95 testigos rendirán sus versiones en el caso Mazoyer

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Javier Ortega. Redactor

El juicio en contra del exgerente y el cirujano de una clínica privada de Quito por la muerte de la francesa Charlotte Mazoyer inició hoy, 21 de abril de 2014. Este es la primera demanda a una casa de salud porque supuestamente negó atención médica a la víctima por no tener una tarjeta de crédito.

La defensa de los procesados ratificó su postura inicial: la clínica prestó atención oportuna e inmediata a la extranjera, sin exigir pagos previos por los cuidados.

Los abogados de la familia Mazoyer rechazan esa teoría y aseguran que la vulcanóloga llegó al centro de salud a las 20:10 y dos horas después la ingresaron al quirófano.

"Lo que hasta ahora es un misterio para nosotros es por qué no atendieron de inmediato a mi hija", relató Bernard Mazoyer, padre de la víctima.

Él fue el primero en rendir su versión ante los jueces del Tribunal Sexto de Garantías Penales de Pichincha. En un extenso testimonio, Mazoyer explicó que decidió demandar al exgerente y al cirujano por dos razones: "Por exigir una garantía económica para dar atención y por errores en los procedimientos médicos".

La Fiscalía acusa a los dos procesados de no tratar de forma oportuna a la joven francesa. En la Ley de Amparo al Paciente se señala que "los responsables de un servicio de salud que se negaren a prestar atención a personas en estado de emergencia serán sancionados de 12 a 18 meses de prisión". Pero en caso de fallecimiento, la pena asciende a 4 y 6 años de cárcel.

Asimismo, en el artículo 186 de la Ley Orgánica de Salud se obliga a "todos los servicios médicos a recibir y atender a los pacientes en estado de emergencia". Y se prohíbe exigir a las víctimas o a sus familiares un pago, compromiso económico o trámite administrativo, como condición previa para que la persona sea recibida Esa normativa aclara que "una vez que el paciente haya superado la emergencia, el establecimiento privado podrá exigir el pago de los servicios que brindó".

Charlotte Mazoyer llegó a la clínica la noche del 12 de septiembre del 2009 luego de sufrir un asalto en el sector de Guápulo, en el norte de Quito. Tres personas fueron sentenciadas a 21 años de cárcel por el robo con muerte.

Juan Francisco Ospina, abogado de Francisco L., exgerente de la clínica, mencionó ante el Tribunal que su cliente "jamás ha exigido tarjetas de crédito o vouchers" para ayudar a los pacientes. Y agregó que, cuando llegó la joven francesa, un equipo de 20 médicos empezó a tratarla.

Ayer hubo cruce de versiones de las dos partes.

Durante una de sus intervenciones, Rigoberto Ibarra, defensor del cirujano Carlos L., recordó que los paramédicos intentaron llevar a la víctima al Hospital Eugenio Espejo (HEE), luego del asalto. Y dijo que "ahí sí se negó a prestar ayuda a la paciente".

Sin embargo, Emiliano Donoso, abogado de la parte acusadora, cuestionó esas declaraciones. "Eso es falso. No existe ningún tipo de evidencia de ese evento. Funcionarios del HEE rechazaron ya en el 2009 esa versión".

Se tiene previsto que la audiencia de juzgamiento se prolongue durante esta semana. Alrededor de 95 personas declararán en esta etapa. La defensa de los procesados llamó a 70 testigos.

El perito y médico Carlos Pazmiño dio ayer su versión. Él hizo un análisis de los hechos en base a la historia clínica de la paciente. En sus conclusiones mencionó que Mazoyer ingresó con estado de salud inestable debido a la herida de bala. "Estaba consciente, pero sudaba. No ingresaba de forma adecuada aire a sus pulmones".

El perito agregó que la joven francesa llegó a las 20:09 a la clínica privada, según el informe de Criminalística. Y a las 22:05 entró al quirófano.


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