30 de August de 2010 00:00

7 837 juicios están congelados en la actual Corte Nacional de Justicia

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Redacción Judicial

Más de un año detenido y Ángel U. aún no tiene sentencia en firme. A las 07:45 del 2 de junio del 2009, tres policías lo arrestaron en Shushufindi (Sucumbíos). Una acusación por supuesta violación fue la causa.

El 28 de agosto del 2009, el Tribunal Penal de esa provincia lo sentenció a cuatro años de prisión. La defensa de Ángel U. apeló este pronunciamiento, pero el 11 de enero del 2010 la Corte Provincial ratificó el fallo inicial.

Este veredicto también fue apelado y el caso pasó a la Segunda Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), para que resolviera un recurso de casación (instancia definitiva de un juicio). Hasta el viernes pasado no hubo pronunciamiento, según Emma U., hija del detenido. “El 27 de julio se dio la audiencia de casación y hasta ahora no nos dicen nada”.

La Segunda Sala Penal está presidida por el juez Luis Quiroz. El magistrado dice que al mes reciben hasta 80 casos y que se despacha apenas el 50%. “Hay represamiento. Debemos hacer audiencias de 09:00 a 11:00 y de 15:30 a 17:00. El poco tiempo que tenemos es para resolver. Existen quejas, pero hay quienes nos visitan, entienden y nos conceden plazos para pronunciarnos”.

En diciembre del 2008 y por disposición de la Asamblea de Montecristi, esta Corte comenzó a operar como un ente transitorio hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) nombre a las nuevas autoridades de la Función Judicial.

Un informe del CNJ revela que desde ese año hasta junio último, solo la Sala Penal que preside Quiroz resolvió 1 329 causas, pero están represadas 1 061. Esto se repite en las seis salas restantes.

En total, la Corte de transición ha resuelto 7 855 juicios y otros 7 837 están represados. El penalista Gustavo Medina señala que esto es la evidencia de que la transición no dio resultados positivos.

Un informe difundido por la propia Función Judicial, la semana pasada, revela siete complicaciones en la actual administración. En el documento se dice, por ejemplo, que en esta transición se debe afrontar la ineficacia e ineficiencia de los servicios. Se reconocen los bajos niveles de profesionalización de los funcionarios y se revela que el 69,7% de la población “confía poco” en la justicia y que el 18,9% “no tiene confianza”.

Medina dice que estas cifras se arrojan por los fallos polémicos. En abril, la Segunda Sala Penal de la CNJ, que en ese entonces estaba presidida por el juez Luis Abarca, liberó a Jorge Hugo Reyes Torres, acusado de narcotráfico. Fue sentenciado a 25 años, pero pagó 17 y salió del ex Penal luego de que en la Sala se dijo que hubo más de 50 irregularidades en el juicio.

Un mes después fue liberado el ex gobernador de Manabí, César Fernández, también acusado de narcotráfico. El presidente de la Primera Sala Penal, Hernán Ulloa, redujo su pena de 16 a 12 años, defendió su actuación e indicó que el fallo se apegó a la ley.

Pese a los cuestionamientos, el presidente del CNJ, José Vicente Troya, señala que el trabajo de la entidad es positivo . “Esta Corte ha tenido agallas para afrontar casos importantes. No tenemos compromisos políticos de ninguna especie ni presiones”, dijo.

Abogados como Henry Bermeo critican la lentitud en los trámites. El miércoles pasado, este judicial llegó temprano desde Cuenca y en la Secretaría de la Primera Sala Laboral la respuesta fue la misma: aún no se resuelve el caso.

Con Emma U. ocurre igual. Su padre, de 69 años, está detenido en Archidona y ella hace los trámites en Quito. “Lo que me ayuda es que vivo aquí. Imagínese si estuviera en Sucumbíos, no pudiéramos hacer nada”.

Eso sucede con Regina C., quien cuenta que permanentemente viaja de Guayaquil a Quito, para saber cómo avanza el juicio de su hermano, Julio C.Él instauró una acción legal para recuperar los bienes que el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep) se incautó por un caso de narcotráfico. “Vengo en bus, los pasajes son caros y casi no podemos costear eso”.

El abogado Bermeo espera que exista un pronunciamiento definitivo en su caso. Desde el 2007, impulsa el juicio 889-2007 que Cristian C. instauró en contra de una empresa de telecomunicaciones por despido intempestivo. “El monto es de USD 2 000 (') Solo me dicen que espere”.

En la Sala están parados 1 358 casos. Su presidente, Rubén Darío Bravo, que también es presidente subrogante de la CNJ, lo reconoce. “El represamiento es porque hay un excesivo número de causas (') Hay juicios de hasta USD 40 que deberían resolverse en primera o segunda instancias, pero vienen acá”.

Este 2 de septiembre, Ángel U. cumplirá 15 meses detenido. Su hija muestra un informe de la Cruz Roja, que tras un análisis de ADN señaló que en el interior del niño no se halló “presencia de material genético de la muestra de sangre”. Emma U. dice que esta es la principal prueba para demostrar la inocencia de su padre.

El escenario

Un informe del Consejo de la Judicatura, organismo administrativo de la Función Judicial, revela que en el período de transición únicamente siete funcionarios de la CNJ, entre ayudantes y choferes, dejaron sus puestos. Pero ingresaron 27 personas con nombramientos y contratos. Allí están asistentes, secretarias, ayudantes y auxiliares.

La Asamblea de Montecristi redujo el número de magistrados de 31 a 21 y las salas de 10 a 7.

Por más de una ocasión el fiscal General del Estado, Washington Pesántez, criticó a la Corte Nacional, especialmente en los fallos relacionados con casos de narcotráfico: el de Víctor Hugo Reyes Torres y César Fernández, ex gobernador de Manabí.

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