29 de April de 2010 00:00

Abarca archivó los juicios del ‘Pichi’ Castro

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Redacción Judicial

Abdalá Bucaram Pulley fue tajante. Aseguró ayer que su voto en contra del enjuiciamiento político al fiscal general del Estado, Washington Pesántez, el 15 de abril en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, fue a conciencia y no para que su padre o miembros del PRE obtuvieran favores.

“No hubo bases suficientes para iniciar el juicio al Fiscal General; no mantengo vínculos con la Fiscalía o los jueces de la Corte Nacional”, dijo a este Diario ‘Dalo’ Bucaram, hijo del ex presidente de la República y líder del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), Abdalá Bucaram Ortiz.

fakeFCKRemoveA inicios de abril, cuando Fiscalización (de la cual es miembro ‘Dalo’ Bucaram como asambleísta del PRE) recogía testimonios para el posible juicio político a Pesántez, la Fiscalía General pidió a la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia que archivara los juicios penales de Guillermo ‘Pichi’ Castro Dáger.

Castro, vinculado al PRE, fue enjuiciado en el 2005 por la Procuraduría General del Estado. Esta lo acusó de un presunto prevaricato, debido a que cuando fue presidente de la Corte Suprema de Justicia anuló los juicios de su coideario Bucaram (Mochila Escolar y Gastos Reservados) y del ex presidente Gustavo Noboa.

El pasado lunes 19, horas antes de ser destituido por el Consejo de la Judicatura, Luis Abarca, presidente de la Segunda Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, se pronunció a favor de Castro. Dispuso el archivo de su juicio en el caso Bucaram.

Abarca precisó en la providencia: “Acogiendo la petición del señor fiscal general subrogante del Estado (Alfredo Alvear) que ha solicitado la prescripción de la presente acción (...) se declara prescrita la acción para perseguir el delito de acción pública (...) en contra de Guillermo Castro, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia; disponiendo además que se archive el proceso”.

“Eso solo beneficia a Castro, no a mi padre”, dijo ayer ‘Dalo’ Bucaram. “El juez Abarca lleva el caso de mi padre y hasta ahora no ha permitido que vuelva al país. Eso demuestra que hay una animadversión contra el PRE. Abarca es parte de los rezagos que dejó el Partido Social Cristiano, cuando administraba la Justicia. Me enteré de la acción del Fiscal en el caso Castro a través de la prensa”.

El fiscal subrogante, Alfredo Alvear, atendió ayer, al final del día, a EL COMERCIO. “Yo de estrategias políticas no sé. Soy un profesional abogado que solo se somete a lo que dice la Ley. Soy ajeno a esa circunstancia”, dijo el funcionario.

Agregó que no recuerda la fecha cuando presentó a la Segunda Sala “un escrito manifestando que en el juicio seguido en contra del doctor Castro se había producido la prescripción de la causa. Desde la fecha en que se cometió el delito, si han transcurrido 5 años en los delitos reprimidos con prisión se ha producido la prescripción de la acción”.

Los supuestos delitos fueron cometidos por Castro el 29 de marzo del 2005 (anulación de los casos de Bucaram) y el 30 de marzo del 2005 (caso Noboa). Los escritos de Alvear llegaron a la Corte Nacional este mes.

En el 2005, Castro causó conmoción social con la anulación de los juicios del líder del PRE. Así, el 2 de abril de ese año, Bucaram volvió al país luego de ocho años de autoexilio en Panamá (en el país regía una orden de prisión en su contra desde 1997).

El retorno, secuela de la inconstitucionalidad de la Corte presidida por Castro, provocó una crisis en el gobierno de Lucio Gutiérrez, que terminó defenestrado en abril del 2005, al igual que la llamada ‘Pichi’ Corte.

La nueva Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto lo actuado por Castro en los casos Bucaram y Noboa (este último fue amnistiado por la Asamblea de Montecristi).

Sobre la relación con Guillermo Castro, ‘Dalo’ Bucaram aseguró ayer que el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia no pertenece al PRE y que como director del partido “jamás he conversado con él”. Pero se los observó juntos el 16 de marzo último en la Corte Constitucional, en la audiencia en la que se solicitó la inconstitucionalidad de los juicios de Bucaram. “Castro fue porque también fue llamado a la audiencia, pero nada más”.

La Corte no paró sus actividades

Los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Luis Abarca y Máximo Ortega y el conjuez Edwin Salazar llegaron la mañana de ayer a las oficinas (norte de Quito), pero no despacharon. Los tres fueron destituidos por el Consejo de la Judicatura (CJ), organismo que la tarde del martes se ratificó en el fallo.

A Salazar no convenció esa medida y anunció que presentará una apelación ante la propia Judicatura. Abarca no esperó y hasta antes de las 10:00 ya tenía listo un pedido de cuatro páginas que fue remitido al CJ. Solicitó al organismo que amplíe los términos de la destitución. Ortega, en cambio, dijo que esperará hasta que le llegue oficialmente el pronunciamiento de la Judicatura.

Mientras los tres magistrados analizaban el caso, jueces como Luis Moyano, Manuel Sánchez y Galo Martínez trabajaron con normalidad. Esto sucedió pese a que el magistrado Hernán Ulloa señalara el martes que existe una posibilidad de que se paralice el despacho de las causas, como solidaridad con los destituidos. “Trabajando con normalidad, sin interrupción”, señaló Martínez.

En la mañana también llegó al CNJ Luis Pacheco, conjuez de Ortega. Él prefirió no hablar y señaló que esperará la notificación para posesionarse oficialmente.

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