9 de July de 2010 00:00

769 crímenes fuera de la Ley, impunes

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Redacción Judicial

El sepulturero de Shushufindi   lo certificó.  Los cadáveres de   los dos jóvenes que llegaron al cementerio tenían señales de haber sido torturados. “Estaban desfigurados y con moretones en el cuello y en las manos”, dijo.  

A los fallecidos se los  vio por última vez   en una discoteca del centro de la ciudad, el 28 de octubre del 2005. Un testigo aseguró que, a las 23:00, un grupo de policías llegó al local y los arrestó. “Dijeron que eran contrabandistas y que  andaban armados”.Se los llevaron en un vehículo particular y al siguiente día aparecieron muertos. Ni la Comisaría Municipal ni la Fiscalía siguieron el caso para esclarecerlo.  Según la Comisión de la Verdad, entre el 2000 y el 2009 hubo otras 950 ejecuciones  extrajudiciales.

La mayoría quedó en la impunidad, entre otras causas porque no fueron investigadas de oficio. En los nueve años, el Ministerio Público  apenas abrió 21 instrucciones fiscales y 162 indagaciones previas.    769 ejecuciones fuera de la Ley no  se investigaron.

Ayer, el relator especial de Naciones Unidas, Phillip Alston, visitó Sucumbíos. Lo hizo dentro de una investigación que realiza desde el lunes, por las ejecuciones extrajudiciales registradas en el país.

Mauricio  Naranjo, coordinador  del programa de víctimas y testigos de la provincia,  dijo que el relator mantuvo una reunión con las principales autoridades. “Se habló, principalmente, sobre el caso  de la colombiana Luz Mary Rodríguez, que falleció en los calabozos de la Policía Judicial”, el  4 de febrero del 2009.

Alston, según AFP, anticipó que realizará recomendaciones a los gobiernos de Colombia y de Ecuador  para mejorar la situación en la frontera: “Sé que en esta región hay muchos problemas y me han llegado muchas alegaciones”.

Según la Comisión de la Verdad, los crímenes que se citan en su informe  estuvieron  vinculados a escuadrones de “limpieza social”, dedicados a asesinar a delincuentes y a civiles.

Estos grupos armados actuaban con el visto bueno de  las principales autoridades policiales, militares, civiles y religiosas de la ciudad. Sus  integrantes se organizaron alrededor del  Comité de Seguridad de Shushufindi.

Como una forma de advertencia, en las paredes y postes de la ciudad se pegaron panfletos donde se anuncia una  persecución a muerte a guerrilleros, drogadictos, trabajadoras sexuales, entre otros. Esta práctica, en la actualidad,  no se ha erradicado. Este año aparecieron similares panfletos en La Concordia, Quinindé, Babahoyo, Manta y Esmeraldas.  

Según un poblador citado  por la Comisión,  entre el 2000 y el 2009,  la ciudad se quedó sin delincuentes. “Ladrón que era agarrado, lo  mataban”, dijo. Entonces, los escuadrones de limpieza y otros asesinos que operaban en la  provincia empezaron a ofertar sus “servicios” a la población civil.

Se estructuró una compleja red de sicariato. Una de las personas que llevaba las riendas del negocio era la colombiana Dora: “Esta señora manejaba a los sicarios. Ella  lo que hacía era llamar; venga, hay que hacer un trabajito y ellos venían”, señaló un poblador.

 “Mi hermano trabajaba en una discoteca y ella (Dora) iba allá, a beber,  armada con una mini UZI (subfusil). Era intocable, una noche  fui a la discoteca y mi hermano me la presentó. Era corpulenta, medio gruesita, alhajita.  Al otro día mi hermano dijo que quería pasarla conmigo. 

Bueno,  le dije.  Pero mi hermano me dijo luego: verás, esta man es la dura de los sicarios. “¡Ah, no!, le digo ahí no más,  y el man ahí me contó todito, que era la dura”.

Dora cobraba según la víctima. Entre  USD  1 000 y  2 000 si era  persona  importante, y entre  100 y  200 si era una persona común.

En el año 2002, refiere la Comisión, se mencionó la existencia del Rayo para eliminar el sicariato. Se organizaron operativos sorpresa contra  focos de violencia. En el plan colaboraba la Junta de Seguridad Ciudadana.

La motivación de la Junta era “frenar al sicariato,  que se cobró  la vida de 66 personas, entre ellas seis policías y un militar”, señaló un informante. Un ex guerrillero de las FARC, Álex C., cuyo testimonio consta en el libro ‘El juego del camaleón’, dijo  que:  “…algunos de nuestros contactos en la Policía participaban en las limpiezas de delincuentes y paramilitares”.

Una presunta víctima de sicariato fue Wilson Oriol Fajardo, cuyo cadáver fue encontrado a unas cuadras de su casa por un vecino; su  rostro era irreconocible.

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