de sus tres hijos que tienen 5, 7 y 17 años. Nancy Torres, hija mayor de la demandada, dice que la salud de su madre empeoró tras el arresto domiciliario. A las 08:00 del viernes, un patrullero llegó hasta la casa de Borja para efectivizar la orden del juez. “Cuando mi mamá vio a los policías se puso muy mal, se le subió la presión y luego se desmayó”. “Pese al desmayo, la Policía no nos dejó sacarla para que un médico la atienda”. En la casa de Borja viven seis miembros de la familia. Los tres últimos hijos la cuidan por turnos. Dos de los tres únicos policías asignados a la parroquia vigilan la casa. “La señora no puede pasar de la puerta, si lo hace debemos notificar enseguida a nuestros superiores”, explica el policía Édison Guzmán. Valle, la demandante, dice que Borja sí tiene los recursos para pagar las pensiones alimenticias. “Ella trabaja lavando ropa”, manifiesta. El juez fijó una pensión provisional de USD 130,15, que debía ser pagada desde mayo. Borja asegura que no tiene el dinero. “Por mi enfermedad no puedo trabajar, solo vivo de la ayuda de mis hijos y del bono solidario”. Mercedes Torres, la hija menor, cuenta que los vecinos ayudaron a conseguir un abogado que defienda a su madre. El juez Salinas manifiesta que, por su edad y condición de salud, a la abuela se le aplicó el mínimo pago que establece el reformado Código de la Niñez y Adolescencia para estos casos. “Cuando las dos partes en conflicto presenten las pruebas en la audiencia, se revisará o confirmará el monto de la pensión”. La audiencia de conciliación se efectuó el viernes pasado, pero los abogados de ambas partes no llegaron a un acuerdo. El juez anunció que emitirá hoy su fallo a favor de una de las partes. Según Vanessa Cevallos, jueza primera de la Niñez de Machala, en estos casos los jueces solo cumplen con lo que señala el Código de la Niñez. “No es un problema de los jueces, se debe a cómo está hecha la Ley”.

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